Varios empresarios acusados en la causa de los cuadernos de las coimas se ocultaron detrás del eufemismo. Pesos pesados de la obra pública como Ángelo Calcaterra afirmaron que Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación del superministro Julio De Vido, les había exigido contribuciones de campaña para que aporten a las arcas del kirchnerismo de cara a las PASO de 2013. Pero cuando fue su turno de hablar como arrepentido ante el fiscal Carlos Stornelli, el abogado Juan Carlos De Goycoechea, presidente en Argentina de la corporación internacional energética Isolux Corsán, prefirió no hacerse el tonto.

Así, Goycoechea aseveró:

“Cuando declaré que Baratta me hizo el pedido de dinero para la ‘campaña electoral’, en todo momento lo tomé como un eufemismo, y que en realidad lo que estaba reclamando era el pago de un ‘retorno’, ‘coima’, ‘soborno’ o cómo quiera llamárselo, y es en este último sentido que transmití el mensaje a las autoridades españolas de la empresa", afirmó.

“Nunca estuvo en la intención de la empresa Isolux el realizar aportes para campañas electorales. Por eso no había duda que el pago se realizaba para evitar represalias por parte de los funcionarios. Existía un gran temor en enemistarse con el gobierno, y que suspendieran los pagos o rescindieran el contrato de la obra; pues era conocido en el ambiente el trato extorsivo por parte del gobierno de Kirchner hacia las empresas".

“Baratta siempre daba a entender, de manera más o menos directa, que si no se hacía el aporte se bloqueaban los pagos de los certificados de obra. Y obviamente el bloqueo de pagos de certificados de obra causaba un terrible perjuicio a la empresa, que tenía gastos mensuales de 30 millones de pesos aproximadamente, y entre otras cosas, debía pagar sueldos a unos tres mil empleados, entre directos e indirectos", continuó.

De Goycoechea -que tuvo un pedido de captura en su contra, estuvo dos días prófugo y se entregó ante el juez Claudio Bonadio en Comodoro Py- no estaba solo en ese planteo. Otros capitanes de industria como Roggio, Pescarmona y Loson retrataron el mismo clima amenazante de pagar o nada, con un pasamanos del 10 por ciento total del presupuesto de la obra exigido por Baratta, según aseveró el financista Ernesto Clarens. Investigadores de la causa se ríen ante la queja: “Pensá e en toda la que se llevaron”, asegura uno de ellos. De Goycoechea, en aquel encuentro con la Justicia en agosto de 2018, consideró su posición de debilidad, ante una obra crítica para la firma.

“Los pagos que se le hicieron a Baratta fueron irregulares y una imposición del gobierno relacionada exclusivamente con el hecho de que Isolux tenía a su cargo la obra de la Central Térmica de Río Turbio”, ubicada en Santa Cruz, adjudicada al grupo Isolux desde 2008.

Hoy, seis años después, De Goycoechea hace la fila de los esperanzados: ofreció $1600 millones junto a otros dos imputados de Isolux al Tribunal Oral Federal N°7, donde las coimas de los cuadernos serán juzgadas desde este 6 de noviembre, para así cerrar la causa en su contra.

El chofer Centeno, desde ya, complicó a Isolux con sus anotaciones, Aparecen en torno a la plata de la multinacional energetica reuniones con Néstor Kirchner y la ex presidenta en Olivos, como la del lunes 5 de enero de 2009. A las 16 de ese día, Centeno trasladó a Baratta a Maipú 741, la sede de Isolux, “donde se encontró en la puerta con dos personas, y luego subieron al 1B y luego bajaron, y una persona con una valija más o menos de 90 centímetros de alto por 40 de ancho y 20 centímetros de espesor”.

Centeno la cargó. Creyó que pesaba “unos 40 kilos, era dinero y luego lo llevé al licenciado a su departamento donde se bajó con la valija y luego lo traje al licenciado al Ministerio. Las personas son de Isolux. En la valija había más o menos unos 6 millones de dólares”, escribió el chofer en sus cuadernos.

Tal vez, Centeno exageraba. En sí, Bonadio elevó a juicio a De Goycoechea, en 2019 por un solo hecho de coimas, un ómnibus del bolso corrupto que incluyó 18 supuestas cuotas que ocurrieron desde 2008, cuando Roberto Baratta entró a la vida del directivo, hasta mediados de 2015.

Varios de esos pagos llegaron, supuestamente, hasta Cristina Kirchner, ya como presidente, vía el secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.

“Encuentro reunida suficiente prueba para tener por probado que Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, por entonces Presidente de la República Argentina, intervino, en carácter de coautora, en la recepción de una suma de dinero –al menos trescientos mil dólares, que Juan Carlos DE GOYCOECHEA, directivo del GRUPO ISOLUX CORSAN S.A., entregó a Roberto BARATTA el día 7 de abril de 2009 en la calle Maipú N° 741, de esta ciudad, y que éste último entregó a Héctor Daniel MUÑOZ ese mismo día, en el inmueble ubicado en la calle Uruguay N° 1306, de esta ciudad, y con el fin de que los funcionarios que integraran la asociación ilícita hicieran o dejaran de hacer algo atinente a sus funciones en beneficio de dicha empresa", escribió el fiscal Stornelli en su imputación.

El bloque de texto es idéntico en otros cuatros más: al menos 1,5 millones de dólares habrían sido abonados por De Goycoechea para terminar en el bolsillo de la presidenta CFK.