Armando Roberto Loson, quien fuera titular del Grupo Albanesi, una multicorporación dedicada principalmente al negocio de la energía, integra la lista de soñadores, como la llaman con cierta ironía en Tribunales, la nómina de 46 empresarios y ex funcionarios políticos que ofrecieron sumas millonarias para zafar de una condena en el caso de los cuadernos de las coimas, amparados en el artículo 59 del Código Penal.

El Tribunal Federal N°7, que comenzará a juzgar el caso este 6 de noviembre, todavía no decidió si acepta. Las chances de Loson y las de tantos otros capitanes de industria como Benito Roggio, Enrique Pescarmona y Ángelo Calcaterra son pocas, por no decir nulas. La fiscal Fabiana León y la querella de la UIF a cargo del fiscal Paul Starc se opusieron de inmediato. Para Starc, aceptar esta oferta equivale a “mercantilizar la corrupción”.

Losón, entonces, espera, a sus 78 años de edad. Su propuesta de $181,2 millones fue modesta en comparación a la de Calcaterra, que lanzó $2492 millones por su sobreseimiento -que no es tanto para alguien como Calcaterra, en el fondo, $1,8 millones de dólares a cambio oficial del día-.

La historia del ex titular del Grupo Albanesi, sucedido en el cargo por su hijo, Armando junior, es paradigmática en el caso de los cuadernos. Centeno escribió sobre él. El chofer “asentó que en Alem 855″, el domicilio fiscal del empresario, el ex subsecretario de Coordinación Roberto Baratta y su secretario, Nelson Lazarte, “se encontraron en una cochera que decía “ALBANESI” y hablaron con “Armando de “Loxon”, tal vez confundido por la marca de pintura, asegura un documento del caso. Centeno, también, llevaba una cámara. Así, fotografió un auto en el lugar, cuya patente correspondía a una firma del grupo.

Loson, tal como Centeno, terminó detenido. Pasó apenas una semana en una celda hasta que, a comienzos de agosto de 2018, cuando el caso de los cuadernos consumía la narrativa política de la Argentina, decidió cantar. Tras acogerse a los beneficios de la Ley del Arrepentido, se convirtió en el quinto empresario delator del caso y declaró en el expediente investigado por el fiscal Carlos Stornelli y el juez Claudio Bonadio. Desfiló por Comodoro Py, esposado primero, libre después, abrigado con campera y poncho de lana.

En su pedido de elevación a juicio, Stornelli escribió que el empresario “entregó sumas de dinero a la asociación criminal entre los años 2013 y 2015 para beneficiar a la empresa que presidia”.

Los pagos fueron reconocidos por el empresario mismo. Nelson Lazarte fue su principal cobrador: iba a buscar la plata él mismo a las oficinas de Albanesi en Leandro N. Alem.

El 29 de agosto, de acuerdo a un documento de la Oficina Anticorrupción, Loson entregó a Lazarte en el edificio de la avenida Alem “un bolso que contendría trescientos mil dólares”. Ese dinero habría llegado a otro de los imputados políticos, Juan Manuel Abal Medina. El 10 de septiembre, mismo lugar, 300 mil dólares. Seis días más tarde, 300 mil dólares más. El 2 de junio de 2015, 1,2 millones de dólares. 27 días más tarde, medio millón de dólares más.

Bonadio, finalmente, lo envió a juicio, acusado de diez casos de cohecho activo.

La imputación habla de pagos desde mediados de 2013. Sin embargo, el vínculo de Losón con el mundo del Ministerio de Planificación comandado por Julio De Vido había comenzado tiempo antes. Alberto Taselli, otro empresario detenido en la causa y enviado a juicio, aseguró que el titular de Albanesi tenía, por lo visto, un lugar de privilegio. Es comprensible: pagarle a la mafia implica no solo obligaciones, sino también beneficios.

Taselli aseguró:

“En el año 2011, Baratta me sacó la central de generación eléctrica de Sorrento Rosario y me solicitó en forma amenazante que se la alquile a Albanesi, y así fue que lo hice pues me dijo que si no lo hacía. me la sacaba. Luego, Albanesi recibió unos fondos importantes para repararla que rondaron los $300 millones y nosotros no recibimos ni el dinero del alquiler”.

Pero, al igual que otros empresarios arrepentidos, Albanesi aseguró pagar acorralado ante una situación desfavorable: para estos empresarios, el kirchnerismo generaba una tormenta perfecta para el pago de coimas.

“Dependíamos muchas veces en aquella época de Planificación, y también dependíamos de Moreno para las importaciones. Era una situación realmente muy complicada. Estábamos muy cerrados y muy dependientes. No teníamos escapatoria. Dependíamos de ellos y estábamos apretados, ya que, reitero, habíamos cedido facturas a los bancos y además debíamos pagar a los acreedores”, completó Loson.

Tal como Calcaterra, Loson afirmó haber realizado los pagos como aportes de campaña para el viejo Frente Para La Victoria. Sin embargo, su argumento se derrumbó cuando Stornelli no halló aporte de campaña alguno hecho de forma legal.

Pero pagar blue crocante, al parecer, no garantiza siempre un trato cordial. El presunto clima extorsivo llegó a un extremo en otro pasaje que relató Loson ante sus confesores de Comodoro Py:

“Deseo relatar también que cuando fue Open Season 2006-2008, que era el proyecto de ampliación de gasoductos impulsado por el ENARGAS, hubo dos oferente, CAMMESA y Albanesi. Junto con Albanesi representamos a 70 empresas que venían con nosotros. Empezamos a pagar 124 millones de dólares que se recuperaban con el cargo de fideicomiso. Esto es en el mismo momento de la campaña 2013″.

“Hubo una apretada muy grande. Nosotros pagamos hasta donde podíamos porque el transporte venia demorado y Kicillof cambio la resolución y nos sacó el transporte y lo pasó a realizar CAMMESA. Eso significaba plata. Me extorsionaron para firmar el contrato de cesión sin ningún beneficio para Albanesi”, continuó.

Luego, Loson dio un nombre, o dos:

“El doctor Arceo, que era el presidente de Nación Fideicomisos, me dijo: ‘O firmás o tengo la bandeja de plata en la mano para llevarle tu cabeza a Cristina’. Tuve que ir y firmar porque se me caía el mundo. Arceo me lo dijo por teléfono. Estaba siempre con dos o tres abogados. Me obligan a firmar una cesión gratuita. Fue todo pérdida. Tuve que regalar la obra por 124 millones".

El economista Enrique Osvaldo Arceo, efectivamente, fue investigado. La foja número 12308 del expediente de la causa de los cuadernos es un informe del Banco de la Nación Argentina sobre el entonces funcionario. Sin embargo, el juez Bonadio no lo elevó a juicio, ni pidió una extracción de testimonios para que otro juzgado siga una causa en su contra. Arceo, quien fue vicepresidente del Banco Nación, sería procesado casi diez años después de esa supuesta charla con Loson, acusado por el juez Daniel Rafecas de una supuesta concesión abusiva de créditos del Banco Nación a empresas de Lázaro Báez. Luego, en noviembre de 2024, fue finalmente sobreseído en la causa.

En los últimos años, empresario fue protagonista de otra polémica en el expediente que tuvo como blanco a Jorge Bacigalupo, el remisero amigo de Centeno que le entregó los cuadernos al periodista Diego Cabot, y a la letra de los cuadernos mismos.

A fines de diciembre de 2023, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi -que sucedió a Bonadio en la causa Cuadernos- procesó a Jorge Bacigalupo por el delito de encubrimiento agravado y falsificación de documento público. Le prohibió la salida del país y le fijó la obligación de avisar al tribunal si se alejaba de su casa más de 100 kilómetros, además de embargarlo por $80 millones de pesos.

Lo acusaba, precisamente, de alterar los contenidos de dos de los cuadernos, de quitar un nombre por otro, “Marcelo” por “Armando”, o Armando Loson.

La defensa de Loson, precisamente, denunció estas supuestas irregularidades y presentó un perito. Sin embargo, a pesar de esta queja, el empresario había declarado como arrepentido en la causa.

fideicomiso…”