La Corte Suprema de la Nación ratificó el cierre de la causa Riachuelo —conocida como causa “Mendoza”, en referencia a la vecina que impulsó el proceso— al rechazar un recurso presentado por las partes actoras y diversas organizaciones no gubernamentales.
La decisión, firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, reafirma lo resuelto el 22 de octubre de 2024, cuando el máximo tribunal dispuso cesar en la supervisión del cumplimiento de su sentencia, dictada en 2008, y cerrar la intervención respecto del daño colectivo.
El origen del conflicto
El caso se inició en 2004, cuando un grupo de vecinos de la cuenca Matanza-Riachuelo demandó al Estado Nacional, la provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 44 empresas asentadas en sus márgenes, reclamando la recomposición del grave daño ambiental causado por décadas de contaminación.
Tras un extenso proceso, en 2008 la Corte dictó una sentencia histórica que reconoció la magnitud y complejidad del problema, que involucraba a tres niveles de gobierno, a empresas privadas, a organismos técnicos y a derechos fundamentales como el ambiente, la salud y la propiedad.
El tribunal consideró que se trataba de un “caso estructural” y aprobó el Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA), con tres objetivos centrales: mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca; recomponer el ambiente en sus componentes de agua, aire y suelo; y prevenir futuros daños.
Medidas de saneamiento
El fallo impuso medidas concretas: garantizar el acceso a información pública, controlar la contaminación industrial, sanear basurales, limpiar los márgenes del río, expandir la red de agua potable, construir obras cloacales, planificar desagües pluviales y ejecutar un plan sanitario de emergencia. La ejecución del programa quedó a cargo de los Estados demandados y de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR), con supervisión judicial directa.
Durante los primeros años, la Corte ejerció un control exhaustivo. Convocó audiencias públicas periódicas, exigió informes de avance, resolvió conflictos de competencia entre tribunales y fijó nuevos objetivos conforme a los progresos obtenidos.
Entre 2009 y 2018, el tribunal encabezó al menos ocho audiencias públicas y emitió numerosas resoluciones para impulsar la ejecución del plan. También dividió la competencia entre un juzgado federal de Morón y otro de la Ciudad de Buenos Aires, para atender distintas zonas y problemáticas.
Tarea cumplida
Con el paso del tiempo, la frecuencia de las intervenciones del tribunal fue disminuyendo. Si bien en 2024 todavía se solicitaban informes, la Corte entendió que la etapa de control institucional que le correspondía había sido cumplida.
Al ratificar ahora el cierre de la causa, el máximo tribunal remarcó que su papel fue garantizar el cumplimiento inicial y el ordenamiento de un proceso de saneamiento de enorme complejidad. Según la resolución, tras casi dos décadas de trabajo y seguimiento, la responsabilidad de continuar las tareas y asegurar su efectividad recae exclusivamente en las autoridades y organismos competentes, sin que sea necesaria la intervención directa de la Corte.
Con esta decisión, se cierra un capítulo judicial que marcó un precedente en materia de litigio ambiental en la Argentina.
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