Entre la ola de allanamientos tras la explosión de los cuadernos de las coimas, el ordenado a las oficinas del Grupo Techint fue, quizás, el más sorprendente. Pasó más o menos inadvertido, en medio del torbellino del momento. Fue realizado el 1° de agosto de 2018: el juez Claudio Bonadio le había dado órdenes a la Policía Federal de presentarse en la sede central del mayor productor de acero de la Argentina y una de las empresas más poderosas de Latinoamérica, comandada por Paolo Rocca. No hubo órdenes de arresto. Sin embargo, la Federal secuestró varias cajas de documentación.

El dato del allanamiento se filtró a la prensa poco después. La pregunta fue obvia: ¿por qué Bonadio ordenaba allanar Techint? El nombre de la firma no figuraba entre las revelaciones originales del caso. El escándalo en puerta era obvio también. Rocca y su familia figuraban entre los empresarios más ricos de la Argentina con un patrimonio de 9700 millones de dólares según el ranking local de la revista Forbes en aquel entonces. Sin embargo, ninguno de sus ejecutivos figuraba entre los 16 empresarios y ex funcionarios kirchneristas detenidos hasta aquel momento por orden del juez, señalados como parte de la maquinaria de coimas de la obra pública.

Nadie, hasta ese entonces, sabía, al menos públicamente, qué pasaba con Techint en la historia de los cuadernos de las coimas que, seis años después, llegará a juicio este 6 de noviembre en el Tribunal Oral Federal N°7.

La respuesta, como muchas otras en este caso, se encontraba en los cuadernos de Centeno mismo.

Infobae accedió a las anotaciones completas del remisero de Roberto Baratta tres días después de la redada. Un equipo de 12 periodistas fue convocado de urgencia el viernes 3 de agosto por la noche, para analizar 477 páginas manuscritas en tiempo récord. Recibí, por el azar del reparto, las imágenes del cuaderno que correspondía al año 2008.

Y allí, encontré una dirección que se repetía, una y otra vez: era la central del Grupo Techint.

Durante todo 2008, de acuerdo a aquellas anotaciones prolijas, meticulosas, con fechas divididas por línea de birome azul hechas a regla -el Centeno más esmerado- el chofer llevó a Baratta nueve veces -desde abril hasta diciembre- hasta el edificio del Grupo Techint en la calle Della Paolera para retirar “un bolso”, “un paquete”.

Luego, Centeno hablaría de los “dividendos del mes”, de “paquetes con dinero”. No mencionaba cantidades todavía, mientras llevaba al “Licenciado”, su forma de referirse a la entonces mano derecha de Julio De Vido en las anotaciones.

Esos bolsos terminaban, casi siempre, a la misma hora, las 20:30, en el mismo lugar: Uruguay 1306, esquina Juncal, el edificio de Recoleta donde se ubicaba el departamento de Recoleta que compartían Néstor y Cristina Kirchner, donde Fernando Sabag Montiel intentaría asesinar a la ex presidenta en 2022. Según Centeno, Baratta se los entregaba al ex secretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, fallecido en 2016. Mencionaba, una y otra vez, a “Héctor”, que luego se descubrió era Héctor Zabaleta, alto directivo de la firma. “Ale”, una persona que nunca fue identificada, aparecía como entregadora del pago final.

La noticia salió al día siguiente: Techint se volvía parte de la historia. Finalmente, la Justicia federal acusó al grupo de ocho supuestos sobornos.

Al año siguiente, seis meses antes de su muerte, el juez Claudio Bonadio escribió en su elevación parcial a juicio del caso que: “Héctor Alberto ZABALETA realizó las siguientes entregas de dinero del “Grupo Techint”, por indicación de Luís María Cayetano BETNAZA, quien fuera Director Institucional del grupo, con la anuencia Paolo ROCCA, Director Ejecutivo del grupo". Luego, enumeró la serie de pagos, realizados entre abril y octubre de 2008.

Rocca, mencionado como imputado, para ese entonces, ya había recibido la falta de mérito. Finalmente, Betnaza y Zabaleta fueron elevados a juicio por una acusación de cohecho activo, el primero como autor, el segundo como partícipe necesario, en una imputación ómnibus que englobaba a todos los pagos. Betnaza y Zabaleta, por otra parte, fueron sobreseídos de la acusación de integrar la asociación ilícita que encabezaban CFK y el superministro Julio De Vido.

Zabaleta fue bastante franco al declarar. Abonó, como tantos otros, al supuesto clima extorsivo que generaba el kirchnerismo para exprimirle dinero a las empresas que luego beneficiaba. “Roberto Baratta me llamó por teléfono (...) En esa conversación, Baratta me dijo que le tenía que dar unos dólares, a lo que le dije que no, que solamente le podía dar pesos ya que no contaba con liquidez de dólares, pero luego de verificar con Luis que eso efectivamente fuera así. Luego de la llamada, lo hablé con Luis Betnaza, y éste me dijo que tenía un compromiso con el Gobierno, porque si no le iban a cortar la luz y el gas de las plantas de Siderar y Siderca”, empresas del grupo.

Del cambio de dinero de pesos a dólares, por otra parte, supuestamente se encargaba otro jugador en la trama, el financista Ernesto Clarens.

Sin embargo, la acusación contra Techint correría por otro carril, en un expediente paralelo a la causa. Techint habría pagado sus sobornos al kirchnerismo no para beneficiarse con la obra pública a nivel local, sino como un movimiento geopolítico, para evitar la nacionalización de su empresa Sidor en Venezuela por el gobierno de Hugo Chávez.

“La Sala I de la Excelentísima Cámara entendió que debía profundizarse la instrucción para determinar las circunstancias aludidas por las defensas de Luis María Cayetano BETNAZA y Héctor Alberto ZABALETA, al justificar los pagos efectuados por la nacionalización de la compañía SIDOR del grupo TECHINT”, escribió el fiscal Stornelli en su principal y maratónica elevación a juicio del caso, de 678 páginas de largo.

La Oficina Anticorrupción, en ese entonces comandada por Laura Alonso, razonó lo mismo:

“También concordamos con el Ministerio Público Fiscal en cuanto a que los procesados Luis María Cayetano Betnaza y Héctor Alberto Zabaleta, directivos del grupo Techint, podrían encontrarse en una situación especial, que configuraría una hipótesis distinta de la requerida a juicio, en tanto cabe analizar la posibilidad de que los pagos que admitieron haber realizado a funcionarios públicos no se hubieran vinculado con el otorgamiento o mantenimiento de una contratación con el Estado Nacional, sino que pudieron haber sido otorgados para que éstos realizaran gestiones para alivianar la situación de la compañía Sidor en la República de Venezuela”.

Precisamente, fue Betnaza quien introdujo la situación de Sidor y el gobierno de Chávez dentro de la trama.

Sin embargo, los directivos de Techint no serán parte del juicio a los cuadernos de las coimas. En agosto de 2021, Betnaza y Zabaleta fueron sobreseídos por el juez Julián Ercolini, que en aquel entonces subrogaba el juzgado federal que encabezaba Bonadio en vida.