En un gesto político que no se había visto hasta ahora, el procurador general de la Nación Eduardo Casal y 25 fiscales de Comodoro Py firmaron este lunes un acuerdo de diez puntos para reclamar por la falta de recursos con la que se pretende implementar el sistema acusatorio en los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires. Según advierten, no están dadas las condiciones para que entre en vigencia el 10 de noviembre, la nueva fecha estipulada por el Ministerio de Justicia.
Casal envió el viernes pasado un escrito al ministro Mariano Cúneo Libarona en el que insistió con que todavía hay graves carencias de infraestructura, personal y tecnología para aplicar correctamente el Código Procesal Penal Federal (CPPF). Horas antes, la cartera había anunciado la postergación del sistema acusatorio, que originalmente estaba previsto para el 11 de agosto.
Ahora los fiscales de los fueros Criminal y Correccional Federal de CABA y en lo Penal Económico -quienes se reunieron con Casal apenas regresaron de la feria judicial- mostraron su respaldo a esa nota, y extendieron su preocupación por las vacantes en el Ministerio Público Fiscal.
Según la Procuración, el Poder Ejecutivo tiene demorados 222 pliegos en cargos que hoy están subrogados.
De insistir con la implementación del sistema acusatorio en estas condiciones, “se compromete la actuación de este organismo y afecta la tramitación de causas complejas por hechos de corrupción, narcotráfico y otras conductas de impacto social”, advirtieron Casal y los fiscales.
El decálogo que acordaron
- Expresar su adhesión a los términos de la nota dirigida al Ministerio de Justicia de la Nación el pasado viernes.
- Manifestar que quienes se encargan de la implementación del CPPF comunican que se trata de un sistema que otorga mayores responsabilidades a los fiscales, sin embargo no existe un correlato con la asignación de los recursos para atenderlas.
- Considerarse preparados para llevar adelante causas de complejidad y así lo han demostrado, y que no debe confundirse el reclamo de herramientas para desarrollar sus labores bajo el nuevo sistema con falta de capacitación o desacuerdo con su instauración.
- La necesidad de que se haga efectiva la autarquía financiera del Ministerio Público Fiscal.
- La existencia de una preocupante falta de recursos para la implementación del sistema acusatorio. Es necesario fortalecer la representación del Ministerio Público, cubrir las vacantes existentes, dotar de más personal a las fiscalías (creación de cargos y traspaso), establecer cuerpos periciales propios, firmar convenios para asegurar la atención de los existentes, mejorar la situación edilicia y tecnológica, entre otras medidas de refuerzo.
- La necesidad de una mayor vinculación con las fuerzas de seguridad destinadas a generar cuerpos de investigaciones que sean auxiliares directos de los fiscales en las pesquisas de casos complejos.
- Analizar las normas referidas a la sustanciación de ese tipo de casos para hacer propuestas de reformas que permitan tramitarlos sin que resulte afectado el combate de la criminalidad organizada.
- La necesidad de retomar el diálogo interinstitucional y comprometer a todos los actores del sistema de justicia con abordar las dificultades que implica la puesta en marcha del sistema.
- Advertir que el tiempo que resta hasta el 10 de noviembre, no parece suficiente para realizar las adecuaciones necesarias.
- En resumen, de persistir en la puesta en marcha del sistema en estas condiciones se compromete la actuación de este organismo y afecta la tramitación de causas complejas por hechos de corrupción, narcotráfico y otras conductas de impacto social.
Entre los asistentes a la reunión en la Procuración estuvieron los fiscales de instrucción Eugenia Anzorreguy, José Luis Agüero Iturbe, Ramiro González, María Alejandra Mángano, Guillermo Marijuán, María Paloma Ochoa, Franco Picardi, Carlos Rívolo, Eduardo Taiano, Gerardo Pollicita y Carlos Stornelli.
También los fiscales de juicio Gabriela Baigún, Marcelo Colombo, Abel Córdoba, Juan Patricio García Elorrio, Fabiana León, Diego Luciani, Miguel Ángel Osorio y Diego Velasco.
Por el fuero Penal Económico asistieron Gabriel Pérez Barberá, Marcelo Agüero Vera, Germán Bincaz, Jorge Dahl Rocha, Claudio Navas Rial y María Gabriela Ruiz Morales.
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