El juicio oral por los cuadernos de las coimas con Cristina Fernández de Kirchner y Julio de Vido como principales imputados continuará este martes en su sexta audiencia virtual dedicada a lectura de las acusaciones.
En la audiencia de hoy, tras sortear las 227 mil palabras de la acusación central escrita en 2019 por el fiscal Carlos Stornelli, los secretarios letrados del Tribunal Oral Federal N°7 darán lectura al pedido de elevación a juicio de uno de los expedientes paralelos del caso iniciado por las anotaciones del chofer Oscar Centeno, conocido en Comodoro Py como “la Camarita”, el vínculo centrado en la Cámara Argentina de Empresas Viales, que apunta al grupo de empresarios organizado bajo Carlos Wagner, José López y Ernesto Clarens. Es la acusación más fuerte contra los empresarios del caso: este expediente paralelo investiga la recaudación legal a cambio de direccionar contrataciones en el sector de obra pública civil. La acusación realizada por Stornelli, que será llevada adelante por la fiscal Fabiana León, está contenida en 420 páginas.
52 empresarios deberán responder por pago de coimas. Uno de ellos, Juan Chediack, falleció en un accidente de avión en San Luis en 2023.
En esta parte, la ex presidenta también deberá responder por 175 hechos de cohecho pasivo, según la acusación en este caso. Se acusa también al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López, al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al ex gerente de Obras y Servicios Viales y Subadministrador General de la DNV, Sandro Férgola,y al ex gerente de Administración de la DNV y ex empleado de la financiera Inverness S.A. entre junio de 2003 y junio de 2005, Sergio Passacantando.

Las declaraciones como imputados colaboradores de José López, Carlos Wagner y Ernesto Clarens fueron consideradas clave para reconstruir el funcionamiento interno del sistema.
López declaró en su testimonio como arrepentido que los pagos se establecían “según los anticipos financieros” y que el retorno habitual era del 5% de esos anticipos o un 3% aplicado sobre certificados de obra. Wagner señaló que la obra pública fue “uno de los métodos de recaudación” y describió reuniones privadas entre las empresas para definir ganadores. Clarens, otro arrepentido, explicó que recibía listados mensuales con obras, presupuestos oficiales, empresas adjudicatarias y porcentajes de sobreprecios. También, aportó documentación que el fiscal Stornelli consideró fundamental para impulsar la elevación a juicio.
En su confesión, Ernesto Clarens afirmó:
“A mediados del año 2005, estando acá, me convoca Carlos Guillermo Enrique WAGNER, para entonces Presidente de la Cámara de la Construcción, a una reunión en la Cámara Argentina de Empresas Viales, conocida como ‘la Camarita’... y me informó que el Gobierno nacional había decidido obtener fondos de la obra pública a través de una operatoria que demandaba mi intervención en la recepción de los mismos de parte de algunas constructoras en concepto de pago de aportes o retorno y que debía ocuparme de que le lleguen al Secretario de Obra Pública, José LÓPEZ, o quien éste me indique”.

A comienzos de la audiencia, poco después de las 14, el abogado Gabriel Palmeiro, histórico defensor de Julio De Vido, sorprendió con un anunció. Aseguró que junto, a Maximiliano Rusconi, también defensor del ex ministro, recusó al los jueces del tribunal. Habló de un tribunal imparcial como “un pilar fundamental” y pidió que se dé trámite en forma previa a la audiencia, sin ahondar en los motivos de la recusación.
Enrique Méndez Signori, presidente del Tribunal, visiblemente sorprendido, al desconocer los contenidos de la acusación, tal como la fiscal Fabiana León, frenó la audiencia y pidió un cuarto intermedio “de diez minutos” para resolver la cuestión.
La tranmisión de la audiencia en el canal de YouTube del Poder Judicial quedó vacía por unos minutos. Sin embargo, Juan Manuel Abal Medina, acusado de ser parte de las entregas de 18 coimas de empresarios como Aldo Calcaterra, Benito Roggio y Armando Loson, permaneció en cámara en su escritorio durante varios minutos.
A las 17:09, la pantalla de la transmisión continuaba en negro: los jueces Méndez Signori, Fernando Canedo y Germán Castelli continuaban su deliberación en el cuarto intermedio. El hermetismo en cuanto al contenido de la recusación parece ser total.

La audiencia se reinició a las 17:52. Al regresar, el juez Méndez Signori, presidente del Tribunal, anunció que los tres magistrados rechazaban in limine el planteo de los abogados del ex ministro.
Aseguró que la defensa de De Vido pidió el apartamiento de los jueces por “razones de decoro” y que existe un temor sobre la imparcialidad del Tribunal, en base a los fundamentos de la causa Gas Licuado, donde Méndez Signori, Cantero y Castelli condenaron a más de cuatro años de prisión a De Vido por sobreprecios en el gas, un expediente que también involucró a Roberto Baratta.
En sus fundamentos, Méndez Signori recordó que el mecanismo de la recusación debe ser administrado de “manera prudente” y que el pedido de recusación de 51 páginas no contempla los supuestos exigidos en la ley.
“La mera sospecha de parcialidad no amerita”, siguió el presidente del Tribunal. Luego, dispuso que se continúe con la lectura del requerimiento de la fiscalía hasta las 18:30.
Rusconi, defensor de De Vido, aseguró que existe una “palmaria violación” de garantías rituales y aseveró que pedirá que el Colegio de Abogados designe un veedor para el juicio. También, que apelará la decisión en la Cámara Federal.





