La Cámara Federal de Casación Penal volvió a colocar al empresario Lázaro Báez en el centro del escenario judicial al ratificar la nulidad de su absolución en una causa por evasión tributaria agravada. Se trata de una maniobra que, según estimaciones de la ex AFIP, habría generado un perjuicio de más de 60 millones de pesos al fisco nacional entre 2013 y 2015.
Con el voto mayoritario de los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, Casación declaró inadmisibles los recursos extraordinarios presentados por las defensas, quienes intentaban revertir el fallo de mayo pasado que anuló la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) de Resistencia, el cual había absuelto a Báez y a sus allegados Julio Enrique Mendoza, Claudio Fernando Bustos y Jorge Oscar Chueco.
La causa gira en torno a una serie de operaciones simuladas entre Austral Construcciones —la firma insignia de Báez— y la sucesión de la empresa Adelmo Biancalani, radicada en el Chaco. Según la acusación, Báez había adquirido los derechos hereditarios de esta firma en quiebra y, a través de ella, instrumentó contrataciones ficticias que se justificaban con facturación falsa. Obras viales como un tramo de la Ruta Nacional 86 en Formosa fueron abandonadas, pero las facturas igualmente se computaron como gastos ante el fisco.
Beneficios fiscales
Además de la facturación apócrifa, el expediente señala que se utilizaron beneficios fiscales de forma indebida y se omitió declarar ingresos en IVA y Ganancias, lo que conformaría una maniobra de evasión agravada. La ex AFIP calculó que solo en IVA se evadieron más de 40 millones de pesos en tres años, mientras que el perjuicio total rondaría los 4 millones de dólares al tipo de cambio actual.
En septiembre de 2024, el TOF de Resistencia había desestimado los cargos contra los cuatro imputados, argumentando que la maniobra era “fácilmente detectable” y que los criterios de la AFIP eran “laxos” o “confusos”. Sin embargo, Casación consideró que se trató de una fundamentación arbitraria, con “fisuras de logicidad” y sin valoración integral de la prueba presentada en el juicio.
Por eso, en mayo pasado, la Sala IV de Casación anuló ese fallo y ordenó el reenvío del expediente para que se dicte una nueva sentencia. Las defensas presentaron recursos extraordinarios para revertir esa decisión, pero Casación ahora los rechazó por considerarlos “inadmisibles” ya que, según los jueces Borinsky y Hornos, no plantean una cuestión federal debidamente fundada.
En disidencia, el juez Javier Carbajo opinó que los recursos sí debían ser admitidos por estar en juego garantías constitucionales como el debido proceso. No obstante, la mayoría impuso su criterio.
De esta forma, el caso vuelve a manos del Tribunal Oral de Resistencia, que deberá emitir una nueva resolución frente a una causa que había intentado dar por cerrada.
Mientras tanto, Báez —ya condenado en otras causas por lavado de dinero— permanece detenido en una cárcel de Santa Cruz, y suma un nuevo frente judicial por maniobras fiscales que comprometen directamente a su conglomerado empresarial.
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