El Jurado de Enjuiciamiento cerró el debate y pasó a etapa de deliberación en el juicio político contra Martín Luciano Poderti, el juez del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata acusado de robar 144 monedas de oro mientras era secretario del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro. El magistrado está suspendido de su cargo y el 18 de diciembre se sabrá si es destituido por el Consejo de la Magistratura.
La acusación contra Poderti no solo es por la sustracción de una fortuna cercana a los 190.000 dólares, sino también por el incumplimiento del deber de custodia. Es que las monedas pertenecían a un imputado y estaban secuestradas en el marco de una causa por narcotráfico que tramitaba el juez de San Isidro Lino Mirabelli, por entonces jefe y amigo del acusado.
El Tribunal que decidirá sobre el futuro del camarista del TOF marplatense lo encabezan los jueces José María Escobar Cello -presidente- y Víctor Arturo Pesino. Y lo completan los senadores Rodolfo Suarez y Jesús Fernando Rejal, los diputados Manuel Quintar y Agustina Lucrecia Propato y el abogado federal matriculado Antonio Manuel Estévez.
Para echar del Poder Judicial a Poderti hacen falta cinco votos.
Quienes pidieron la destitución fueron los consejeros acusadores Luis Juez y Eduardo Vischi -senadores- y Diego Barroetaveña -juez de la Cámara Federal de Casación Penal-.
Las pruebas contra el juez
Dentro de la caja de seguridad N° 8-44 de la sucursal de San Isidro del Banco Nación había 285 monedas, lingotes de oro, un reloj, joyas y otros bienes. El dueño de todo era Rodolfo Tamborini, que había ido a juicio en una causa narco y resultó absuelto. Cuando fue al Juzgado a que le devolvieran sus cosas le avisaron del faltante.
Se probó que, entre diciembre de 2019 y febrero de 2023, Poderti ingresó 19 veces a la caja de seguridad. Los registros automáticos del banco documentaron la fecha, hora e identificación del autorizado en cada acceso.
La parte acusadora enfatizó que esos movimientos fueron “clandestinos, ocultos y silenciados”. Ninguno de los ingresos fue ordenado por el juez Mirabelli, ni se dejó registro alguno en la documentación del expediente. De hecho, cuatro de esos ingresos ocurrieron mientras el entonces secretario estaba formalmente de licencia, y otras veces durante la feria judicial o fuera del horario habitual de la justicia.
La explicación que encontró Poderti para esto era la informalidad con la que se hacían estas diligencias en el Juzgado y la confianza que tenía con el juez, que fue un testigo clave del juicio político.
Según Mirabelli, nunca fue informado sobre ninguno de esos ingresos, a pesar de la relación cotidiana que mantenía con su secretario. Cuando el faltante se verificó, el titular del Juzgado Federal N° 2 de San Isidro afirmó haber sentido una “decepción profunda” por lo que hizo Poderti: “Se me cayó el alma al piso”, dijo ante el Jurado.
Todo se descubrió una vez que Poderti había dejado su cargo en San Isidro para pasar primero a la Justicia de San Martín y luego a Mar del Plata. Quien lo reemplazó como secretario de Mirabelli, Matías Pietronave, detectó el faltante y lo denunció.
La prueba pericial y bancaria también resultó contundente: el cerrajero experto confirmó que la cerradura estaba intacta y el mecanismo funcionaba correctamente, descartando forzamientos. El BNA, además, certificó que la única forma de abrir la caja era con las dos llaves (la del banco y la del cliente autorizado) y que todos los accesos quedaban registrados, atribuyéndose los 19 ingresos a Poderti.
La defensa de Poderti
El magistrado del TOF de Mar del Plata estuvo representado por Gastón Marano, quien cuestionó el jury en varios aspectos. En primer lugar, planteó que el juzgamiento administrativo debió esperar una sentencia penal firme, algo que todavía no ocurrió.
Por el robo, Poderti está procesado por peculado por el juez Emiliano Canicoba, titular del Juzgado Federal N° 1 de San Martín. También trabó un embargo sobre sus bienes de $190.000.000. Las monedas robadas nunca fueron halladas.
La defensa intentó desvirtuar la idea de que Poderti fue el único que tuvo acceso a la caja fuerte. Marano indicó que las llaves permanecieron en uno de los armarios del Juzgado, accesibles a cualquier persona de la secretaría, durante más de un año después de que Poderti las entregó.
Por esta razón, la defensa sostuvo que la concepción de que Poderti era el único poseedor físico de las llaves era “absolutamente mentira”.
Marano también apuntó que los controles en esa sucursal eran laxos y cuestionó por qué, si la intención era robar, Poderti no sustrajo también el resto de la fortuna que quedó en la caja de seguridad.
El magistrado acusado aprovechó sus últimas palabras para reafirmar su inocencia: “No hay un solo testigo que haya declarado en mi contra algún comportamiento de esta naturaleza. Hace cuatro meses que mi vida entró en pausa, los principales perjudicados de todo esto han sido mis hijos, que tuvieron que soportar allanamientos que eran absolutamente innecesarios”, expresó ante el Jurado.
Por otro lado, Poderti reiteró su teoría de que detrás del robo de las monedas podría estar una banda narco que se estaría vengando de él. Para avanzar sobre esto había pedido que declare como testigo Elio Hernán Cajal, un detenido que envió dos cartas por correo electrónico al Tribunal Oral Federal de Mar del Plata.
“Quiero justicia de su parte. Usted sabe muy bien lo que es que le armen una causa a su Señoría. Se lo armaron los narcotraficantes, a mí me lo armó la policía corrupta de Mar del Plata”, dice un fragmento del mensaje que le envió Cajal al juez.
Poderti, junto a sus pares Roberto Minguillon y Roberto Falcone, estuvo a cargo de la ejecución de las penas de los 15 condenados en la causa “Marea Verde”, uno de los casos narcos más importantes en la ciudad balnearia.
El juez sometido a juicio político dijo que la conexión se completa con una presunta ramificación que tendría esta banda con el narco Gustavo Sancho, a quien Poderti había investigado durante sus días en San Isidro.
Con todo esto sobre la mesa, el Jurado de Enjuiciamiento tendrá tiempo de deliberar hasta el 18 de diciembre, cuando se conocerá si el magistrado es destituido o bien si regresa a impartir justicia en Mar del Plata.
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