El gendarme que hirió a Pablo Grillo dijo ser inocente y aseguró que usó el lanzagases de acuerdo con el manual de uso

El gendarme Héctor Guerrero se presentó en tribunales para hacer su descargo en la causa donde se lo investiga por su accionar durante una manifestación en la zona del Congreso de la Nación, en la que donde hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo con un cartucho de gas lacrimógeno mientras trabajaba realizando la cobertura de la movilización.

Guerrero arribó al edificio judicial de Retiro minutos antes de las 10 de la mañana, horario dispuesto para la audiencia. Ya en el tercer piso estuvo por espacio de una hora en el juzgado de María Romilda Servini y fue indagado por el juez Ariel Lijo, quien la subroga desde comienzo de este mes y hasta final de esta semana, en la causa en la que se investigan los hechos ocurridos el 12 de marzo pasado.

Sin contestar preguntas, el gendarme manifestó que prestó servicios en el destacamento móvil 6 por aproximadamente 7 años y que en 2017 hizo el curso de operaciones urbanas. Sobre el día del hecho, Guerrero remarcó que recibió 5 impactos de piedra en su torso y que una docena de sus compañeros resultaron heridos, y atribuyó su accionar a la falta de visión de su máscara por acción del humo y del agua de un camión hidrante que estaba apostado en la calle Irigoyen.

“El lanzagases no tiene aparatos de puntería y su cañón no tiene estrías, es un ánima lisa, por lo cual no puedo hacer un segundo disparo hacia un mismo lugar porque el cartucho sale expulsado de manera irregular”, señaló Guerrero, quien agregó que todos los disparos realizados por él fueron a lugares seguros.

“Yo jamás tuve la intención de lastimar a ninguna persona, y el lanzagases lo usé a medida que me instruyeron y de acuerdo con el manual del uso de lanzagases”, sostuvo. Dato no menor es que Guerrero era una de las dos personas autorizadas en su dependencia para portar y accionar ese tipo de arma, por lo que el conocimiento de las normas de uso era algo más que tácito e implícito.

Puertas afuera de Comodoro Py, familiares, amigos, colegas fotógrafos nucleados en la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina llevaron adelante una clase pública y una muestra fotográfica titulada “libertad de expresión y derecho a la protesta”.

Del evento participó Fabián Grillo, padre del reportero gráfico, quien calificó como favorable la evolución de su estado de salud tras varios meses de hospitalización, al tiempo que señaló que muestra una actitud más receptiva y ha comenzado a recuperar su autonomía en aspectos básicos de su cuidado. “Ayer incluso hasta discutió conmigo y eso es bueno”, señaló.

Sobre la calificación legal del caso, Fabián Grillo remarcó que inicialmente se caratuló como averiguación de delito y que fue modificada tras el agravamiento del cuadro clínico de su hijo durante la hospitalización a “homicidio en grado de tentativa”. Asimismo destacó la presencia de colegas y jubilados en la clase pública donde incluso se exhibió la última foto que tomó antes de ser impactado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno que lo dejó al borde de la muerte.

Los hechos investigados

El 12 de marzo de este año, Pablo Grillo cubría una marcha a favor de los jubilados en las adyacencias del Congreso de la Nación junto a varios de sus colegas. Mientras se encontraba sobre la calle Irigoyen, entre Solís y Entre Ríos, fue impactado por un cartucho de gas lacrimógeno disparado por un grupo de gendarmes que se encontraban cerca de la puerta de la sede del poder legislativo.

De acuerdo con el informe oficial, el arma empleada en la agresión del fotoperiodista es una pistola lanza gases marca Federal y Halcón, modelo Unic Tipo Lanzagases, munición calibre 38.1 mm, serie 00660. El 19 de junio, en el marco de un allanamiento, se secuestró esa pistola junto a otra de iguales características y diez cartuchos de gas lacrimógeno del mismo tipo que el utilizado en el hecho.

El expediente cuenta con un informe técnico elaborado por los peritos Rodolfo Pregliasco y Martín Onetto, en colaboración con la red de organizaciones “Mapa de la Policía”, que analiza la reconstrucción del disparo recibido por Grillo.

Además, la jueza Servini ordenó a la División Balística de la Policía de la Ciudad, la realización de un relevamiento exhaustivo en el lugar del hecho, incluyendo un croquis, fotografías terrestres y aéreas, y mediciones precisas que se concretaron el pasado 2 de agosto.

El accionar de las fuerzas federales de seguridad vuelve a ser objeto de cuestionamientos, más allá de la aplicación del denominado protocolo antipiquete. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó que el disparo se dirigiera a la cabeza de Grillo. Explicó que la acción se realizó siguiendo el protocolo de la Gendarmería Nacional, que indica que los efectivos deben disparar de forma oblicua al suelo.

Sin embargo, la División Balística de la Policía de la Ciudad junto a peritos de la querella y la defensa descartaron de manera concluyente que el gendarme Guerrero hubiera disparado siguiendo las indicaciones del manual oficial.

De acuerdo con el informe de la fuerza, la hipótesis de un disparo en ángulo de 45 grados hacia arriba o entre 30 y 45 grados hacia abajo quedó completamente descartada. El manual de las pistolas lanzagases, aportado por Gendarmería a la causa, establece que solo esos ángulos están permitidos para minimizar riesgos.

No obstante, la reconstrucción demostró que, en el caso de un disparo “en parábola” hacia arriba, el proyectil cayó a 156 metros del punto de origen, una distancia que triplica la que separaba a Pablo de Guerrero en el momento del disparo. Esto significa que, de haberse respetado el protocolo, el cartucho jamás habría impactado a la víctima en la forma en que lo hizo.

Bullrich defendió públicamente al gendarme, asegurando que actuó “como indican los manuales”, pero los videos del operativo mostraron a Guerrero disparando en ángulo horizontal y directamente hacia las personas, una práctica que los reglamentos prohíben de manera expresa debido a su alto grado de peligrosidad y letalidad.

Otro caso, la misma marcha

Este martes, en un expediente conexo dentro de la causa que investiga el accionar de las fuerzas durante la represión de la marcha del 12 marzo, también declaró el oficial de la Prefectura Naval Argentina, Sebastián Martínez. Es el agente acusado por las lesiones graves que sufrió Jonathan Navarro, un manifestante que perdió la visión del ojo izquierdo tras recibir un disparo de un arma no letal.

“En primera instancia quería declarar que soy inocente. Que cumplí con todos los reglamentos vigentes. Que cumplí con mi deber en el resguardo de los objetivos federales, como así también en resguardo de los propios manifestantes y el personal a mi cargo”, ratificó Martínez ante el juez Lijo. La indagatoria fue escueta y el prefecto prefirió no responder preguntas. Se reservó la posibilidad de ampliar su declaración por escrito más adelante.

Más allá del hecho que se le imputa, Martínez se tomó un momento para contar que, al igual que buena parte de los uniformados en la fuerza, atraviesa una situación económica complicada: “Mi hija tiene 4 años. Mi pareja trabaja. Entre los dos sueldos no nos alcanza. El mío solo es un sueldo de oficial de prefectura, no pasa del millón de pesos. El de mi pareja está en las mismas condiciones”, relató.

Al agente de la PNA se le atribuye haber usado un arma Byrna, modelo TCR, con la que habría disparado una munición de gas irritante desde una distancia de entre 5 y 6,5 metros. El proyectil le causó múltiples lesiones a Navarro, todas compatibles con un estallido del globo ocular, según consta en la causa.

La reconstrucción del disparo determinó que se efectuó de manera contraria a la reglamentación establecida por el Ministerio de Seguridad Nacional. Esta normativa indica que las zonas permitidas para el uso de estas armas son las extremidades y, en situaciones controladas, el tronco, debiéndose evitar la cabeza, el cuello y los genitales, a menos que se justifique un nivel elevado de fuerza.