La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el cierre definitivo de tres expedientes con denuncias de supuesta corrupción y manejo irregular de obras públicas en la provincia de Córdoba, durante las gestiones de los gobernadores José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti.
Lo hizo al desestimar varios recursos apelados, lo que dejó firme la decisión de rechazar el pedido de los querellantes, un grupo de legisladores provinciales y miembros de una asociación civil. De esta forma, quedó firme la decisión que dispuso el archivo de las causas, a instancias de los dictámenes de la Fiscalia.
Los denunciantes fueron los entonces legisladores provinciales Aurelio García Elorrio, Juan Quinteros y Liliana Montero, en representación de la asociación civil Acción Solidaria por una Mejor Argentina (ASOMA), quienes también reclamaron ante la Corte Suprema ser reconocidos como parte querellante en los procesos penales.
En las tres causas, el rechazo de los planteos -con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- se basó en el incumplimiento de la Acordada 4/2007, una norma que establece formalidades procesales.
Las denuncias
La primera de las denuncias se relacionó con supuestas maniobras irregulares en la adjudicación de la obra Gasoductos Troncales, con la que se extendió la red de gas natural al 98% de los cordobeses.
Los denunciantes efectuaron una presentación ante la Unidad de Información Financiera (UIF) por la venta de una fracción de acciones de la constructora Madero Urbana S.A., que pertenecían a la firma IECSA. Esta transferencia de titularidad se habría hecho en favor de la empresa Gestión Desarrollo Inmobiliarios S.A. (GDI S.A.).
Según la denuncia, dicha transacción formó parte de presuntos retornos en beneficio de compañías “manejadas por sectores del poder político”, los cuales supuestamente se originaron en la empresa que obtuvo la adjudicación de los gasoductos.
En la investigación, la UIF señaló en primer lugar que la operación parecía irregular. En la causa judicial se buscó determinar si el monto que la empresa GDI desembolsó a IECSA por los papeles accionarios de Madero Urbana fue considerablemente menor al valor real de mercado.
Esto cobró importancia dado que IECSA resultó la ganadora de la licitación de la obra de infraestructura provincial. La pesquisa, sin embargo, concluyó que no existió ningún delito. Los denunciantes apelaron en todas las instancias hasta llegar al máximo tribunal, pero no consiguieron revertir el fallo.
Otra acusación
Otro proceso que llegó a la instancia superior implicó una acusación directa contra un funcionario judicial. Los mismos legisladores provinciales denunciaron al entonces fiscal de Córdoba, Gustavo Hidalgo, quien actualmente ejerce como juez provincial de Control en lo Penal Económico y Anticorrupción.
La denuncia lo señaló por presunto encubrimiento en relación con diversas causas que involucraban maniobras de corrupción con obras públicas durante la administración del entonces gobernador De la Sota. Se sostuvo que el exfiscal Hidalgo habría protegido actos de corrupción atribuidos al Poder Ejecutivo local.
Los legisladores adujeron que el pedido de archivo que solicitó el fiscal en diversas investigaciones relevantes (como los casos “Kolektor”, “Camino del cuadrado” y “Gasoductos Troncales de Córdoba”) se dictó sin haber analizado el material probatorio que ellos proveyeron. Este caso también se clausuró, y la decisión de la de Corte que rechazó el pedido de los demandantes dejó firme el cierre de la causa.
El tercer expediente se relacionó con un presunto direccionamiento ilegal en otra licitación pública, esta vez durante el mandato del gobernador Schiaretti.
En el reclamo, los demandantes alegaron que se manipuló el proceso mediante la comisión de pre-adjudicación para favorecer a una Unión Transitoria de Empresas (UTE), integrada por Servicios y Consultoría S.A. y Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización S.A..
Esta asociación empresarial pretendía obtener la contratación para la optimización de la gestión de los recursos que estaban a cargo de la Administración Tributaria de la provincia de Córdoba. Al igual que en las otras presentaciones, la investigación por este asunto también se archivó argumentando la inexistencia de figuras delictivas.
La reciente determinación de la Corte Suprema confirmó el rechazo al pedido para ser tenidos como querellantes y ratificó el archivo de esta última causa.
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