La Cámara Federal porteña revocó el sobreseimiento de Oscar Aguad, exministro de Telecomunicaciones, y de otros siete exfuncionarios nacionales en la causa que investiga presuntas presiones e intimidaciones contra Daniel Vila, entonces presidente de Supercanal SA y Arlink SA, durante los años 2016 y 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri.
La decisión, firmada por los jueces Martín Irurzun, Eduardo Farah y Roberto Boico, afecta también a Mario Quintana (exvicejefe de Gabinete), Francisco Canese Méndez, Justina Ponferrada, Miguel De Godoy, Jorge Luis Camps, Juan Manuel Mocoroa y Juan Manuel Cañada.
El tribunal hizo lugar al recurso presentado por el fiscal Guillermo F. Marijuán, quien había cuestionado la decisión del juez interinamente a cargo del juzgado federal 6, Daniel Rafecas, que dispuso el cierre de la investigación y el sobreseimiento de los imputados.
El fiscal sostuvo que aún restan medidas de prueba por realizar y que debe avanzarse en la investigación, incluyendo llamado a indagatoria de Mario Quintana. El pedido de Marijuan fue respaldado en la Cámara por el fiscal José Luis Agüero Iturbe.
El origen de la causa
La causa se originó a partir de la denuncia que señalaba que funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional habrían presionado a Daniel Vila para que desistiera de una medida cautelar en trámite ante la Cámara Federal de Mendoza y liberara el espectro radioeléctrico adjudicado a Arlink SA, con el objetivo de beneficiar a otra empresa en la prestación de servicios de comunicaciones 4G. Entre los señalados en la denuncia figuraban, entre otros, Mauricio Macri, Quintana, Aguad y De Godoy.
Durante la instrucción, se realizaron diversas diligencias para reconstruir los pasos del expediente, como verificar visitas a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada, analizar comunicaciones entre Vila y los funcionarios, y determinar el destino del espectro radioeléctrico en disputa. También se tomaron declaraciones a los imputados y testigos, y se incorporó un informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas sobre las adjudicaciones de espectro.
Inicialmente, Marijuan presentó una denuncia a partir de los hechos relatados por Vila, quien había declarado que Macri le solicitó el desistimiento a cambio de ayudarlo a vender sus empresas, y que, ante la negativa, se iniciaron acciones judiciales y administrativas que consideró presiones.
El Estado, a través de Aguad, argumentó en su defensa que la denuncia penal contra Arlink S.A. respondía a incumplimientos contractuales y no a una maniobra intimidatoria.
Luego de analizar diversos testimonios así como el trámite de la licitación y la posterior recuperación del espectro, la investigación en primera instancia concluyó que las acciones estatales estuvieron dentro de sus competencias y que el conflicto correspondía a la órbita administrativa y política, no penal.
La decisión de la Cámara
En el fallo firmado este 17 de julio, la Cámara señaló que “las medidas realizadas hasta aquí parecen respaldar los datos objetivos aportados, es decir, la existencia de las diversas reuniones que tuvieron como principales intervinientes a Vila, Macri y Quintana, las comunicaciones mantenidas, los acuerdos informales a los que arribaron y los compromisos asumidos”.
No obstante, los jueces advirtieron que “poco se avanzó para conocer si –efectivamente– esos extremos enmarcan dentro de la hipótesis penal de esta causa, es decir, si las acciones –por su forma, por su método, por la finalidad, por los actores intervinientes y por las atribuciones funcionales– son la evidencia de los ilícitos denunciados”. Por ello, resolvieron revocar los sobreseimientos y ordenar que la investigación continúe.
La situación actual
El tribunal dispuso que la situación procesal de los imputados quede enmarcada por el artículo 309 del Código Procesal Penal, que establece la “falta de mérito” cuando no existen elementos suficientes para procesar ni para sobreseer. Además, ordenó que se reciban las declaraciones testimoniales pendientes, entre ellas las de David Martínez y Arturo Elías Ayub, y que se realicen las demás medidas probatorias que el juez considere necesarias.
En el texto de la resolución, los jueces remarcaron: “En razón de lo expuesto, y hasta tanto se reúnan los elementos necesarios para esclarecer debidamente los hechos y sus eventuales responsables, no cabe sino revocar las desvinculaciones decididas y encomendar al juez que proceda con celeridad a profundizar la investigación de conformidad con el impulso propiciado por la acusación”.
El juez Eduardo G. Farah agregó en su voto: “acompañaré su propuesta de revocar el cierre de la investigación con el solo fin de que se reciban las testimoniales pendientes (las de Martínez y Ayub) y se disponga la realización de las demás medidas probatorias que el juez de grado entienda conducentes para esclarecer en forma definitiva lo sucedido”.
La decisión de la Sala II de la Cámara Federal implica que la investigación por presuntas presiones e intimidaciones a Daniel Vila continuará y que los imputados permanecerán bajo investigación hasta que se reúnan elementos suficientes para definir su situación procesal.
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