La tesorera de Sur Finanzas, Micaela Sánchez, detenida junto con dos choferes de la financiera de Ariel Vallejo, el empresario vinculado al titular de la AFA, Chiqui Tapia, negó haber cometido delitos y dio su versión de lo ocurrido el jueves último, cuando quedó presa, acusada de intentar destruir u ocultar prueba.
Sánchez pidió ampliar su indagatoria ante el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona. El planteo de su nueva defensa había generado expectativas porque el último fin de semana se le ofreció ser imputada colaboradora en el caso, como informó Infobae.
Esa posibilidad estaba sin respuesta pero ayer en el juzgado la acusada por encubrimiento agravado sólo presentó el escrito sin responder preguntas y proclamó inocencia, ante lo cual se alejaría la posibilidad de arrepentimiento.
En esa defensa negó haber cometido delitos y afirmó que fue con otros dos empleados a buscar los equipos informáticos para ponerlos a punto porque los necesitaban para una sucursal, sin precisar quién le había dado la orden.
Los tres detenidos pidieron otra vez la excarcelación o, en todo caso, el arresto domiciliario. La tesorera, quien se autodefinió como empleada administrativa, explicó que es el único sostén de una hija menor de edad. Contó que comenzó como cajera y luego se dedicó a otras funciones vinculadas a la logística.
En ese contexto, relató que cuando empezaron los problemas judiciales tuvo miedo de perder el trabajo y por eso se concentró en que “la empresa continúe funcionando”.
Sobre el día en que quedó detenida, reconstruyó el trayecto desde que llevaron las computadoras a un técnico hasta que volvieron al galpón a dejar una que no podía usarse. Fue entonces, dijo, cuando vieron a una camioneta, pensaron que podían robarles y se fueron. Se trataba del móvil policial que llegó para el allanamiento. Poco después quedaron detenidos.
En el escrito recordó que entregó su celular y clave de acceso y negó que hayan buscado ocultar en la camioneta cinco teléfonos secuestrados. Reiteró que no quiso “nunca” ocultar o destruir pruebas, base de la acusación de la fiscalía. Sobre lo encontrado en un allanamiento en su casa particular, explicó que los elementos estaban allí porque trabajaba desde ese lugar para poder cuidar a su hija.
Los otros dos detenidos también presentaron escritos y dieron explicaciones que coincidieron con las de la tesorera.
La acusación
S los detenidos se los acusa como presuntos coautores de “encubrimiento agravado por destruir, ocultar e inutilizar prueba”, y también por ser especialmente grave el delito precedente, el lavado de activos.
El sábado por la noche el juez federal subrogante de Lomas de Zamora, Armella, negó la excarcelación tras recibir un dictamen de la fiscal Incardona, quien se opuso a conceder ese beneficio.
La fiscalía le ofreció ese mismo día a la tesorera declarar como imputada colaboradora. “Sigo órdenes” se limitó a decir en ese momento la mujer, durante su primera indagatoria, sin responder ningún tipo de pregunta.
En el allanamiento al galpón se encontraron cajas con documentación de la financiera de Vallejo, entre otras evidencias que se sospecha se buscó ocultar en el marco de las investigaciones de las que es objeto.
En la causa, un técnico informático declaró como testigo que en efecto lo contrataron para resetear computadoras de Sur Finanzas. Por otra parte, en el galpón de Turdera hallaron CPU, cajas fuertes y de seguridad, entre otros elementos.
Ariel Vallejo es investigado por supuesto lavado de dinero y en ese marco se ordenaron ya más de 35 allanamientos, entre ellos a sedes de la AFA, clubes de fútbol y domicilios particulares.
Entre los clubes allanados están San Lorenzo, Racing, Independiente y Excursionistas. También el predio de la AFA en Ezeiza y la sede de la Superliga Argentina de Fútbol.
La fiscalía busca establecer si existe una conexión entre Sur Finanzas y la AFA, que actuaría en muchos casos como intermediaria con los clubes en las gestiones con la financiera, explicaron fuentes del caso.
Armella es juez federal de Quilmes y subroga el Juzgado Federal 2 de Lomas de Zamora, que investiga una supuesta maniobra de lavado de activos vinculada a la incorporación al patrimonio del Club Atlético Banfield de los fondos de un préstamo por 2.000.000 de euros otorgado por la firma Auriga League S.A., operación que no fue devuelta.
En esta causa, Vallejo se presentó en el juzgado de manera voluntaria para entregar su teléfono celular, con el objetivo de que sea peritado.
La fiscalía sostuvo que esa estructura, sumada a la actuación de las personas jurídicas Fideicomiso de Reconstrucción Banfileña, Banfileños S.A. y el propio club, presenta un vínculo directo con la supuesta colocación de fondos ilícitos mediante los servicios de Sur Finanzas PSP S.A..
En su planteo, Incardona señaló que “existe un nexo entre la presunta actividad ilícita desarrollada por las autoridades del Club Banfield”; las personas jurídicas vinculadas; y la “utilización de los servicios de Sur Finanzas PSP S.A. para colocar las ganancias ilícitas obtenidas, valiéndose tanto de la figura del fideicomiso como del proveedor de servicios de pago”.
Se trata de una investigación previa a la que luego se abrió por denuncia de ARCA, que también tiene como centro a Sur Finanzas y que por el momento está en otro juzgado, el federal de Lomas de Zamora a cargo de Federico Villena.
La fiscal planteó que esta última causa debe ser remitida por “conexidad” a la que ya tenía abierta el juzgado a cargo de Armella, un conflicto que resolverá la Cámara Federal de La Plata.
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