La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó una queja presentada por la defensa de Juan José Ferreyra, uno de los acusados en el expediente por corrupción en el programa de viviendas conocido como “Sueños Compartidos”. Con la decisión unánime del tribunal, quedó ratificada la postura del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5, que había denegado el sobreseimiento planteado por el imputado.
Ferreyra está sospechado de integrar un circuito financiero utilizado durante el gobierno kirchnerista para desviar fondos públicos asignados a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, presidida entonces por Hebe de Bonafini y administrada por los hermanos Sergio y Pablo Schoklender para la construcción de viviendas sociales. Según la acusación, entre enero de 2010 y junio de 2011 recibió 78 cheques provenientes de la cuenta corriente N.º 54961 que la Fundación tenía en el Banco Provincia, por un total de $2.572.645,93, sin que existiera contraprestación alguna vinculada a obras.
La investigación sostiene que Ferreyra participó en el “complejo dispositivo financiero montado para desviar de su destino específico y dar apariencia lícita” a parte de los fondos transferidos por la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a cargo de Julio de Vido. Esos recursos estaban destinados formalmente a financiar obras adjudicadas a la entidad de las Madres en el marco del programa por el Estado nacional.
El caso se inició en mayo de 2011, a partir de una investigación periodística que tuvo fuerte repercusión en plena campaña electoral. La instrucción quedó inicialmente en manos del juez federal Norberto Oyarbide, quien concentró las pesquisas en los Schoklender y sus allegados, y excluyó a Bonafini. En agosto de 2013, la Cámara Federal resolvió anular lo actuado y apartar a Oyarbide por las deficiencias en su trabajo. Desde entonces, el expediente quedó a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi.
En 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri, De Giorgi procesó a Sergio y Pablo Schoklender, a Bonafini, al ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala y al ex secretario del área José López. Posteriormente se sumó el exministro de Vido. En 2019, el magistrado elevó a juicio el tramo principal de la causa, que también incluyó al contador Alejandro Gotkin y al financista Fernando Caparrós Gómez, señalado como propietario de la financiera donde se habrían descontado numerosos cheques.
Por otro lado, fueron desvinculados del expediente mediante sobreseimientos los ex gobernadores e intendentes que firmaron convenios con la Fundación, entre ellos Gerardo Zamora, Jorge Capitanich, Maurice Closs, Darío Giustozzi, Miguel Lifschitz, Alejandro Granados y Julio Zamora.
En los últimos años, la causa incorporó nuevos imputados mediante elevaciones parciales a juicio oral. A su vez, la misma Sala IV del máximo tribunal penal ya había intervenido con anterioridad para revocar los sobreseimientos de tres allegados a los Schoklender: Leonardo Hubscher, Walter Cavagliato y Federico Segura.
Según surge de las actuaciones, el programa “Sueños Compartidos” implicó el desvío de $206.438.454, lo que representa el 23,54% de los $750 millones transferidos por el Estado para construir viviendas sociales y centros sanitarios. En el auto de elevación a juicio de 2019, el juez De Giorgi afirmó que la fundación fue seleccionada “en forma directa, sin sustentación legal válida tanto en el orden nacional como en el ámbito provincial y/o municipal”, y que no se realizaron licitaciones ni se aplicaron los distintos mecanismos de control administrativo exigidos por ley.
El juicio oral aún no tiene fecha de inicio. El fiscal de la causa Diego Velasco requirió en su momento al Tribunal Oral Nº 5 que fijara un plazo para la realización de una serie de pericias pendientes, a fin de evitar mayores demoras en la apertura del debate.
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