Un exsecretario judicial fue condenado a cuatro años de prisión por ordenar escuchas para espiar las llamadas de su esposa y un presunto amante

El exsecretario penal del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, Pablo Molina, fue condenado a cuatro años de cárcel por el delito de abuso de autoridad: cuando se desempeñaba como secretario de dicho juzgado, en el contexto de una investigación por narcotráfico, el funcionario ordenó intervenir líneas telefónicas y finalmente se determinó que lo que buscaba era espiar a su esposa y a un presunto amante.

El veredicto fue dictado por el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corriente, que además inhabilitó a Molina a ejercer cargos públicos por un lapso de ocho años.

“Este es un caso más de este funcionario, que está vinculado también a recibir coimas de los narcotraficantes para liberarlos”, indicó el fiscal general de Corrientes, Carlos Schaefer, en comunicación con Todo Noticias.

Y definió: “Obviamente, este es un caso inédito porque lo que hizo esta persona fue agregar dos teléfonos más a una investigación de narcotraficantes, pero que era para escuchar a su mujer y a otra persona. Es un caso histórico para nosotros”.

Previamente, Schaefer, junto al fiscal coadyuvante de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), Martín Uriona, solicitaron al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes que Pablo Carlos Molina sea condenado a cinco años de prisión.

Los fiscales también habían pedido la inhabilitación absoluta y especial por el doble del tiempo de la pena. El proceso judicial había comenzado el 13 de junio. El tribunal a cargo del caso estuvo integrado por los jueces Juan Manuel Moreira, Fabián Cardozo y Jorge Gallino. En tanto, la defensa de Molina, durante su alegato presentado en la última audiencia, había solicitado su absolución.

La acusación formal contra Molina sostiene que el 11 de septiembre de 2014, en su calidad de secretario a cargo de la Secretaría Penal N°2 del Juzgado Federal N°1 de Corrientes, confeccionó y firmó un oficio judicial. Este documento contaba también con la rúbrica del entonces juez federal Carlos Soto Dávila. En el mismo se informaba, de manera falsa, a la Dirección de Observaciones Judiciales de Zona Corrientes de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que existía una orden de intervención telefónica sobre dos líneas vinculadas, supuestamente, a una pesquisa por narcotráfico.

Según la investigación, las líneas intervenidas correspondían a la esposa de Molina y a un allegado de ella, a quienes el exsecretario sospechaba de mantener una relación afectiva. La fiscalía estableció que esta maniobra encubría un uso indebido de su función pública, al utilizar recursos del Estado para resolver una situación personal.

Por estos puntos es que Schaefer determinó que actualmente también están pidiendo el procesamiento de Soto Ávila por encabezar una asociación ilícita.

El caso se descubrió en marzo de 2019, cuando personal judicial que realizaba un relevamiento encontró 28 discos compactos con grabaciones resultantes de las escuchas ilegales efectuadas entre el 18 de septiembre y el 1 de octubre de 2014. En muchas de las comunicaciones, aparece el propio Molina manteniendo conversaciones con su pareja en las que emitía insultos y amenazas. Debido a estos hechos, el tribunal que lleva adelante la causa principal se declaró incompetente en relación con los delitos de amenazas y remitió las actuaciones a la justicia provincial de Chaco, lugar de residencia de la víctima y de Molina, para su investigación específica.

Al momento en que se descubrieron los discos compactos, Molina ya había sido apartado de su cargo en la Secretaría Penal N°2 del Juzgado Federal N°1 de Corrientes. Esta decisión fue tomada por la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, a raíz de una imputación recibida en otra causa relacionada con hechos de corrupción ocurridos en 2016.

En esa investigación, junto al exjuez Soto Dávila y otros funcionarios, Molina fue procesado en abril de ese año por el Juzgado Federal N°2 de Formosa. Se los acusó de entregar vehículos que estaban secuestrados en el marco de una causa por lavado de activos provenientes del narcotráfico.

“Él lo que le pedía al personal de Gendarmería es que se hagan las escuchas y que se las traigan personalmente a él. Cuando fue desplazado, se encontraron estos CD en su despacho y ahí empezaron a hacer las escuchas; y se escuchó lo que decía su mujer, pero también lo más anecdótico es que hablaba él en algunas de esas escuchas”, relató el fiscal general correntino.

En junio de 2023, tanto Molina como Soto Dávila fueron condenados por aceptar sobornos a cambio de resoluciones judiciales favorables para personas vinculadas con el narcotráfico. Soto Dávila recibió una condena de seis años de prisión, mientras que Molina fue sentenciado a cinco años. En diciembre de 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal agravó las penas al considerarlos jefe y miembros de una asociación ilícita dedicada a la protección de narcotraficantes.

Sin embargo, no es el único caso que Molina deberá enfrentar en un futuro próximo. En este punto, Schaefer confirmó: “Ahora viene una nueva causa donde se quedaron con autos de lavado de dinero, prácticamente se lo entregaban a ellos mismos. Y cuando esto se confirme, pedimos que se ejecute la pena”.

Durante los alegatos expuestos el 2 de julio, los fiscales destacaron que el oficio con el que se justificó la intervención ilegal de las líneas fue firmado el mismo día en que se confeccionó una resolución judicial que benefició a Carlos Alberto Bareiro, alias “Cachito”. Este referente narco de la localidad de Itatí fue excarcelado mediante el pago de un soborno de un millón de pesos, según la acusación fiscal. Tanto Molina como Soto Dávila integraron ese circuito de favores judiciales, según los datos expuestos ante el tribunal.

En el actual juicio, Molina fue el único acusado que llegó a la instancia de debate oral, aunque Soto Dávila también está imputado en el expediente. La situación procesal del exjuez se encuentra en revisión ante la Cámara Federal de Casación Penal.

El Ministerio Público Fiscal presentó un recurso contra la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes, que había confirmado el sobreseimiento dictado por la jueza María Belén López Mace, titular del Juzgado Federal N°2 de Formosa.