El Gobierno nacional oficializó un incremento del 280% en el presupuesto que tendrá disponible el Poder Judicial en 2026, cuyo monto total asciende a 2.135.208.999.995 pesos. La cifra va en línea con lo que había estimado el Plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación en agosto del año pasado.
Fruto del intercambio entre el Ejecutivo nacional y las máximas autoridades judiciales, se determinó un incremento significativo respecto del año pasado, con el fin de atender necesidades críticas de infraestructura y tecnología. No obstante, las partidas presupuestarias siguen siendo destinadas en su mayoría al pago de sueldos.
El Consejo de la Magistratura de la Nación comunicó que estos fondos se orientaron bajo criterios de austeridad y distribución federal, con el propósito de cubrir los requerimientos de los tribunales nacionales y federales desplegados en todo el territorio argentino.
El último 27 de agosto, el Plenario del organismo había aprobado con 15 votos a favor un presupuesto proyectado por la suma de $2.007.943.778.229.
Según se desprende de la Decisión Administrativa 1/2026, a cargo del jefe de Gabinete Manuel Adorni, la mayor porción de la masa presupuestaria, equivalente a 1.99 billones de pesos, se reservó para el pago de salarios y remuneraciones del personal.
Dentro de la desagregación por programas, la Justicia Federal ocupó un lugar preponderante al recibir 965.349 millones de pesos. De allí sale el financiamiento de las Cámaras Federales de Apelaciones ubicadas en la Capital Federal y en las provincias.
También incluyó al Fuero Electoral, responsable de los comicios y partidos políticos, y a los fueros especializados en lo Penal Económico y de la Seguridad Social.
Por otra parte, la Justicia Ordinaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires obtuvo una partida de 633.120 millones de pesos. Esto abarca el funcionamiento de los tribunales que atienden “delitos comunes” en territorio porteño, tales como los fueros Civil, Comercial, del Trabajo y Criminal y Correccional.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación cuenta con recursos diferenciados para sus dos facetas principales. Para el ejercicio de su función como tribunal de máxima instancia se destinaron 77.481 millones de pesos, mientras que para su Administración General como cabeza del Poder Judicial se previeron 51.645 millones de pesos.
En consonancia con el aumento de partidas para bienes de capital mencionado anteriormente, se planificaron diversas obras de infraestructura en el Palacio de Justicia. Entre los trabajos contemplados figuraron la restauración de fachadas, la modernización de ascensores, la refacción de patios interiores y la actualización de las instalaciones eléctricas.
Las Actividades Centrales, que englobaron la gestión administrativa y financiera del Consejo de la Magistratura, recibieron 185.431 millones de pesos. Este dinero financió áreas de soporte transversales como la Dirección General de Administración y el Jurado de Enjuiciamiento. Asimismo, se contemplaron inversiones en tecnología y sistemas informáticos para modernizar la gestión judicial, un aspecto señalado como prioritario en las negociaciones presupuestarias para mejorar la eficiencia del servicio.
En el ámbito de las áreas de apoyo técnico, la Dirección General Pericial dispuso de casi 54.000 millones de pesos. Este presupuesto incluyó fondos para la operación del Cuerpo Médico Forense y proyectos específicos como la readecuación y refuncionalización integral de la Morgue Judicial.
De manera complementaria, la Dirección de Captación de Comunicaciones, organismo encargado de realizar las interceptaciones legales requeridas por magistrados y fiscales, contó con una asignación de 27.000 millones de pesos para mantener su capacidad operativa.
El documento presupuestario también detalló los fondos para la Dirección General de Mandamientos y Notificaciones, que recibió 31.000 millones de pesos para diligenciar las comunicaciones y órdenes judiciales. El Archivo General del Poder Judicial, responsable de la custodia de expedientes y documentación histórica, obtuvo 9.222 millones de pesos. Estas dependencias resultan esenciales para la tramitación diaria de las causas y el resguardo de la seguridad jurídica.
Finalmente, se asignaron partidas para la cobertura de salud y la previsión social de los agentes judiciales. La Obra Social del Poder Judicial de la Nación recibió 16.522 millones de pesos, en tanto que el Departamento de Previsión contó con 5.841 millones de pesos para la atención de pasividades.
Según comunicaron desde el Consejo de la Magistratura, las cifras presupuestarias evidencian un “resultado positivo de gestiones tendientes a la asignación de mayores recursos económicos para atender las necesidades de funcionamiento de los tribunales federales y nacionales de todo el país”.
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