La Justicia reactivó una causa contra familiares de Raúl Martins, el ex espía de la SIDE vinculado a la prostitución VIP

La Justicia sorteó esta semana uno de los múltiples obstáculos que tiene en el camino hacia el juicio la causa contra el ex espía Raúl Martins (76), a quien le atribuyen haber sido dueño de varios prostíbulos VIP en la Ciudad de Buenos Aires. Tres personas de su círculo más íntimo -su pareja, su suegra y su cuñada- que habían sido sobreseídas por el delito de asociación ilícita volvieron a ser incorporadas al expediente, por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal.

La Sala IV, compuesta por los jueces Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos anuló el sobreseimiento de Estela Percival, Natalia Percival y Virginia Solís, quienes además ya habían sido procesadas por lavado de dinero en el Juzgado Federal N° 1 de María Romilda Servini.

La saga judicial que involucra a la familia Martins empezó hace más de dos décadas, con varios expedientes en distintos juzgados. Esta causa -de todas, la que más prosperó- se centró en la posible existencia de una red criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres y el blanqueo del dinero que generaba esa actividad.

Según la acusación que se elevó a juicio y aguarda en el Tribunal Oral Federal N° 7, el clan se habría dedicado de manera “sostenida e ininterrumpida en el tiempo” a ofrecer servicios de prostitución en diversos locales de la Ciudad, para luego reintroducir el dinero obtenido ilícitamente en el mercado legal, ocultando su verdadero origen.

A lo largo de los años, el exespía de la SIDE fue vinculado a más de una decena de prostíbulos, pero en la presente causa se tienen en cuenta solo tres de ellos, en un período que va de noviembre de 2010 a octubre de 2014. Siempre los lugares mantenían una fachada de “whiskerías, bares o clubes nocturnos”.

Más allá de la explotación sexual en sí misma, se trata de un caso gravitante por las sospechas alrededor de la clientela de Martins. Según aseguró la hija del principal acusado y denunciante de la causa, Lorena Martins, por los prostíbulos pasaron políticos y otras figuras del poder que, sin saberlo, habrían sido filmados con cámaras ocultas para eventuales extorsiones.

Las hermanas Percival y su madre, Virginia Solís, habrían sido las encargadas de las maniobras de lavado. Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, Estela Percival y su mamá compraron inmuebles, un vehículo y una camioneta de alta gama con dinero que no pudieron justificar.

Natalia Percival, la cuñada del agente, además tuvo incrementos patrimoniales irrisorios, dato que se respaldó con la constatación de cajas de seguridad y cuentas bancarias a su nombre.

El 28 de octubre de 2024, la jueza Servini decretó el procesamiento sin prisión preventiva de las tres mujeres, considerándolas coautoras de asociación ilícita en concurso real con lavado de activos. Además, se trabaron embargos sobre sus bienes y dinero por 20 millones de pesos a cada una.

Sin embargo, en febrero de este año la Cámara Federal porteña las sobreseyó por la presunta asociación ilícita y confirmó los procesamientos por lavado.

Para fundamentar esta decisión, el tribunal adhirió a un planteo de la defensa: no alcanza con la “cercanía familiar” para sustentar una acusación de tal magnitud.

La fiscalía interpuso un recurso de Casación, en el que comparó la situación de las mujeres con la de otro imputado: Leandro Taboada, uno de los acusados de regentear los prostíbulos. Sucede que en la misma resolución que dictó los sobreseimientos, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Taboada por asociación ilícita.

Esto, sumado a que la explotación sexual y el posterior lavado de dinero eran actividades inherentes, incurría en una contradicción de los jueces de alzada, según alegó la fiscalía en su apelación.

En su voto mayoritario, el juez Javier Carbajo validó el pedido de la fiscalía y recordó que este delito, de “peligro abstracto”, sanciona la “toma de parte de una asociación sin necesidad de que se acredite intervención penalmente relevante en los delitos que específicamente cometa la agrupación”.

Asimismo, destacó que no se ponderó el “aporte relevante” que la gestión de lavado de capitales significaba para la organización. La imputación por lavado de activos, cuya “razonabilidad no se encuentra en tela de juicio”, puso en jaque el sobreseimiento por asociación ilícita, ya que las supuestas contribuciones de las acusadas en favor del grupo criminal, en el marco de su vínculo familiar con Martins, permiten “sustentar fundadamente” la acusación en esta etapa del proceso.

El juez Gustavo Hornos, en el mismo sentido, opinó que en esta instancia del caso solo se requiere una “verdad meramente probable” de la hipótesis acusatoria. El sobreseimiento, en cambio, demanda una “certeza negativa”: tener asegurado que el hecho no ocurrió, no constituye un delito, o la persona imputada no lo cometió.

Para el juez Borinsky, que votó en contra, la Cámara Federal porteña valoró correctamente que la “mera vinculación” de las mujeres con Raúl Martins “no resultaba suficiente” para procesarlas por asociación ilícita.

Fuentes judiciales con acceso a la causa confirmaron a Infobae que la extradición del ex espía sigue trabada en el Poder Judicial de México. Uno de los recursos que presentó Martins está pendiente de revisión en la Suprema Corte de Justicia de ese país, donde está detenido con prisión preventiva desde 2019.

En un dictamen conjunto que elaboraron en 2018 la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) y la Fiscalía Federal N°6, los fiscales expusieron entre sus hipótesis que el negocio de la prostitución que encabezaría Martins todavía tendría vigencia tanto en la Argentina como en Cancún.

La Justicia argentina podría avanzar con la flamante herramienta del juicio en ausencia. Es una opción que se está barajando en los tribunales de Comodoro Py, según pudo saber este medio.

Esa figura se le podría aplicar solo a Raúl Martins. No se puede avanzar en el mismo sentido con uno de sus hijos, Ariel Martins -quien está prófugo y fue declarado rebelde- porque no tiene un conocimiento formal de los delitos que le imputan.