Tras la feria judicial, se reactivarán causas clave contra Cristina Kirchner y otros exfuncionarios

Con la finalización de la feria judicial de invierno, y de cara a la última parte del año, los tribunales federales de Comodoro Py retomarán el tratamiento de varias causas de alto perfil que involucran a la ex presidenta Cristina Kirchner, al ex mandatario Alberto Fernández y a exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas. También se revisará la decisión de aplicar el juicio en ausencia para los 10 acusados del atentado terrorista a la AMIA, recientemente adoptada por el juez Daniel Rafecas.

La causa “Vialidad” es una de ellas. El Tribunal Oral Federal N°2, que juzgó el direccionamiento irregular de la obra pública en la provincia de Santa Cruz, estableció que el próximo 13 de agosto vencerá el plazo otorgado a CFK y a los otros ocho condenados para depositar 684.990 millones de pesos en concepto de decomiso. El monto corresponde al perjuicio económico generado al Estado por la maniobra por la cual la ex mandataria recibió una condena de seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua en 2022. Esa condena quedó firme en junio pasado tras la intervención de la Corte Suprema.

El decomiso, de carácter solidario, deberá efectuarse en una cuenta especial del Banco Nación. De no concretarse, se rematarán los bienes embargados de los condenados, entre los que figuran inmuebles, sociedades comerciales y divisas en efectivo.

En paralelo, se espera que el Tribunal Oral Federal 6 declare ese mismo día la apertura de los alegatos finales en el juicio por el intento de homicidio contra la expresidenta, ocurrido en septiembre de 2022 en las inmediaciones de su departamento. La fiscal del caso, Gabriela Baigún, formulará su acusación el 20 de agosto contra el supuesto atacante Fernando Sabag Montiel y sus presuntos cómplices Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. Los tres están detenidos y acusados por tentativa de homicidio agravado. Se espera que el tribunal dicte sentencia entre septiembre y octubre.

Otro de los expedientes que ingresará en su etapa decisiva es el caso conocido como “Cuadernos de las coimas”, donde se analiza un presunto esquema de corrupción con más de 150 involucrados. El TOC N° 7 citó a una audiencia preliminar el 24 de septiembre, vía Zoom, para organizar el inicio del juicio oral previsto para el 6 de noviembre. Cristina Kirchner volverá a sentarse en el banquillo de los tribunales de Comodoro Py, esta vez junto a exfuncionarios de su gobierno, como el ex ministro de Planificación Julio De Vido y su ex segundo Roberto Baratta, además de empresarios como Carlos Wagner, Ángelo Calcaterra -primo de Mauricio Macri- y Enrique Pescarmona. La acusación gira en torno a un supuesto sistema de recaudación de sobornos para asegurar contratos de obra pública. El debate incluirá a más de 600 testigos y se desarrollará por videoconferencia.

Las actuaciones del caso “Cuadernos” tuvieron inicio a partir de las anotaciones de Oscar Centeno, exchofer del Ministerio de Planificación, quien registró durante años los traslados de bolsos con dinero en efectivo desde empresas contratistas del Estado hacia oficinas y domicilios vinculados a exfuncionarios. Las libretas detallaban fechas, direcciones y montos, y fueron validadas por declaraciones de “imputados colaboradores”, tanto empresarios como exfuncionarios que admitieron la mecánica de cobros ilegales para asegurar contratos con la Administración Pública. La investigación abarcó hechos ocurridos entre 2003 y 2015.

La exmandataria, por lo demás, también permanece acusada en las causas “Hotesur-Los Sauces”, donde se estudia una presunto artilugio para lavar dinero a través del alquiler de hoteles y propiedades de la familia Kirchner a empresarios cercanos como Lázaro Báez y Cristóbal López. El juicio estará en manos del Tribunal Oral Federal 5 de Comodoro Py y contará con una treintena de imputados, entre ellos Máximo Kirchner, diputado nacional e hijo de la expresidenta.

Aún sin fecha concreta, al igual que en la causa donde Fernández de Kirchner se encuentra acusada por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, el TOC 5 está a la espera de la finalización de una serie de pericias contables solicitadas por las distintas defensas. Ya el fiscal Diego Velasco planteó que “se imprima celeridad a los dictámenes técnicos pendientes de culminación” y que “informen la fecha probable para el fin de su trabajo”.

Por otro lado, el Tribunal Oral Federal N° 4 se prepara para dar comienzo a la etapa de los alegatos el próximo 25 de agosto en el juicio por el caso Skanska, considerado el primer escándalo de corrupción del kirchnerismo. En estas actuaciones se juzgan supuestos pagos de coimas por parte de la empresa sueca para obtener contratos de ampliación de gasoductos en el país. Los principales imputados son Julio De Vido, el ex secretario de Obras Públicas José López y exdirectivos de Skanska. En total son 31 y se los acusa por los delitos de cohecho y administración fraudulenta.

Otro de los procesos que dará novedades durante la última parte del año en los tribunales federales de Comodoro Py está vinculado al ex presidente Alberto Fernández. Se trata de la presunta violencia de género ejercida contra su ex pareja y primera dama, Fabiola Yáñez. Ya a fines de junio pasado el fiscal federal Ramiro González había dado por concluida la instrucción de la causa por supuestas agresiones ocurridas durante la relación de pareja, que se extendió desde 2016 hasta agosto de 2024, e incluyó el mandato presidencial de Fernández entre 2019 y 2023.

Para la acusación, entre los elementos que corroborarían los supuestos ataques, calificados como lesiones graves y amenazas coactivas, se encuentran las imágenes de la demandante con moretones en el ojo derecho y en uno de sus brazos. Ahora será el juez Julián Ercolini quien deberá decidir en las próximas semanas si hay elementos suficientes como para enviar la causa a juicio.

A su vez, Fernández enfrenta una pesquisa por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, vinculada al escándalo de Nación Seguros. En ese trámite quedó procesado por orden del juez Sebastián Casanello por favorecer al broker Héctor Martínez Sosa -pareja de su secretaria privada, María Cantero- mediante el decreto 823/21, que obligó a todos los organismos del Estado a contratar pólizas con Nación Seguros. La acusación sostiene que se montó un esquema de intermediación aseguradora que habría beneficiado a personas del entorno del ex presidente, quien recibió un embargo por $14.634.220.283.

Así las cosas, antes de que empezara la feria judicial se incorporó al expediente un disco rígido como prueba con 16 GB de correos electrónicos de ex directores de la aseguradora estatal y se ordenó una pericia sobre el teléfono celular del ex jefe de Estado, en busca de mensajes y referencias a empresas, funcionarios y palabras clave relacionadas con el caso. El proceso incluye a más de 30 imputados, entre ellos ex funcionarios y operadores presuntamente involucrados en el cobro de sobornos a través de cooperativas. Los procesamientos fueron apelados y ahora el caso se encuentra bajo estudio de la Cámara Federal.

Ese mismo tribunal de Alzada deberá revisar la resolución del juez Daniel Rafecas que ordenó aplicar el juicio en ausencia para los 10 acusados del atentado terrorista a la AMIA. Para eso, los camaristas Mariano Llorens y Roberto Boico convocaron a una audiencia para el próximo 8 de agosto.

La decisión de aplicar la reciente ley que reformó el Código Procesal Penal para habilitar el juzgamiento en el país de acusados por delitos graves aun sin estar presentes en el territorio generó posturas enfrentadas. La AMIA y la DAIA avalaron la continuidad del proceso en ausencia. Por su parte, la Asociación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA), Memoria Activa y la Asociación 18J-Familiares y Amigos de las Víctimas en el Atentado a la AMIA y la defensa oficial que representa a los acusados se opusieron.

Por el ataque contra la sede de la mutual, ocurrido el 18 de julio de 1994 con un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos, 10 iraníes y libaneses quedaron acusados de haber ordenado, planificado y financiado el atentado y desde 2006 tienen pedidos de captura internacional con alertas rojas de Interpol. Se trata de Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar.