El fiscal Marijuan pidió la nulidad de todo lo actuado en el caso OSPRERA-UATRE por irregularidades en el proceso

El fiscal federal Guillermo Marijuan envió al juzgado de Lomas de Zamora un pedido de nulidad de las actuaciones llevadas a cabo en la causa que involucra a la Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina (OSPRERA) y a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE).

En un extenso escrito, en el que argumentó que el proceso penal se encuentra viciado desde su origen, solicitó que se declare la nulidad de todo lo actuado en base a los artículos 166, 168 y concordantes del Código Procesal Penal de la Nación.

El expediente, que inicialmente tramitó en el juzgado federal de Lomas de Zamora, fue objeto de un debate jurisdiccional. Tanto la Cámara Federal de La Plata como la de Casación Penal resolvieron que la causa debía pasar a la justicia federal de la Ciudad de Buenos Aires, dado que allí se encuentran las sedes de OSPRERA y UATRE.

Marijuan, quien ya tenía en trámite otra investigación vinculada a la intervención de OSPRERA y la pretendida intervención del gremio UATRE, recibió la acumulación de la causa proveniente de Lomas de Zamora y, tras analizar el expediente, decidió plantear la nulidad de lo actuado ante el juez de ese distrito.

En su presentación, el fiscal sostuvo que existen vicios procesales que comprometen garantías constitucionales fundamentales, como el debido proceso legal, el principio de legalidad y la garantía del juez natural. Marijuan afirmó que estos defectos impiden avanzar con el proceso penal, ya que desde su inicio se habría manipulado la elección del tribunal interviniente, lo que derivó en la adopción de medidas judiciales en perjuicio de los denunciados y en abierta violación de las normas constitucionales.

Uno de los ejes centrales del planteo es la denuncia de “forum shopping”, es decir, la selección deliberada del tribunal por parte del denunciante. Según el escrito, la denuncia presentada por Marcelo Andrada ante el Juzgado Federal N° 1 de Lomas de Zamora constituye un ejemplo de esta práctica, ya que habría radicado la denuncia de forma presencial en una fecha en la que el juzgado a cargo Federico Villena se encontraba de turno.

El fiscal cita doctrina y bibliografía para definir el “forum shopping” como la posibilidad de escoger a dedo el tribunal que entenderá en determinado conflicto, lo que viola las reglas de competencia y asignación de causas.

El contenido de la denuncia inicial hacía referencia a la construcción de una vivienda por parte de José Antonio Voytenco en un barrio cerrado de Cañuelas, lo que, según los términos de la denuncia, evidenciaría un incremento patrimonial injustificado. Andrada atribuyó estos hechos a supuestos “negocios” ilícitos de las autoridades de OSPRERA con proveedores, recibiendo “retornos” de dinero, y calificó los sucesos como constitutivos del delito de defraudación por administración fraudulenta.

La Fiscalía Federal N° 1 de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal general Sergio Mola, había solicitado la incompetencia territorial, pero el juez Villena rechazó ese planteo y continuó con el proceso, aceptando como querellantes tanto al denunciante Andrada como a la Superintendencia de Servicios de Salud.

Entre las medidas cautelares dictadas, se destaca la suspensión preventiva de todo el directorio de OSPRERA, la autorización a la Superintendencia para adoptar medidas de control y la inhibición general de bienes e inmovilización de cuentas bancarias de Voytenco.

El fiscal Marijuan subrayó que este proceder, sin la producción de medidas de prueba y desatendiendo los cuestionamientos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de Voytenco, refuerza las sospechas sobre la utilización del “forum shopping” para forzar la competencia del juzgado de Lomas de Zamora.

Otro aspecto relevante que planteó Marijuan fue la falta de jurisdicción del juez federal de Lomas de Zamora para intervenir en el caso. El fiscal sostiene que el magistrado, con pleno conocimiento de que los hechos denunciados habrían ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mantuvo la competencia de su tribunal y rechazó la incompetencia territorial postulada por la fiscalía.

El fiscal federal argumentó que todas las maniobras presuntamente ilícitas se habrían cometido en la Ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra la sede de OSPRERA y donde se habrían realizado las contrataciones investigadas. A pesar de ello, el juez Villena dictó medidas cautelares y mantuvo el expediente bajo su jurisdicción, lo que, según el fiscal, constituye una violación de las garantías de debido proceso legal y juez natural.

La presentación del fiscal concluye con el pedido formal de devolución del trámite de la pesquisa, dejando constancia de que, a su entender, no existe otra reparación posible que la anulación total de las actuaciones realizadas en el expediente.