Gil Lavedra respaldó la prórroga del sistema acusatorio en Comodoro Py

El presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), Ricardo Gil Lavedra, respaldó la reciente decisión del Ministerio de Justicia de postergar por tres meses la implementación del sistema acusatorio en los tribunales federales de Comodoro Py y de la justicia Penal Económica. Si bien calificó al modelo procesal como una “transformación clave” para el ámbito judicial, advirtió que la postergación “es oportuna y razonable” en tanto “permitirá continuar fortaleciendo las condiciones necesarias para una transición exitosa”.

La entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) en el distrito judicial de la Ciudad de Buenos Aires estaba prevista para el próximo 11 de agosto, pero fue diferida por la cartera de Justicia, en manos de Mariano Cúneo Libarona, que justificó la medida en “reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción”. Según un comunicado oficial del viernes pasado, la prórroga de tres meses es “excepcional e improrrogable”.

“Se trata de una transformación clave para una justicia más ágil, oral, transparente y eficiente”, señaló Gil Lavedra al referirse al modelo acusatorio aprobado en 2014, que ya opera en lugares como Salta, Jujuy, Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata. Luego subrayó: “es oportuna y razonable la prórroga dispuesta para su puesta en marcha en la Justicia Penal Federal y Penal Económica con jurisdicción en la Ciudad de Buenos Aires, ya que permitirá continuar fortaleciendo las condiciones necesarias para una transición exitosa”.

La entidad porteña expresó su adhesión al proceso de reforma y su “acompañamiento activo” en su aplicación concreta. En ese plano, tanto el titular del CPACF como el secretario general, Martín Casares, mantuvieron reuniones con las máximas autoridades de la Corte Suprema de Justicia , la Procuración General y el Ministerio de Justicia, con el objetivo de hacer llegar las inquietudes de la matrícula y coordinar acciones que fortalezcan la implementación del nuevo sistema de reglas procesales, que le otorga la conducción de las pesquisas a los fiscales y el rol de garante a los jueces.

Desde el Gobierno, la decisión fue presentada como una medida orientada a garantizar la “plena coordinación entre los tres poderes del Estado”, y no como un retroceso en la implementación proyectada. “Este Gobierno considera que la transformación cultural iniciada es irreversible, que el sistema judicial penal federal cuenta con recursos suficientes para poner en marcha esta reforma, y que la Justicia debe adaptarse a un país austero, sin privilegios ni excusas corporativas”, publicó la cartera de Justicia el viernes pasado.

“Desde el inicio de la implementación -continuó el mensaje oficial-, y de forma permanente, este Ministerio ha brindado asistencia técnica, financiera e institucional como consecuencia de años de desidia y desinversión por parte de la casta política y judicial, que postergó injustificadamente la implementación de un sistema que acorta la duración de los procesos y permite la ejecución de una política criminal estratégica y racional“.

Y remató: “Las deficiencias edilicias y tecnológicas no justifican ni habilitan que se incumpla una ley vigente desde hace más de una década. No obstante, como consecuencia de reiterados reclamos del Ministerio Público Fiscal, vinculados a la falta de preparación suficiente para investigar casos complejos en esta jurisdicción, esta cartera resuelve diferir la entrada en vigencia por un plazo excepcional e improrrogable de tres meses”.

Sin embargo, desde el Colegio Público de la Abogacía alertaron por ciertas disparidades existentes entre los abogados particulares y los ministerios públicos en relación a las "asimetrías estructurales que enfrentan los abogados y abogadas que ejercen de manera particular, quienes no cuentan con equipos técnicos ni estructuras de apoyo como las que poseen los ministerios públicos”.

También advirtieron: “Sin un abordaje institucional de esta situación, podría verse afectado el principio de igualdad de armas en juicio, con consecuencias negativas tanto para la profesión como para las personas involucradas en los procesos penales”.

En ese marco, el CPACF lanzó el “Programa de Capacitación y Seguimiento de la Reforma Procesal Penal Federal”, una iniciativa que incluye cursos presenciales, virtuales y asincrónicos, con acceso gratuito para jóvenes profesionales. La oferta contempla módulos prácticos de más de veinte horas, además de charlas, conferencias y encuentros con especialistas, institutos, facultades y organizaciones de la sociedad civil.

También puso en práctica una renovación de las salas de profesionales en los tribunales federales de las avenidas Comodoro Py y de los Inmigrantes con el propósito de adecuar la infraestructura al nuevo paradigma acusatorio, que delinea un proceso más expeditivo regido por la oralidad y la digitalidad de los expedientes.

“La reforma procesal penal es un paso indispensable, y su implementación requiere preparación, coordinación institucional y diálogo”, concluyó Gil Lavedra.

Así las cosas, desde el ministerio que preside Cúneo Libarona informaron que el CPPF “comenzará a regir en la Justicia Federal de la Ciudad de Buenos Aires a partir de las 00:00 horas del próximo 10 de noviembre del corriente año”, mientras que el cronograma estipulado para Corrientes y Resistencia -1º de diciembre, según la Resolución N°143/2025- “se mantendrá sin modificaciones”.

A la hora de articular las medidas para la futura puesta a punto del Código Procesal Penal Federal en el distrito porteño, en los tribunales de Comodoro Py continúan las tareas vinculadas a la adecuación edilicia. Según informaron desde el Ministerio de Justicia, próximamente se completará el acondicionamiento de un conjunto inicial de seis salas de audiencias: cuatro para el fuero federal y dos para el penal económico. También dieron cuenta de la incorporación de equipamiento tecnológico con computadoras y dispositivos UFED, destinados a la apertura de teléfonos móviles y al análisis pericial de información fiscal.

La cartera de Justicia comenzó a su vez a desarrollar un programa de reestructuración que contempla traslados internos y externos en las sedes de Comodoro Py y la avenida de los Inmigrantes, con la finalidad de reorganizar los espacios de trabajo bajo la nueva dinámica acusatoria. En ese orden, se está contemplando la posibilidad de un traspaso gradual de personal desde los juzgados hacia las fiscalías, en el marco de un proceso sujeto a planificación.