Quiénes son y qué cargos enfrentan los acusados que irán a juicio por el atentado a la AMIA

Diez iraníes y libaneses serán sometidos a un juicio en ausencia por el atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994 en Buenos Aires. Así lo determinó este miércoles el juez federal Daniel Rafecas.

Entre los acusados hay miembros de la organización Hezbollah y funcionarios del régimen de la República Islámica de Irán, señalados por el auspicio institucional, logístico, financiero y político del plan terrorista que mató a 85 personas.

Todos los acusados fueron declarados “rebeldes” por la Justicia argentina, dado que no se presentaron o evadieron los requerimientos judiciales a pesar de conocer la existencia del proceso en su contra.

• Alí Fallahijan: Quien se desempeñó como Ministro de Inteligencia y Seguridad de Irán entre 1989 y 1997. La acusación lo señaló como el coordinador de los agentes de inteligencia iraní en el marco del atentado.
• Alí Akbar Velayati: Diplomático iraní, y Ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán entre 1981 y 1997. Se le atribuyó la provisión de cobertura diplomática para la operación.
• Mohsen Rezai: Comandante del Cuerpo de los Guardianes de la Revolución entre 1993 y 1994. Se le imputó planificar operativamente el ataque junto a Ahmad Vahidi, a través del Pasdaran.
• Ahmad Vahidi: Comandante de la fuerza Al Quds, perteneciente al Cuerpo de los Guardianes de la Revolución en 1993 y 1994. La acusación indicó su participación en la planificación operativa.
• Hadi Soleimanpour: Embajador de la República Islámica de Irán en Buenos Aires en 1994. Se le adjudicó el encubrimiento y la facilitación desde la Embajada iraní en la capital argentina. Abandonó el país dieciocho días antes del atentado.

• Ahmad Reza Asghari (o Mohsen Randjbaran): Tercer Secretario de la Embajada de Irán en Argentina desde 1991 hasta 1994. Se le acusó de la gestión del correo diplomático y tareas de enlace. Salió del país solo diez días antes del ataque.
• Mohsen Rabbani (alias Khokat Al Aslam Muñan): Religioso y diplomático, se acreditó como Consejero Cultural de la Embajada de Irán en Argentina desde marzo de 1994 hasta mayo de 1998. Se le señaló como el diseñador y ejecutor de la logística local del atentado. Realizó gestiones bancarias, consultas sobre vehículos similares al utilizado y comunicaciones telefónicas sospechosas en los días previos al hecho.
• Salman Raouf Salman (alias Samuel Salman el Reda, Salayman o Sulayman Rammal): Con pasaportes colombianos, la acusación lo vinculó a la coordinación de la fase final del atentado. Se le imputó coordinar el grupo operativo que llevó adelante la detonación.
• Abdallah Salman (también conocido como José El Reda, Manuel Gutiérrez, Salomons Abdalla, Abdallah Rammal y Abadía Ramal): Nacido en Líbano. Fue declarado rebelde en agosto de 2023. Como miembro de Hezbollah, habría asistido a Salman Raouf Salman.
• Hussein Mounir Mouzannar: Habría tenido el mismo rol que Abdallah Salman. También fue declarado rebelde en agosto de 2023.

Según determinó la UFI AMIA, a cargo del fiscal Sebastián Basso, la decisión de cometer el atentado se adoptó el 14 de agosto de 1993, en la ciudad iraní de Mashhad, durante una reunión del “Comité de Asuntos Especiales” del régimen iraní.

En esa reunión estuvieron presentes las más altas autoridades del Estado, incluyendo al entonces Presidente Alí Akbar Rafsanjani (fallecido), el Ministro de Relaciones Exteriores Alí Akbar Velayati, el Ministro de Información Alí Fallahijan y el Líder Supremo Alí Khamenei, quien emitió la orden ejecutiva que habilitó la operación.

Mohsen Rabbani y Ahmad Reza Asghari participaron como consultores. El “plan” lo diseñó la Oficina de Inteligencia y Seguridad del régimen iraní -según reconstruyó la investigación- integrada por los mencionados y por los jefes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria (Pasdaran), Mohsen Rezai y Ahmad Vahidi, jefe de la Fuerza Quds.

Para la logística del atentado, la operación se ejecutó con el apoyo de una estructura de inteligencia clandestina montada en Argentina desde la década de 1980, articulada alrededor de Mohsen Rabbani y con base en la mezquita “At-Tauhíd” de Buenos Aires.

Esta red, bajo cobertura diplomática, realizó tareas de espionaje, recolección de información y coordinación con agentes de Hezbollah en la zona de la Triple Frontera. Desde allí, Salman Raouf Salman, alternó residencias entre Buenos Aires y esa región, y se hizo cargo de la coordinación de la fase final del ataque.

El fiscal afirmó que el Estado iraní y sus representantes patrocinaron y facilitaron sistemáticamente, desde 1979 hasta la fecha, las acciones armadas de Hezbollah fuera del territorio libanés, constituyéndose en cooperadores necesarios para la comisión de diversos actos de terrorismo internacional, incluido el de la AMIA.

La acusación principal es por el delito de homicidio doblemente agravado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y con el objetivo de causar sufrimiento por motivos raciales, religiosos u odio étnico.

Además, imputaron lesiones graves y gravísimas a las víctimas heridas, y daños agravados a los inmuebles y vehículos destruidos. También se incluyó la participación en una organización armada con el objetivo de imponer sus ideas por la fuerza, un delito con penas que van de 5 a 15 años de prisión.

La Justicia consideró a los imputados como coautores, partícipes necesarios o instigadores, en función de su contribución en la toma de decisión, planificación, financiamiento, coordinación operativa, provisión de cobertura diplomática o encubrimiento posterior. La fiscalía indicó que los hechos se consideraron en concurso real, lo que posibilita una pena única que contemple la pluralidad de conductas delictivas.

La decisión de juzgar en ausencia se basa en que los imputados tienen pleno conocimiento del caso, a partir de la amplia difusión mediática nacional e internacional, las gestiones ante Interpol que resultaron en notificaciones rojas, y declaraciones públicas de los propios imputados.

Adicionalmente, la Argentina realizó pedidos de extradición a los gobiernos de Irán y El Líbano entre 2006 y 2023, los cuales fueron infructuosos. La vigencia de órdenes de captura por casi dos décadas y la falta de resultados positivos en los procesos de extradición cumplieron con los requisitos para que el debate oral avance sin la presencia de los acusados.