Con el juicio en ausencia cada vez más cerca, se tensó la puja por los archivos secretos en la causa AMIA

En los tribunales de Comodoro Py 2002, el juez Daniel Rafecas reunió este jueves a las partes involucradas en la causa AMIA por la desclasificación de los archivos secretos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) que podrían contener información relacionada con el atentado. El proceso de revisión de documentos viene demorado y, con el juicio en ausencia en camino, desde las querellas advirtieron que podrían perderse pruebas relevantes para llegar a la verdad. El Juzgado tomó medidas para acelerar la cuestión y prepara otras más, entre ellas una posible citación al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

El problema comienza por las condiciones edilicias del Palacio Baralo, donde se almacenó toda la documentación de los espías que encontraron en esta sede y otras dos de las calles Estados Unidos y Salta. La infraestructura del lugar no permite analizar ahí mismo los archivos, por lo que la UFI-AMIA los traslada, con colaboración de Prefectura Naval, hacia las oficinas de la fiscalía.

Allí se escanea y digitaliza cada papel, cinta magnética o VHS, pero todo ese proceso “es lento y genera pérdidas de tiempo y recursos, que son escasos”, según definió en la audiencia de hoy el fiscal Pablo Ouviña, quien conduce el Área de Análisis de los documentos secretos.

Tampoco hubo buenas noticias de parte de la Unidad Especial AMIA -que depende del Ministerio de Justicia- sobre los avances en las refacciones del edificio Barolo. El funcionario que asistió en representación del organismo lamentó apenas haber podido enviar pedidos de cotización a dos empresas para arreglar el primer piso, donde debería ocurrir el análisis.

Ante la falta de progreso en ese frente, el juez Rafecas adelantó que citará al ministro Cúneo Libarona a la próxima reunión, o bien al secretario de Justicia, Sebastián Amerio, para imprimirle celeridad al asunto. El subrogante del Juzgado Federal N° 6 también decidió convocar a este tipo de audiencias cada tres meses, cuando hasta ahora se hacía una cada semestre y la última, de hecho, había sido en mayo de 2024.

Entre todo el conjunto de documentos de la SIDE hay desde pruebas que serán de máximo valor para el juicio hasta papeles con anotaciones totalmente irrelevantes. La mayoría de esos documentos no se conocen públicamente y su divulgación está prohibida, salvo algunos informes de los que se habilitó su publicidad.

En la audiencia, además, la UFI-AMIA confirmó que presentará tres informes nuevos con documentos desclasificados de la SIDE. Se trata de los casos “Trío”, “Kanoore Edul” y “Triple Frontera”.

El último, según pudo saber Infobae, es el de mayor peso por la complejidad y opacidad de los hechos investigados. Se espera que con su publicación se esclarezca la actividad que desarrollaron los espías del Estado en ese territorio, en el marco de las averiguaciones previas al atentado.

El caso “Trío” lleva ese nombre por la operación homónima que desplegó la Secretaría de Inteligencia para investigar en 1990 al “Testigo A” -empresario y espía que el diario La Nación identificó como Majid Parvas- y dos de sus socios.

Y el informe “Kanoore Edul”, por último, contendrá los archivos vinculados a este empresario, su familia y su entorno, quien había sido ligado a la “pista siria” y ahora tiene pendiente de resolución su sobreseimiento.

Si bien parte de esta información ya trascendió a partir de investigaciones periodísticas, hasta ahora no lo había hecho de forma integral y oficial el Ministerio Público Fiscal.

Con el juicio en ausencia en el horizonte, las querellas demandaron finalizar de una vez con la desclasificación de archivos secretos: “Algunas cosas que antes eran tolerables, como la falta de recursos, hoy ya no lo son. La habilitación del juicio cambió el escenario, y por un lado se decidió avanzar por una autopista y por otro se va con un carro a caballo”, planteó el abogado Rodrigo Borda, de la asociación Memoria Activa.

En la misma línea, otros querellantes también se quejaron por el incumplimiento del decreto 213/2020, que ordenó hacer pública “toda aquella información brindada desde el Estado Nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y demás delitos conexos”.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, que preside el juez Jorge Gorini, no permite a las partes -según denunciaron- difundir el material de inteligencia que se trató en el juicio por el encubrimiento del atentado, en el que hubo ocho condenas y cinco absoluciones, entre estas la del ex presidente Carlos Menem.

Otro de los obstáculos que quieren superar los representantes de las víctimas antes del juicio es una incógnita que la SIDE no está ayudando a resolver: ¿en sus bases de datos hay más información vinculada al atentado de la que nunca se tuvo conocimiento?

Es que el año pasado el juez Rafecas, por pedido del fiscal Sebastián Basso, titular de la UFI-AMIA, había solicitado a la Secretaría de Inteligencia una búsqueda con términos específicos en sus sistemas.

En marzo de 2025 contestaron (sin confirmar que hayan buscado) que no hay más información de la que ya se entregó.

Rafecas respondió en duros términos: “Es claro que la contestación no da respuesta a lo que se le solicitó, ni cumple con la manda de la decisión judicial. Más aún, resulta una ironía la afirmación de haberse entregado toda la existencia de información” porque el contenido “carece de inventario”, dictó el mes pasado, en una de las últimas resoluciones que tiene la causa.

Aunque no prometió nada, el juez subrogante escuchó la sugerencia de uno de los querellantes: allanar las oficinas de la SIDE para incautar esa información que estarían ocultando. Otro no fue tan lejos, y pidió renovar el exhorto.

Aunque con matices, todas las querellas coinciden en la necesidad de revelar lo que esconden esos pasillos de carpetas y cajas acumuladas. “Estamos parados en el mismo lugar que cuando se llevó a juicio la causa por encubrimiento. Se hizo un juicio con todos los archivos cerrados. ¿Cuál fue el resultado? Todos los acusados de encubrimiento fueron absueltos”, planteó una de las abogadas de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia).

Y concluyó: “Hoy podemos ver en los documentos secretos que conocemos que si hubiéramos contado con esa información al momento del juicio por encubrimiento, si la hubiéramos podido hacer pública en ese momento, no estamos tan seguros de qué hubiera pasado con los encubridores”.

El Juzgado Federal N° 6 decidió en junio enviar a juicio a Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Ahmad Vahidi, Hadi Soleimanpour, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari, Salman Raouf Salman, Abdallah Salman y Hussein Mounir Mouzannar, todos funcionarios iraníes y/o miembros de Hezbollah.

La acusación principal es por el delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y con el objetivo de causar sufrimiento por motivos raciales, religiosos u odio étnico.

Además, los imputaron por lesiones graves y gravísimas a las víctimas heridas, y daños agravados a los inmuebles y vehículos destruidos. También se incluyó la participación en una organización armada con el objetivo de imponer sus ideas por la fuerza, un delito con penas que van de 5 a 15 años de prisión.