La Corte Suprema de Justicia desestimó un recurso extraordinario presentado por el exdirector de Odebrecht en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, y por la filial local de la constructora brasileña contra la decisión que había validado el convenio de cooperación firmado entre el Ministerio Público Fiscal y autoridades judiciales de Brasil para acceder a pruebas del caso “Lava Jato”. Con este pronunciamiento, quedó firme la posibilidad de utilizar ese material en la causa por el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, una obra pública de unos 1.500 millones de dólares que quedó inconclusa y bajo sospecha de corrupción.
El fallo, firmado este martes por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, confirmó lo resuelto en instancias anteriores y cerró la discusión sobre la nulidad del acuerdo bilateral de cooperación. La Corte concluyó que los planteos no cumplían con los recaudos formales de la Acordada 4/2007, que regula las condiciones de admisibilidad de los recursos.
El proyecto del soterramiento había sido adjudicado en enero de 2008 al consorcio Nuevo Sarmiento, conformado por Odebrecht, IECSA (entonces controlada por Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri), la italiana Ghella y la española Comsa. El plan contemplaba un túnel de 32 kilómetros entre Caballito y Moreno, con la remodelación subterránea de todas las estaciones del recorrido.
Los trabajos estuvieron inicialmente a cargo de la constructora Odebrecht, que más tarde reconoció haber pagado 35 millones de dólares en sobornos en la Argentina, entre ellos, varios vinculados a esta obra. Su titular, Marcelo Odebrecht, fue condenado en Brasil en 2015 en el marco de la operación Lava Jato y cumplió dos años de prisión. La investigación local se inició con el fin de determinar posibles maniobras de fraude contra la administración pública y pagos indebidos de la firma brasileña y sus socios a funcionarios del Ministerio de Planificación Federal durante los gobiernos kirchneristas, presuntamente para obtener la adjudicación de la obra.
La causa, en rigor, se abrió en 2016 tras la denuncia de la diputada Graciela Ocaña, quien presentó documentos de la Policía Federal de Brasil que vinculaban a sociedades ligadas a los exfuncionarios Ricardo Jaime y Manuel Vázquez con transferencias desde la offshore Klienfeld Services Ltd.. Entre las pruebas también se incorporaron correos electrónicos intercambiados entre Vázquez y Couri Ribeiro, en los que se mencionaban problemas con la recepción de fondos.
Con el objetivo de habilitar el uso de esas pruebas en la Argentina, en 2017 se conformó una mesa interinstitucional encabezada por el procurador interino Eduardo Casal y el fiscal Franco Picardi, junto con la Cancillería y la Oficina Anticorrupción. De allí surgió un acuerdo que fijó condiciones de uso y limitaciones, en línea con convenios internacionales anticorrupción. Ese entendimiento fue homologado por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi y ratificado luego por la Cámara Federal porteña.
El acuerdo incluyó la recepción de información relacionada con las declaraciones de ejecutivos de Odebrecht ante la Justicia brasileña en calidad de arrepentidos colaboradores. Ese cúmulo de pruebas oficiarían de sustento a la hipótesis del fiscal Picardi, para quien los sobornos en el proyecto del tren Sarmiento apuntaban tanto al direccionamiento de la adjudicación como a “acelerar, destrabar y asegurar desembolsos y disposiciones funcionales concretas” durante la ejecución de la obra.
Desde un inicio, en el expediente se vieron involucrados exfuncionarios como Julio De Vido, José López, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, además de empresarios como Ángelo Calcaterra y directivos de Odebrecht, entre ellos Luiz Antonio Mameri, Couri Ribeiro, Flavio Bento da Faria y Rodney Rodríguez de Carvalho. En 2019, el juez de instrucción dictó procesamientos que luego la Cámara revocó por considerarlos nulos y porque aún faltaba agregar la prueba clave de las confesiones del Lava Jato en Brasil.
En ese marco, el tribunal de Alzada porteño exhortó en varias ocasiones al juez Martínez De Giorgi a definir las situaciones procesales pendientes. Ya en marzo de 2023, los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun recordaron que la información brasileña estaba disponible y advirtieron que el expediente “no ha avanzado con la rapidez y eficacia que fue varias veces encomendada”.
Ahora, con la decisión de la Corte Suprema, el Ministerio Público Fiscal podrá valerse en forma definitiva del material proveniente de la pesquisa por corrupción más grande del país vecino, en tanto reveló un esquema de pago sistemático de coimas en distintos países de la región para asegurarse contratos con el Estado.
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