Jalil Rachid, actual ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay, instó a la opinión pública a “tomar con pinzas” la información difundida este fin de semana sobre nuevas revelaciones en la causa en la que se investiga el atentado a la AMIA, ocurrido en julio de 1994 en Buenos Aires, subrayando la existencia de un trasfondo familiar y judicial que, a su juicio, condiciona la veracidad de las acusaciones.
Se trata de artículo en el que se detallan documentos entregados a la Fiscalía a cargo de Sebastián Basso, y posteriormente compartidos con el Ministerio Público paraguayo. Según esta información, que está siendo analizada por la Justicia, David Fernández Rachid, hijo de Watfa Rachid Lichi, aportó pruebas que vincularían a su tío Fohad Rachid Lichi con transferencias superiores a 12 millones de dólares realizadas entre 1989 y 2000 a Ali Hussein Abdallah, individuo buscado por la Justicia argentina en relación con el atentado a la AMIA y fallecido en 2020.
El informe también menciona a Hussein Mounir Mouzannar, empresario libanés que enfrentará en en nuestro país un juicio en ausencia por presuntos vínculos con el atentado. Según los documentos, Mouzannar figura como cliente de los Rachid Lichi.
La aclaración de Rachid
Según declaraciones a ABC Cardinal, Jalil Rachid aclaró que nunca participó en actividades relacionadas con la empresa financiera de sus tíos, la Sociedad Anónima Financiera e Inmobiliaria (SAFIO), por lo que se abstuvo de opinar sobre los aspectos específicos de la investigación mencionada.
Rachid también puso en duda la fiabilidad de los documentos entregados por su primo David Fernández Rachid a las autoridades argentinas, sugiriendo que deben ser evaluados con escepticismo. Explicó que el origen de la disputa radica en un conflicto judicial entre sus tíos y su primo, quien en 2023 denunció a varios familiares —incluidos Fohad, Bader y Leila Rachid Lichi— por apropiación indebida.
Según la acusación, la venta de las acciones de su madre en SAFIO habría sido simulada mediante documentos de contenido no auténtico, aunque el Ministerio Público desestimó la denuncia.
El ministro sostuvo que, en el marco de esa causa, los documentos presentados por su primo “tenían alteraciones”, según una pericia. Además, describió a David Fernández Rachid como “una persona con más de 30 demandas civiles, embargos, inhibiciones, imputaciones a diestra y siniestra, está con juicio oral por violencia familiar, imputado por estafa, apropiación”.
En relación a la gestión interna de la empresa, Rachid señaló que “las cuestiones de la empresa siempre se manejaron entre hermanos, entre mis tíos”. Añadió que el conflicto surgió tras el fallecimiento de Watfa Rachid Lichi, momento en el que, según el ministro, su primo David, agobiado por deudas y antecedentes judiciales, buscó obtener algún beneficio económico.
Hasta el momento, Jalil Rachid afirmó que, según su conocimiento, ningún miembro de su familia ha sido convocado a declarar en relación con el caso AMIA.
El principal destinatario de los fondos, Ali Houssein Abdallah, ya estaba bajo investigación judicialen la causa y falleció tras contraer coronavirus durante la pandemia. Además, la documentación menciona a Hussein Mounir Mouzannar, empresario libanés y uno de los acusados que enfrentará juicio en ausencia en por el atentado a la AMIA.
Últimas Noticias
Lázaro Báez fue internado en el Hospital de Ezeiza por complicaciones en su estado de salud
El empresario condenado a 15 años por las causas “Vialidad” y “Ruta del dinero K” fue ingresado de urgencia el sábado. Esperan resultados de estudios médicos
Tips jurídico: ¿El personal de seguridad privada está habilitado a detener una persona? ¿Y usar la fuerza pública?
En espectáculos deportivos o shows musicales puede ocurrir que algunas situaciones se salgan de control. ¿Hasta dónde puede actuar la seguridad privada? ¿Está permitido que ejerzan fuerza física?
Una aerolínea deberá indemnizar a pasajeros que quedaron varados al inicio de la pandemia
Una familia argentina había denunciado que la empresa los abandonó en Turquía tras la suspensión del vuelo de regreso a Buenos Aires
Se sometió a una cirugía para una biopsia, pero el hospital perdió la muestra y ahora deberá ser indemnizada
El caso se originó en 2002, cuando un hospital público de San Martín extravió una pieza quirúrgica que debía ser analizada por el área de Anatomía Patológica. La provincia de Buenos Aires deberá reparar el daño moral y reponer gastos
El fiscal Paul Starc de la UIF, querellante en el juicio de los cuadernos: “La corrupción política y empresarial se necesitan entre sí”
El histórico investigador analiza el significado de la causa de cara al proceso que comenzará este jueves. El expediente como lección para la sociedad y el daño tal vez imposible de reparar
