Condenan a un hombre por usar un DNI adulterado para cometer múltiples estafas en Córdoba

Un hombre de 50 años fue condenado a tres años de prisión condicional por haber usado un documento de identidad adulterado, con la foto propia pero los datos de otra persona, para solicitar préstamos, gestionar tarjetas y comprar electrodomésticos en distintos comercios de Córdoba. De acuerdo a la sentencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°2 cordobés, la maniobra le permitió adquirir productos y servicios por decenas de miles de pesos, generando deudas a nombre de la víctima, quien descubrió las múltiples estafas al recibir reclamos por operaciones que nunca había realizado.

La resolución contra Leonardo Paz fue dictada de manera unipersonal por la jueza de cámara María Noel Costa, quien dio cierre a un proceso que tramitó bajo la modalidad de juicio abreviado. En ese proceso, el imputado fue declarado autor penalmente responsable por un total de nueve hechos: dos por uso de documento público adulterado y siete por estafa, cometidos entre noviembre de 2016 y enero de 2017.

Según la acusación del auxiliar fiscal Augusto Richter, el imputado, dedicado a la albañilería, utilizó un DNI a nombre de otra persona llamada Leandro -pero con su propia fotografía- para realizar gestiones fraudulentas en entidades públicas y distintos comercios de la capital de Córdoba. Las actuaciones evidenciaron que Paz se presentó en un organismo estatal, una entidad financiera y varias casas de electrodomésticos, donde acreditó una identificación tipo “libreta verde” a nombre del tercero, que se encontraba adulterada porque tenía inserta su foto en lugar de la original. Con esta maniobra obtuvo créditos, bienes de consumo y tarjetas de crédito, lo que derivó en perjuicios económicos para los comercios y una serie de reclamos al verdadero titular del documento, quien había denunciado su extravío años atrás en una comisaría.

De acuerdo a la sentencia a la que tuvo acceso Infobae, el expediente tuvo inicio el 11 de enero de 2017 a raíz de una denuncia formulada por Leandro, tras un llamado telefónico que recibió su padre en su línea fija, en el que se le reclamaba una deuda contraída a su nombre en un comercio de venta de electrodomésticos ubicado en el centro de la capital cordobesa. Leandro se presentó personalmente en el local, donde el encargado le informó que la compra había sido realizada el 20 de febrero de 2016 mediante una tarjeta de crédito del negocio. Le exhibió, además, una foto del DNI utilizado en la transacción: si bien los datos filiatorios coincidían con los suyos, la imagen correspondía a otra persona, al igual que la dirección consignada en la operación.

El encargado le recomendó a la víctima que recorriera otros comercios de la zona para consultar por posibles operaciones realizadas a su nombre. Eso le permitió detectar que en otro local de electrodomésticos se había producido la misma situación, con idéntica modalidad. Al consultar a la empleada del lugar si podía informarle sobre más transacciones similares en otros comercios, ella le respondió que no tenía permitido brindar esa información, pero sí le mencionó que distintas entidades habían estado consultando sus datos, entre ellas una entidad bancaria, otra casa de electrodomésticos, una emisora de tarjetas de crédito y financieras.

El Ministerio Público Fiscal comenzó las tareas para dar con la identidad del comprador. A la par, el afectado fue ampliando su denuncia a medida de que recibía otros reclamos por deudas de productos que no había adquirido.

A través de estos artilugios, el imputado obtuvo un televisor LED de 40” por $16.319,22; un ventilador de mesa y una cocina de 56 cm con cuatro hornallas por $15.097,60; una notebook, un teléfono celular, dos accesorios tecnológicos y una bebida por $42.454,28; otro teléfono celular y dos dispositivos electrónicos por $18.996; y, finalmente, un cortapelos eléctrico y un celular de alta gama por $30.567,10. Todos estos productos fueron comprados entre el 11 de noviembre de 2016 y el 20 de enero de 2017 mediante créditos personales o planes de financiación por un total de $168.815,20.

En el marco de las pesquisas, y según consignó la resolución firmada esta semana por el Tribunal Oral Federal de Córdoba N°2, un oficial de la Policía de la provincia de Córdoba se dirigió al domicilio declarado en las distintas operaciones fraudulentas. En ese lugar entrevistó a empleados de hoteles y hostels de la zona, quienes identificaron al sospechoso como Leonardo Martín Paz. Lo describieron como un huésped habitual que solía irse sin pagar los servicios. Incluso exhibieron una foto que circulaba en un grupo de WhatsApp como mecanismo de alerta entre los alojamientos para evitarlo. La imagen coincidía con la del DNI adulterado usado en las estafas.

A partir de ese dato, el oficial localizó un perfil en Facebook a nombre del sospechoso. Una de las fotos cargadas en su cuenta lo mostraba junto a un auto que, tras ser verificado en la base de datos policial, figuraba registrado en la localidad de Berrotarán. Al constatar ese domicilio, vecinos confirmaron que Paz se hospedaba ahí con frecuencia, ya que vivía su madre. También indicaron que solía trabajar en el campo de un familiar en Río de los Sauces. Poco después, los agentes lo ubicaron en esa localidad, donde un cabo policial lo reconoció y aportó su dirección habitual. Con toda esta información, el 1º de diciembre de 2017 la Fiscalía imputó formalmente a Paz por estafa y ordenó su detención, así como allanamientos en los domicilios relevados, donde se incautó documentación bancaria, manuscritos y fotocopias de DNI de otras personas.

Así las cosas, el 4 de febrero de 2019 la justicia provincial se declaró incompetente para continuar interviniendo en la causa, en tanto los hechos investigados -vinculados al uso de un DNI adulterado como medio para cometer múltiples estafas- correspondían al fuero federal.

El caso quedó en condiciones de iniciar su etapa oral, pero la defensora pública oficial Ana María Blanco y el fiscal Richter, con la venia del imputado, presentaron una propuesta de juicio abreviado para evitar la continuidad del trámite penal. Así, la presidenta del TOCF 2 de Córdoba se dedicó a evaluar los elementos del acuerdo para terminar dictando su validación.

“Con las pruebas acumuladas en la presente causa se ha acreditado, con el grado de certeza requerido en esta etapa del proceso, la existencia de los hechos narrados y el grado de participación de Leonardo Martín Paz en los mismos -calificados en concurso real-. Así, acreditan los hechos la investigación llevada a cabo por personal policial, la documentación y archivos incorporados, como así también las declaraciones testimoniales“, señaló la jueza María Costa.

El acusado recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional, además de las accesorias legales y costas del proceso. Además, quedó obligado a fijar domicilio, notificar al tribunal cualquier cambio de residencia y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.