Luciani dijo que la corrupción es un atentado contra la democracia y reclamó por el remate de los bienes en la causa Vialidad

La condena contra la corrupción y el reclamo por la ejecución de los bienes decomisados en la causa Vialidad se convirtió en el eje central de la disertación que el fiscal Diego Luciani ofreció este miércoles, en una charla exclusiva para los socios del Rotary Club. En su primera aparición pública tras la condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el fiscal exigió al tribunal oral que intervino en el expediente que avance con el remate de los activos embargados, subrayando la necesidad de que la Justicia envíe un mensaje contundente a la sociedad y al sistema político.

Durante el encuentro, al que asistieron figuras como el procurador interino Eduardo Casal, el fiscal Diego Iglesias, Martín Cazares —secretario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal— y el presidente del Rotary Club, Esteban Carcavalo, Luciani sostuvo: “La corrupción es un atentado contra la democracia”, y remarcó que este flagelo priva de recursos esenciales a los sectores más vulnerables, afectando áreas como la salud, la educación y la infraestructura.

En su exposición, el fiscal describió el saqueo sistemático de bienes del Estado como un delito “absolutamente execrable” y defendió la necesidad de mantener una posición de tolerancia cero frente a la corrupción. Luciani enfatizó que la Justicia debe actuar con firmeza y celeridad, y que las sentencias ejemplares solo se consolidan cuando se logra la recuperación de los bienes sustraídos.

En este sentido, reclamó: “No hay sentencias ejemplares si no se recupera lo que se robaron. Esto es importante que también la sociedad lo vea”.

En la sesión de preguntas, la periodista Clara Mariño consultó sobre el estado actual de la ejecución de los bienes en la causa Vialidad. Luciani respondió: “Nosotros hemos hecho diferentes presentaciones. Entendemos que la condena está firme. El decomiso está firme. Lo único que hay que hacer es ejecutar. Tenemos un decomiso de una suma de dinero de más de 500 millones de dólares". Y agregó: “No pagaron. Lo que hay que hacer es decomisar”.

“Esa es la pelea que estamos dando con distintas presentaciones que hemos hecho y esperemos que el tribunal haga lugar a lo que estamos pidiendo, que es simplemente cumplir con una sentencia firme”.

A lo largo de su intervención, Luciani elogió en reiteradas ocasiones la gestión de Eduardo Casal al frente de la Procuración General, calificándolo como un ejemplo de integridad y rectitud. El fiscal destacó que, gracias al respaldo institucional del Procurador y su equipo, fue posible avanzar en la investigación y sostener la independencia del Ministerio Público Fiscal frente a las presiones políticas.

Luciani también repasó las dificultades enfrentadas durante la investigación y el juicio, señalando que tanto él como su equipo padecieron presiones y operaciones mediáticas, especialmente durante el gobierno de Alberto Fernández. Recordó el episodio en el que el entonces presidente expresó en televisión: “Nisman se suicidó. Yo espero que Luciani no se suicide”, y aclaró que la hipótesis investigativa sostiene que a Nisman lo mataron.

En su análisis, Luciani denunció los intentos del gobierno anterior de “colonizar la Justicia” mediante reformas orientadas a designar jueces a dedo, modificar la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y aumentar la representación política en el Tribunal de Enjuiciamiento. El fiscal advirtió sobre el riesgo que estas iniciativas representaban para la autonomía judicial y la independencia de los fiscales, y subrayó que el límite a estos avances lo impusieron tanto la Justicia como el Congreso.

Al referirse a la causa Vialidad, Luciani detalló la magnitud de la investigación: “Nuestro equipo de trabajo tuvo que analizar 100 cuerpos de la causa principal, 51 procesos licitatorios. El juicio nos demandó más de 3 años de debate, 130 audiencias, 600 horas de debate. Les puedo asegurar que juzgar al poder mientras está en el poder es un trabajo titánico”.

El fiscal detalló que la corrupción institucionalizada en la provincia de Santa Cruz permitió a Lázaro Báez —quien no poseía bienes registrables en 2003— adquirir en 12 años más de 420.000 hectáreas, equivalentes a 20 ciudades de Buenos Aires, además de más de 400 inmuebles y 900 bienes muebles, con 55 millones de dólares fugados al exterior.

Luciani remarcó que la sociedad argentina está harta de la corrupción y exige una Justicia independiente y eficiente. En su alegato final, el fiscal resumió el dilema central del proceso: “Esto es corrupción o justicia”.