El salón “Dorado" y el salón “Presidente Alfonsín" de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se convirtieron, este jueves pasado el mediodía, en sede de un congreso multidisciplinario llamado “Abordaje de los riesgos en entornos digitales para niñas, niños y adolescentes”. La jornada reunió a jueces, fiscales, funcionarios, especialistas en cibercrimen, organizaciones sociales y empresas tecnológicas para analizar y debatir estrategias frente a las múltiples formas de violencia que atraviesan a los menores en el mundo virtual.
El congreso, organizado por el Observatorio de Cibercrimen y Evidencia Digital en Investigaciones Criminales (Ocedic), el Ministerio de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y Unicef, comenzó con la apertura en manos de las legisladoras porteñas Manuela Thourte y Gimena Villafruela, junto al ministro de Justicia local, Gabino Tapia y el representante de Unicef Argentina, Rafael Ramírez Mesec.
En el panel de presentación también participaron Inés Weinberg, titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) porteño; Sergio Gabriel Torres, vicepresidente de la Suprema Corte bonaerense; y Guillermo Yacobucci, director del Departamento de Derecho Penal de la Universidad Austral y juez de la Cámara Federal de Casación Penal, junto con Marcela De Langhe, magistrada del TSJ de la Ciudad, el fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques, y la asesora general tutelar, Carolina Stanley.
Al momento de postular su visión respecto a la dinámica social-digital, la presidenta del TSJ porteño remarcó la importancia y el rol del Poder Judicial en este tipo de fenómenos. “En el Tribunal somos conscientes de la gran relevancia de todos los casos, por ello los planteos son analizados en profundidad. También hemos resuelto conflictos de competencia cuando se dieron imputaciones de delitos que implicaban a niños, niñas o adolescentes como víctimas. En esos casos hemos privilegiado la búsqueda de la mejor administración de justicia, para que el juzgado que intervenga, sea local o nacional, pueda llevar a cabo la más amplia investigación conjunta para atender mejor los intereses de los menores”, expresó.
Weinberg destacó además que la protección de los menores respecto a los alcances de la virtualidad requiere un compromiso compartido. “Familias, escuelas, sector tecnológico, sociedad civil y Estado debemos asumir un rol activo y corresponsable. No basta con señalar los riesgos; debemos garantizar entornos digitales que prioricen no solo los derechos, sino el interés superior del menor, que promuevan la alfabetización mediática y que lo protejan frente a la explotación y la violencia. Esa sí es nuestra obligación como adultos, sin dejar de escuchar lo que las niñas, niños y adolescentes tienen para decir”, aseveró.
A su turno, la jueza del TSJ Marcela De Langhe amplió el diagnóstico al señalar que los riesgos digitales exceden al acoso sexual conocido como “grooming”. Para la magistrada, “cuando hablamos de riesgos en entornos digitales nos referimos también a la exposición a contenidos dañinos, acoso en línea, captación para apuestas y juegos de azar, discursos de odio, manipulación de datos personales y otras formas de violencia que atraviesan redes sociales y plataformas digitales”, sostuvo.
Luego advirtió: “Frente a un panorama poco alentador, nuestra responsabilidad como integrantes del Poder Judicial es doble. Por un lado, garantizar derechos y dar respuestas eficaces ante los nuevos delitos. Pero, al mismo tiempo, sumarnos al esfuerzo colectivo de prevención porque ninguna sanción penal compensa plenamente el daño cuando la vulneración ya se ha consumado”.
El programa se extendió desde las 14:30 hasta las 19, con paneles temáticos en paralelo en el salón “Dorado” y el salón “Presidente Alfonsín“. El evento abordó el estado de situación de la violencia digital contra niñas, niños y adolescentes, con la participación de Pilar Ramírez (International Centre for Missing & Exploited Children), presentada por la fiscal especializada en cibercrimen Daniela Dupuy. Más tarde, se discutieron las estrategias de protección y acompañamiento a víctimas, con exposiciones de Felicitas de Lasa (Ministerio de Justicia porteño), Pilar Molina (Ministerio Público Tutelar) y Carolina Bertoni (Ministerio Público Fiscal).
También tuvo lugar una exposición sobre "perfiles autores“, a cargo de la magíster Marcela Scarafia y la perito Nazarena Traba. En simultáneo, se desarrolló un bloque sobre investigaciones transnacionales con participación de jueces, fiscales e investigadores, entre ellos Verónica Toller (Ministerio de Seguridad de la Nación), Fernando Dedovich (UFEDyCI), la jueza Karina Andrade, el fiscal Marcelo Colombo y David Reguero Novoa, subinspector de la Policía Nacional de España.
La jornada contó con la perspectiva de distintos representantes de organizaciones sociales y de la academia, con las voces de Amparo Zavalía (Ocedic), Marcela Czarny (Chicos.net), Cora Steinberg y Mariano Aizpurua (Unicef). Además, miembros de entidades del sector privado, como Meta, TikTok y Telecom, evaluaron su posición respecto a la prevención de los distintos tipos de violencia contra los menores en entornos digitales.
El cierre estuvo a cargo de María Elena Úbeda, representante adjunta de Unicef Argentina, y de Daniela Dupuy, directora de Ocedic.
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