El equipo de fiscales que investiga la corrupción judicial en los tribunales de Rosario pidió la detención e indagatoria de Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal N° 1 de esa ciudad santafesina. En paralelo, desde este mediodía allanan su despacho en busca de información relevante para la causa.
El magistrado está bajo investigación por su vínculo con el financista Fernando Whpei, “arrepentido” en la causa contra Marcelo Bailaque, otro juez rosarino que renunció tras verse acorralado por las acusaciones criminales en su contra.
La solicitud del Ministerio Público Fiscal entró este miércoles al Juzgado Federal N° 4 que subroga Carlos Vera Barros. Si el juez ordena la captura y cita a indagatoria a Salmain, de todas formas estará protegido por la inmunidad que le otorgan los fueros.
Tal como contó Infobae el mes pasado, el juez federal de Rosario firmó un fallo que le facilitó a una empresa del financista Whpei la compra de 10 millones de dólares al valor oficial mientras había cepo y brecha cambiaria, en diciembre de 2023. La incógnita detrás de esa polémica resolución es si el magistrado cobró o pretendía cobrar dinero a cambio, y en tal caso de cuánto fue el monto.
Detrás de esta línea de investigación, que es apenas un capítulo de todo el entramado de corrupción judicial que se investiga en Rosario, trabajan bajo secreto de sumario los fiscales Federico Reynares Solari y Juan Argibay, de Procuración de Lavado de Activos (PROCELAC), con colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) y el fiscal de Rosario Javier Arzubi Calvo.
El equipo del MPF ya había impulsado en octubre el allanamiento al despacho de Salmain en tribunales y el secuestro de su iPhone 17, que entregó a personal de Gendarmería Nacional apagado y sin el código de desbloqueo durante una requisa personal en la Ciudad de Buenos Aires.
Ese primer intento por allanar al juez se vio frustrado. Suspendieron el operativo a último momento por una filtración de la orden judicial, que se subió -presuntamente- por error al sistema informático del Poder Judicial.
Fuentes judiciales con acceso al expediente precisaron que el juez Salmain, al enterarse de que lo iban a allanar, envió desde su Juzgado un oficio a la Policía de Seguridad Aeroportuaria para que le informaran de que se trataba el procedimiento.
Las autoridades de la fuerza federal no habrían contestado y, en cambio, se abrió una nueva causa contra el magistrado por abuso de autoridad, ya que el expediente está bajo secreto de sumario. Los allanamientos de este miércoles son, justamente, para incautar documentos y los dispositivos desde los que se habría enviado dicho oficio.
La requisa del despacho del Juzgado Federal N° 4 fue ordenada por el juez de garantías Román Pablo Lanzón.
Attila y los 10 millones de dólares
En diciembre de 2023, cinco días antes del cambio de gobierno, el juez federal Gastón Salmain hizo lugar a una medida cautelar que autorizó a la empresa Attila Fideicomisos SRL a acceder al Mercado Único Libre de Cambios (MULC).
El permiso se otorgó con un techo de USD 10.000.000 y fue, según alegó en ese momento la fiduciaria adjudicada a Whpei, para pagar presuntas deudas con acreedores extranjeros, pasivos que los investigadores aún no lograron constatar.
En aquel entonces el dólar oficial se vendía a $379 y el blue a $955. La investigación busca esclarecer si se hizo o se intentó hacer un “rulo” para aprovechar la brecha cambiar, a partir del beneficio otorgado por el juez.
La resolución de Salmain se tomó sin pedir la opinión del Ministerio Público Fiscal y a pesar de la apelación que interpuso inmediatamente el Banco Central de la República Argentina, que intentó oponerse a la medida judicial.
En marzo de 2024, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario le dio la razón al BCRA y revocó la polémica medida cautelar.
Si hubo un negocio espurio, duró poco: la cautelar se firmó el 5 de diciembre y, tras la asunción de Javier Milei, hubo una devaluación que llevó la cotización del dólar a $800 el 13 de ese mismo mes. Así, la brecha se redujo drásticamente.
Es por eso que los investigadores no descartan que la jugada les haya salido mal. Si el juez arregló un porcentaje de la ganancia que obtendría Whpei por el “rulo”, explicaron las fuentes consultadas, el retorno a cambio de la medida cautelar se habría achicado mucho más de lo esperado.
La hipótesis de que hubo un quiebre entre Whpei y Salmain a partir del supuesto negocio frustrado se completa con el siguiente paso que dio el juez: remitió “a sus efectos” el caso al Ministerio Público Fiscal. Una suerte de sugerencia para que se revise si hubo algún delito.
La causa tramita en el Juzgado Federal N° 4 de Rosario, por entonces a cargo de Marcelo Bailaque.
El expediente no había tenido avances significativos hasta ahora, algo que no sorprende si se tiene en cuenta que el exjuez -renunció y está detenido con prisión domiciliaria- sería una pieza central del entramado de corrupción, y habría operado junto al financista Wphei en varios delitos de corrupción, entre ellos la extorsión a dos empresarios de Santa Fe, a quienes les habrían cobrado coimas para no armarles una causa.
El vínculo Salmain - Vaudagna
Otro actor central de la presunta red de corrupción es Carlos Vaudagna, ex titular de la AFIP en Rosario y allegado al juez Salmain, quien ya había adoptado la figura de imputado colaborador en marzo.
Un peritaje de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) a un celular incautado a Vaudagna confirmó su vínculo con el titular del Juzgado Federal N° 1.
Compartieron chats -al menos- entre el 20 de diciembre de 2018 y el 9 de mayo de 2019. Los mensajes dan cuenta de encuentros y favores entre Salmain y Vaudagna, algo que el juez nunca denunció, según consta en la causa.
Por esta razón la Cámara Federal de Rosario apartó a Salmain el último mes de febrero en dos causas donde investigaba, precisamente, al arrepentido ex jefe de la AFIP.
El juez rosarino tiene además una investigación abierta en el Consejo de la Magistratura; aunque por ahora tramita en la comisión de Disciplina, donde se analizan los casos menos graves que no merecen una destitución.
Ese procedimiento disciplinario busca esclarecer por qué al concursar para ser juez ocultó que había sido echado de la Justicia Federal porteña, dos décadas atrás, por intentar sobornar a una empleada y desviar un expediente.
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