
El ex apoderado de la financiera S.G.I. Fabián Rossi y otros cuatro detenidos en la causa de lavado por la “Ruta del dinero K” fueron trasladados desde una dependencia de la Policía Federal, donde estaban detenidos desde el lunes para comenzar la cumplir sus condenados, a la cárcel federal de máxima seguridad de Marcos Paz.
Fuentes judiciales informaron a Infobae que el traslado fue ordenado porque la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA) es un lugar de tránsito y no había cupo para que sigan detenidos allí. Así fueron trasladados a Marcos Paz, donde estarán hasta tanto que se resuelvan sus pedidos de prisión domiciliaria que ya comenzaron a tramitarse.
Junto con Rossi fueron llevados a la cárcel del Servicio Penitenciario Federal (SPF) César Fernández, ex empleado de la financiera S.G.I, Juan Alberto De Rasis, ex empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado, el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro.
Marcos Paz es una de las cárceles de máxima seguridad del país que queda en esa localidad bonaerense. Allí, entre otros, están alojados los jefes narcos de Rosario, como Ariel “Guille” Cantero, líder de “Los Monos”, pero en un régimen especial de aislamiento por ser un detenido de alto perfil.
El lunes también quedó detenido también Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, la principal compañía del empresario Lázaro Báez -también condenado y preso en la causa-. Pero Mendoza está internado porque el viernes pasado, cuando se ordenó su detención, sufrió una “descompensación”. El juez del Tribunal Oral Federal 4 Néstor Costabel le ordenó a la Policía Federal una “consigna policial permanente” hasta que tenga el alta médica para que luego sea detenido.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la semana pasada las condenas de los acusados de haber participado del lavado de dinero 55 millones de dólares a través de bancos en el extranjero y el reingreso al país a través de bonos. Entre ellas, la de Báez a 10 años de prisión. Con esa decisión, las penas de cumplimiento efectivo -que son las de más de tres años de prisión- quedaron en condiciones de ejecutarse.
El fiscal Abel Córdoba pidió la detención de Rossi -quien tuvo trascendencia en el caso porque cuando ocurrió era el marido de Iliana Calabró-, de Fernández, de De Resis, de Castro, de Molinari y de Mendoza. Todos tienen penas superiores a los tres años y nunca habían estado detenidos.
Se presentaron este lunes en los tribunales de Comodoro Py y fueron trasladados hasta la Superintendencia para que queden detenidos allí hasta que se resuelvan sus pedidos de prisión domiciliaria. Los acusados alegaron problemas de salud y en algunos casos más de 70 años, la edad a partir de la cuál se puede pedir el arresto domiciliario por razones etarias.
Pero desde la Policía Federal informaron que la Superintendencia es un lugar de detención transitoria y que no podían seguir alojados allí hasta que se resuelvan los pedidos de detención domiciliaria, lo que puede demorar una o dos semanas más. La justicia ya ordenó que serán revisados por el Cuerpo Médico Forense pero todavía no se fijó fecha para sus exámenes. Así, pasaron a la órbita del SPF.

También está pendiente la situación de detención de Báez, de su hijo Martín, del abogado Jorge Chueco y del contador Daniel Pérez Gadín. Todos ellos ya estuvieron detenidos, tanto en una prisión como en domiciliaria,, y luego fueron excarcelados. Lázaro Báez continúa detenido en una casa de El Calafate, Santa Cruz, en otra causa por lavado de dinero en la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay, en la que tiene una condena no confirmada de cuatro años y seis meses de prisión.
Con la confirmación de la condena se hizo el cómputo de pena de lo que les restan cumplir y el fiscal Córdoba pidió que Báez, Chueco y Pérez Gadín vuelvan a la cárcel porque le resta cumplir parte de la condena. En el caso de Martín Báez solicitó su libertad condicional.
En el caso de Báez, el empresario estuvo preso en la cárcel federal de Ezeiza del 5 de abril de 2016 hasta el día 12 de diciembre de 2019 cuando fue excarcelado porque se cumplieron los tres años de prisión preventiva sin condena. Así, el computo que hizo el juez Costabel es que Báez estuvo preso tres años, seis meses y ocho días y que por la condena de 10 años de prisión le resta cumplir seis años, seis meses y 22 días.
Pero la defensa de Báez, a cargo del abogado Juan Villanueva, objetó que al empresario se le tomen tres años y medio de detención. Villanueva sostuvo en una presentación que cuando Báez fue liberado en la causa de la “Ruta del dinero K” quedó detenido bajo prisión domiciliaria por el campo en Uruguay que forma parte del mismo expediente. En esa perspectiva Báez lleva nueve años y dos meses de prisión.
El Tribunal Oral Federal 4 deberá resolver si Báez regresa a prisión.
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