La DAIA denunció amenazas antisemitas contra el juez Mariano Borinsky tras el fallo en la causa Vialidad

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) presentó una denuncia penal ante la justicia federal y se constituyó como querellante por las amenazas y expresiones discriminatorias de carácter antisemita dirigidas contra el juez Mariano Borinsky, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal. Los mensajes, que circularon en la red social X (ex Twitter), surgieron luego de que quedara firme la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa “Vialidad”, en cuyo expediente intervino el camarista votando por la confirmación de la pena de la exmandataria.

La denuncia fue radicada tras la difusión de publicaciones que, según planteó la DAIA, constituyen delitos de acción pública como amenazas, apología del delito y violación de la ley antidiscriminatoria N° 23.593, promulgada en agosto de 1988.

Los contenidos agresivos se difundieron a través de un usuario que todavía no fue individualizado e incluyeron imágenes y textos que asociaron al magistrado con amenazas lanzadas por el régimen de Irán, una amenaza explícita de violencia contra su persona y una serie de referencias basadas en históricos estereotipos antisemitas utilizados durante la época del nazismo.

Ante estos episodios, la Cámara Federal de Casación Penal expresó formalmente su solidaridad con Borinsky en un Acuerdo de Superintendencia celebrado este martes, bajo la presidencia del juez Daniel Petrone. Los magistrados consideraron que las publicaciones formaban parte de una campaña de hostigamiento personal basada en razones religiosas y el ejercicio de la función judicial del afectado.

Además del titular del máximo tribunal penal del país, en la reunión participaron los camaristas Diego Barroetaveña, Juan Carlos Gemignani, Angela Ledesma y el propio Borinsky.

Pero el caso Borinsky no es un hecho aislado. En las últimas semanas se multiplicaron las expresiones de hostigamiento dirigidas contra miembros del Poder Judicial, especialmente a raíz de la decisión de la Corte Suprema de Justicia que, el 10 de junio pasado, dejó firme la condena contra la exmandataria en el expediente por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El contexto de tensión institucional fue advertido por distintas organizaciones judiciales, tanto a nivel nacional como internacional.

De hecho, entre las agresiones más recientes se incluye una serie de amenazas dirigidas contra el juez de Casación Carlos Mahiques. En Mercedes, su ciudad natal, aparecieron carteles con su foto y la de sus hijos Ignacio, fiscal federal, y Juan Bautista, procurador general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También se registraron mensajes intimidatorios contra el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. Una de las pintadas realizadas cerca de su domicilio en Santa Fe contenía la leyenda “Rosatti ojo” junto a una imagen simbólica, lo que derivó en el refuerzo de su custodia.

La investigación por este último hecho está a cargo de la Unidad Fiscal Federal de Santa Fe. Según confirmaron fuentes judiciales, un hombre identificado como Roberto Mauricio Acosta fue detenido en su vivienda, donde se secuestraron panfletos con la imagen de la expresidenta y la consigna “proscribirla no te llena la heladera”, ocho teléfonos celulares y una remera con simbología partidaria. La causa continúa en trámite en el fuero federal.

Paralelamente, se difundieron amenazas contra otro de los ministros del Máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti. En la red social X circuló una imagen de una casa en llamas acompañada del mensaje “la casa de Lorenzetti en breve en Rafaela”. En ese marco, la Junta de Presidentes de Cámaras Nacionales y Federales, presidida por el juez Javier Leal de Ibarra, manifestó su “más enérgico repudio” frente a lo que calificó como “un contexto de extrema violencia institucional”.

“Estas amenazas atentan contra la independencia del Poder Judicial de la Nación y la integridad del sistema republicano de gobierno”, advirtió la Junta, que instó a una “seria reflexión” de todos los actores políticos y sociales para evitar que se profundicen los ataques y preservar la vida institucional del país.

En términos similares se pronunció la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), presidida por el juez argentino Marcelo Gallo Tagle, quien expresó su preocupación por “las manifestaciones públicas de diferentes sectores que pretenden condicionar el ejercicio independiente de la función judicial”. El organismo regional consideró que dichas expresiones constituyen una “injerencia indebida” sobre decisiones jurisdiccionales ya adoptadas.

En su pronunciamiento, la FLAM citó normas internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan la independencia judicial y prohíben presiones o amenazas contra quienes ejercen funciones en el ámbito jurisdiccional. En línea con esos estándares, exhortó a “respetar la independencia de los jueces y evitar todo acto de amedrentamiento”.

A su vez, los consejeros del estamento judicial del Consejo de la Magistratura -Barroetaveña, Lugones, Díaz Cordero y Provítola- junto al propio Gallo Tagle, difundieron una declaración en la que reafirmaron que “el Poder Judicial ejerce una autoridad pública fundada en la ley, cuya observancia es condición indispensable para la vigencia del régimen democrático”.

Dicho también incluyó un llamado a la reflexión y alertó que toda tentativa de coacción para modificar el sentido de una decisión judicial “carece de eficacia” y sólo contribuye a “degradar la credibilidad institucional”.