La Fiscalía define si vuelve a pedir que CFK cumpla su condena por corrupción en una cárcel

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola definen en estos días si vuelven a pedir que la ex presidenta Cristina Kirchner cumpla en una cárcel su condena de seis años de prisión por la causa “Vialidad”. Tienen plazo hasta el jueves próximo a la mañana para apelar el fallo del Tribunal Oral Federal 2 que le concedió a la ex mandataria la prisión domiciliaria en su departamento de la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat.

Todo indica que sí lo harán porque en otras dos oportunidades ya plantearon que Cristina Kirchner debe estar detenida en alguna de las dependencias federales que el gobierno nacional informó que cumplen con los requisitos de seguridad por su condición de ex presidenta y por el intento de homicidio que sufrió en 2022.

Los fiscales trabajan con hermetismo el tema, informaron a Infobae fuentes judiciales. El plazo que tienen para hacerlo es hasta el próximo jueves a las 9.30 horas. Si vuelven a pedir la detención en una cárcel intervendrá la Sala IV de la Cámara Federal de Casación. Ese tribunal ya tiene para resolver el régimen de visitas que impuso el Tribunal Oral y que la defensa de la ex presidenta objetó. También les llegará la apelación por el uso de la tobillera electrónica.

Cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena de la ex presidenta y así la dejó en condiciones de cumplirse, Luciani y Mola pidieron su “inmediata” detención y de los otros ocho condenados en el caso.

El Tribunal Oral les dio un plazo de cinco días hábiles para presentarse y quedar detenidos y comenzar a cumplir la pena. En ese tiempo, la defensa de la ex presidenta pidió su prisión domiciliaria. La Fiscalía se opuso.

“No se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”, argumentaron los fiscales.

La defensa de la ex mandataria, a cargo de los abogados Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, plantearon que por su condición de ex presidenta y el intento de homicidio que sufrió en septiembre de 2022 una cárcel o una dependencia de fuerzas federales no eran lugares donde se podía garantizar la detención de Cristina Kirchner. También señalaron que tiene 72 años.

En su dictamen, los fiscales habían considerado que Cristina Kirchner no alegó ningún motivo de salud para no estar en una prisión y que el argumento de la edad no es una obligación, sino que la ley dice que “podrá” otorgársela. Y sobre las cuestiones de seguridad, la Fiscalía sostuvo que eso se puede neutralizar en los lugares de detención que propuso la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

El Tribunal Oral le otorgó la detención en su departamento. Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso señalaron que la detención en una cárcel es “una opción difícil de compatibilizar con una protección efectiva de sus derechos fundamentales” de seguridad y que además implicaría un aislamiento para que pueda estar bajo resguardo .

Esa decisión es la que los fiscales deben decidir si apelan para que se vuelva a analizar dónde debe estar detenida la ex presidenta.

Ese eventual análisis estará a cargo de la Sala IV de Casación, integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. El tribunal ya tiene un tramo de la causa para la resolver. Es sobre el régimen de visitas.

El Tribunal Oral, entre las condiciones de la prisión domiciliaria, le impuso a Cristina Kirchner que sus familiares, médicos, abogados y custodios podían ir a visitar sin pedir autorización judicial. Para eso la defensa presentó una lista con las personas. Pero todos los demás deben pedir autorización.

La ex presidenta objetó ese límite porque sostuvo que no está reglamentado en ninguna norma, que en otros casos de prisiones domiciliarias no se aplica y que el tribunal no fundamentó su decisión. La defensa pidió que eso sea reconsiderado, lo que los jueces rechazaron. Así, apeló para que intervenga Casación.

La Sala IV fichó una audiencia para el próximo 7 de julio a las 12 horas para escuchar los argumentos. Luego de eso quedará en condiciones de resolver.

Casación también deberá analizar una apelación que la semana pasada hizo la defensa de la ex presidenta sobre el uso de una tobillera electrónica que le impusieron los jueces. El tribunal debe resolver si acepta la apelación.

La defensa reclama que le quiten la tobillera. En su apelación, los abogados señalaron que “tiene un fuerte contenido simbólico” que “se convierte en un castigo adicional”. “La indebida imposición de un dispositivo de monitoreo electrónico hace que éste deje de ser una herramienta de control, para transformarse en un elemento de punición”, señalaron en el escruto al que accedió este medio.

Beraldi y Llernovoy dijeron que la tobillera no evita que una persona se fugue de su prisión domiciliaria -lo que ha ocurrido en otros casos- sino que el dispositivo alerta cuando sale del perímetro permitido. Sobre ese punto sostuvieron que no hay ningún riesgo respecto de Cristina Kirchner.

Explicaron que siempre estuvo a derecho en la causa, que cuando viajó al exterior regresó en el tiempo que había pedido y lo informó al tribunal, que es una persona pública por lo que en la calle no pasaría desapercibida y que tiene custodia de la Policía Federal.

También aportaron un informe de especialistas internacionales que concluyeron que no se le debe poner una tobillera electrónica a la ex presidenta. La defensa pidió que cuando Casación trate el tema cite a la audiencia a por lo menos dos de esos expertos.