El juez federal Sebastián Casanello ordenó el bloqueo de acceso a las cajas de seguridad de los principales involucrados en la investigación que se abrió tras la difusión de audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se mencionan presuntas coimas en contrataciones con droguerías proveedoras del Estado.
La medida judicial, que alcanza a exfuncionarios y empresarios, se dispuso mediante un oficio al Banco Central con el argumento de que en las cajas de seguridad no solo se guarda dinero sino también documentación, por lo que la decisión busca obturar la posibilidad de que se eliminen posibles pruebas relevantes para el expediente.
La orden, en rigor, fue dirigida contra el propio Spagnuolo y contra el exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel María Garbellini, además de la familia Kovalivker, vinculada a la droguería Suizo Argentina.
Las actuaciones se originaron a partir de una denuncia por los audios en los que se describían supuestos pagos ilegales asociados al suministro de medicamentos, lo que derivó en una serie de medidas de prueba para determinar si efectivamente existió un esquema de recaudación irregular ligado al sistema de salud.
En tanto, el juez Casanello indagó este lunes en los tribunales federales de Comodoro Py al jefe de seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, sospechado de haber colaborado en la fuga de Jonathan Kovalivker, empresario de la firma Suizo Argentina y uno de los principales señalados en la trama. La Policía de la Ciudad montó un operativo en los accesos al country de Tigre y requirió registros de ingresos y egresos para reconstruir los movimientos vinculados a los investigados. La presencia de fuerzas de seguridad en la entrada del barrio privado se mantuvo durante el fin de semana, en el marco de una batería de medidas que buscan establecer si existieron maniobras de encubrimiento.
El viernes por la noche la pesquisa avanzó sobre las oficinas de la ANDIS en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el área del programa Incluir Salud. Allí los efectivos secuestraron cinco computadoras, entre ellas la personal de Garbellini y otras utilizadas por personal administrativo, incluida una destinada a las contrataciones realizadas por la agencia. Los investigadores intentan determinar si hubo irregularidades en los procedimientos de adquisición de medicamentos con el Estado.
Pero los allanamientos no se limitaron a la sede estatal. Más de diez domicilios de la ciudad y el conurbano fueron abordados por la Policía de la Ciudad en simultáneo, luego de que el juez Casanello autorizara los pedidos formulados por el fiscal federal Franco Picardi, a cargo de la investigación en curso. Los procedimientos permitieron recolectar dispositivos electrónicos, documentación y registros que ahora serán analizados por los peritos.
El expediente tiene como eje verificar si los audios filtrados de Spagnuolo, que describían presuntas maniobras de cobro de retornos a empresas proveedoras, encuentran correlato en hechos concretos. Para ello se dispuso el secuestro y peritaje de los teléfonos celulares de los principales sospechosos.
Los análisis técnicos serán determinantes para rastrear comunicaciones, operaciones financieras y posibles evidencias digitales que permitan sostener la hipótesis de coimas en el circuito de provisión de medicamentos. En los próximos días, por su parte, el juez deberá resolver la situación procesal de todos los indagados, además de evaluar la información recolectada en los diferentes allanamientos y peritajes.
Mientras tanto, el bloqueo de las cajas de seguridad de los involucrados en la causa tiene como fin último garantizar que no se destruyan posibles elementos probatorios antes de que la investigación penal avance hacia una eventual imputación formal por los delitos de cohecho y asociación ilícita.
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