El avance de la investigación sobre la presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha puesto en el centro de la escena a exfuncionarios y empresarios acusados de desviar más de 48.000 millones de pesos del erario público mediante un esquema de direccionamiento de compras y sobornos. El fiscal Franco Picardi impulsó una serie de indagatorias que comienzan este martes, con la citación de Miguel Ángel Calvete, un proveedor clave vinculado a múltiples droguerías y empresas de insumos médicos, quien deberá comparecer ante el juez Sebastián Casanello. Mañana será el turno del ex titular de esa entidad, Diego Spagnuolo.
La causa, que ya involucra a quince imputados, expone una estructura que, según la fiscalía, operó durante casi dos años para manipular la adquisición de medicamentos e insumos de alto costo, generando sobreprecios y restringiendo la competencia.
El dictamen de Picardi, conocido el viernes pasado, describe la existencia de una “organización delictiva, con direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos de alto costo y sobreprecios”, que habría funcionado desde el interior de la ANDIS. En este entramado, Calvete mantenía contacto directo con Diego Spagnuolo y Daniel Garbellini, a quienes consultaba sobre pagos irregulares que debían gestionarse desde la agencia. La Justicia sospecha que, aunque no ocupaba un cargo formal, ejercía influencia a través de operadores internos, lo que le habría permitido obtener adjudicaciones millonarias y coordinar pagos para otras firmas del sector farmacéutico.
Un detenido en Mendoza
El proceso judicial también ha derivado en la detención de Pablo Atchabahian, empresario y exfuncionario, quien cumple arresto domiciliario en un country de Las Heras, Mendoza, tras haber eludido a la justicia durante varias semanas. El juez Casanello fundamentó la medida al considerar que Atchabahian tenía conocimiento de la investigación y contaba con recursos para sustraerse de la acción judicial. “El juez Casanello fundamentó la medida al considerar que Atchabahian tenía conocimiento de la investigación y contaba con recursos para sustraerse de la acción judicial.” Los abogados defensores solicitaron sin éxito el levantamiento de la prisión domiciliaria, argumentando que su cliente nunca había sido citado formalmente.
El análisis de la fiscalía revela que la estructura ilegal perjudicó a la administración pública y, especialmente, a la población con discapacidad adherida al Programa Incluir Salud, destinado a personas con pensiones no contributivas y sin otra cobertura médica, como madres con siete hijos o mayores de setenta años en situación de pobreza. El objetivo de la organización habría sido la comisión de delitos contra la administración pública y la obtención de ganancias indebidas mediante maniobras fraudulentas y la entrega de dádivas a funcionarios, según detalló Picardi.
Transacciones bajo sospecha
Entre las pruebas recabadas figuran operaciones financieras —remisión de efectivo, transferencias bancarias y emisión de cheques— entre droguerías y empresas del sector. Estas transacciones tendrían como finalidad el blanqueo de fondos. La fiscalía también verificó la manipulación del mecanismo de compulsa de precios, restringiendo la competencia y conformando un circuito cerrado de proveedores predeterminados, principalmente las droguerías Profarma, Génesis, New Farma y Floresta, todas con vínculos directos o indirectos con funcionarios y operadores de la agencia.
Este esquema permitió consolidar un grupo reducido de oferentes, excluyendo a competidores habituales y garantizando la adjudicación reiterada de procesos a las mismas empresas, en licitaciones donde solo se invitaba a tres o cuatro droguerías seleccionadas. Posteriormente, las empresas beneficiadas incrementaron de manera sostenida los precios de los medicamentos adjudicados. Según Picardi, la maniobra involucró un total de 48.783.043.406,77 pesos.
El desglose de los contratos bajo sospecha muestra que Génesis y Profarma se repartieron el 93,11% de los 30.337.220.919,77 pesos adjudicados entre julio de 2024 y agosto de 2025 en licitaciones reducidas. Por su parte, New Farma y Floresta obtuvieron el 51,67% de los 13.328.004.541 pesos adjudicados en 2025 (hasta agosto), y el 50,36% de los 5.117.817.946 pesos asignados entre septiembre y diciembre de 2024 en el rubro de implantes cocleares, audífonos e insumos relacionados.
En el centro de este entramado, Calvete aparece vinculado a droguerías y firmas proveedoras como INDECOMM, Profusión y Profarma. Mantenía reuniones con Spagnuolo y Garbellini tanto en su domicilio como en bares de la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. La fiscalía lo describe como un articulador de la organización ilícita, capaz de operar en beneficio de sus empresas y de coordinar pagos indebidos a funcionarios de la ANDIS. Junto a Atchabahian, Calvete actuaba como operador externo, compartiendo información sobre pagos y erogaciones y tomando decisiones sobre prestaciones PACBI.
Durante los allanamientos en la vivienda de Calvete, la justicia incautó cuadernos manuscritos con datos precisos sobre fechas, empresas, contactos y porcentajes de dinero, así como un papel pegado en la cocina con los nombres de firmas vinculadas, entre ellas INDECOMM y Profarma. Los registros detallan la contabilidad de movimientos de dinero entre diversas empresas relacionadas con prestaciones PACBI, a pesar de que Calvete no tenía un cargo formal en la agencia. Uno de los cuadernos incluye planillas con los nombres de las firmas Expotrauma, Artrobone e IMNOVA, donde se consignan beneficiarios, datos personales y montos agrupados por costos, diferencias y dos tercios de esas diferencias, lo que evidencia la distribución de ganancias entre los involucrados.
La fiscalía también investiga el posible vínculo con la droguería Suizo-Argentina, cuyos responsables no fueron citados en esta primera tanda de 15 indagatorias.
Además de la citación de Calvete y Spagnuolo, el cronograma de indagatorias, previstas para los próximos días, incluye además a Daniel María Garbellini, Eduardo Nelio González, Lorena Di Giorno, Roger Grant, Luciana Ferrari, Federico Maximiliano Santich, Guadalupe Muñoz, Patricio Gustavo Rama, Ruth Noemí Lozano, Andrés Horacio Arnaudo, Silvana Vanina Escudero y Alejandro Gastón Fuentes Acosta.
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