Caso Bruglia, Bertuzzi y Castelli: el Gobierno aceptó una “solución amistosa” ante la CIDH

El Estado nacional y los jueces federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli participan de una mediación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en busca de una “solución amistosa” al conflicto que los enfrenta desde 2020, cuando el gobierno de Alberto Fernández impulsó la revisión de sus traslados y la Corte Suprema ordenó concursar sus cargos.

El procedimiento, aceptado por el gobierno de Javier Milei a través del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, da cuenta de un posicionamiento nuevo frente al conflicto. El objetivo último del procedimiento iniciado ante el organismo regional es llegar a un acuerdo elaborado por las partes que cierre la disputa y repare la afectación denunciada por los magistrados, quienes alegan violaciones a la independencia judicial y a la garantía de inamovilidad de los jueces.

El mecanismo de "solución amistosa“, en rigor, es un instrumento de conciliación previsto por la CIDH que permite resolver controversias de forma pacífica. Si ambas partes manifiestan por escrito su voluntad de participar, la Comisión actúa como mediadora imparcial, promueve compromisos recíprocos y supervisa luego el cumplimiento del pacto alcanzado.

La intervención de la CIDH comenzó luego de que los tres jueces denunciaran al Estado argentino por lo que consideran una “maniobra de destitución selectiva”. Según sostuvieron al plantear sus casos, el gobierno de Fernández intentó apartarlos de sus funciones con motivaciones políticas, dado que habían intervenido en causas de corrupción que involucraban a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Germán Castelli fue trasladado en 2018 desde un tribunal oral de San Martín al Tribunal Oral Federal N°7 de la Ciudad de Buenos Aires, sorteado para juzgar la causa conocida como “Los cuadernos de las coimas”, que tiene a la ex mandataria Cristina Kirchner entre los principales acusados. Por su parte, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi pasaron del Tribunal Oral Federal N°4 a la Sala I de la Cámara Federal porteña, el tribunal de apelaciones que revisa los fallos de instrucción en las causas que tramitan en Comodoro Py.

Los tres formaron parte de resoluciones que afectaron directamente los intereses del kirchnerismo. Bruglia y Bertuzzi confirmaron procesamientos contra la exmandataria en expedientes vinculados a la obra pública y el direccionamiento irregular de contratos. Castelli, en tanto, quedó en el tribunal que deberá conducir el juicio oral del caso más emblemático de corrupción del período 2003–2015.

En julio de 2020, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, pidió revisar una decena de traslados de jueces efectuados durante la administración de Mauricio Macri. Aunque se trataba de un universo de cerca de 50 magistrados en esa condición, el Consejo avanzó específicamente sobre tres: Bruglia, Bertuzzi y Castelli.

En agosto de ese año, el organismo encargado de la selección y remoción de los jueces, presidido entonces por el Alberto Lugones, resolvió que los traslados no eran definitivos y que los magistrados debían volver a someterse al procedimiento constitucional de designación: concurso, propuesta del Ejecutivo y acuerdo del Senado. Para los jueces, esa selectividad daba cuenta de que el propósito del gobierno anterior no era regularizar el sistema de vacantes, sino removerlos de tribunales a cargo de expedientes sensibles.

El presidente Alberto Fernández envió pliegos al Senado, que, bajo la conducción de Cristina Kirchner, rechazó las designaciones y declaró los traslados “sin efecto”.

Ante esa decisión, los jueces acudieron de manera directa a la Corte Suprema mediante un per saltum. En noviembre de 2020, el Máximo Tribunal resolvió que los traslados no podían considerarse designaciones permanentes, pero dispuso que los magistrados permanecieran en sus cargos hasta que se realizaran concursos regulares para cubrir las vacantes correspondientes.

El fallo también exhortó al Consejo de la Magistratura a convocar a concursos y a restringir los traslados de jueces.

En enero de 2021, Bruglia y Bertuzzi -y luego Castelli- presentaron una denuncia ante la CIDH contra el Estado, alegando violaciones al principio de independencia judicial, al juez natural y al debido proceso. La Comisión notificó formalmente al gobierno argentino en julio de 2023 y le solicitó una respuesta dentro del plazo reglamentario.

En una ampliación de su reclamo, los camaristas señalaron que la actuación del Consejo de la Magistratura “reveló una obsesión política” por su situación y presentaron actas de sesiones en las que, según afirmaron, los consejeros admitieron la dificultad de aplicar el fallo de la Corte por la cantidad de jueces involucrados. “¿Es una simple casualidad o una obsesión de la política? ¿El motivo? Tal vez una mezcla de venganza y deseos de ocupar nuestros cargos”, expusieron ante el organismo.

Castelli, por su parte, remarcó que su caso “ilustra la vulnerabilidad de la independencia judicial frente a los vaivenes políticos”, y destacó que la decisión de someter su traslado a revisión “fue impulsada por el mismo sector que debía ser juzgado” en el proceso mediáticamente conocido como “los cuadernos de las coimas de Oscar Centeno“.

El 15 de abril de 2024, el ministro Cúneo Libarona y el secretario Baños notificaron al Consejo de la Magistratura que el Estado argentino había aceptado iniciar un proceso de solución amistosa en el marco de la CIDH. La decisión fue comunicada a los magistrados, quienes manifestaron su conformidad con la apertura del diálogo.

El procedimiento se encuentra actualmente en etapa de intercambio. De alcanzarse un acuerdo, el Estado debería admitir la violación denunciada y establecer medidas de reparación, que podrían incluir la estabilidad en los cargos de los jueces trasladados y garantías adicionales de independencia institucional.