
Leonardo Cositorto empezó a transitar este miércoles en Salta el segundo juicio en su contra por estafas reiteradas y asociación ilícita, delitos que habría cometido a través del presunto esquema piramidal que armó con Generación Zoe.
Fue una primera audiencia con obstáculos: después de que se postergara -a último momento- el comienzo del proceso, el gurú financiero presentó un hábeas corpus, cambio de abogado por segunda vez en una semana y su nueva defensora pidió que se anule el inicio del debate oral y público.
En la causa que se tramita en la Justicia provincial salteña hay 118 inversores damnificados. Junto a Cositorto, otras cuatro personas están siendo juzgadas, señaladas como socios de lo que fue la sucursal local de Zoe: Ricardo Isaac Vilardel, Jorge Vilardel, Ana Lucía de los Ángeles Vilardel y Vilma Albornoz.
La audiencia de este miércoles comenzó con la formalidad de la lectura del requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal, representado por la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio, subrogante de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC).

Después se oficializó la renuncia del defensor privado de Cositorto, Franco Tolaba, quien participó por videoconferencia porque estaría fuera de la provincia. Duró apenas algunos días: hasta la semana pasada, el gurú financiero era asistido por la defensora oficial Cecilia Martínez, a quien decidió reemplazar poco antes del juicio.
Por ese primer cambio de abogados, el tribunal había decidido postergar el inicio del debate -previsto para el 29 de mayo- hasta hoy.
Ahora, ante la Sala I del Tribunal de Juicio, integrada por los jueces Martín Pérez, Javier Aranibar y Leonardo Gabriel Feans, Cositorto ratificó la revocación del poder otorgado a Tolaba y manifestó que no contaba con otro abogado particular en ese momento.
Ante esta situación, se le informó que, de acuerdo con la legislación, se le asignaría una defensora oficial para continuar. Tras un breve cuarto intermedio, volvió a asumir la representación la abogada que estaba en un principio: Cecilia Martínez.
Inmediatamente la letrada presentó un planteo de nulidad sobre el juicio. Según argumentó, existió una violación de la garantía constitucional de defensa en juicio, y sostuvo que los constantes cambios de abogados habían dejado a Cositorto en “un estado de indefensión”.

La defensora alegó que no se habían resuelto cuestiones como la imposibilidad del acusado de presentar pruebas o de designar un abogado de su confianza, elementos que, según su visión, habrían comprometido la equidad del procedimiento hasta ese momento.
Los jueces corrieron vista a los demás acusados, las querellas y la fiscal Salinas Odorisio, quien solicitó el rechazo del planteo de nulidad, como era de esperar. Pero también fue más allá: denunció que el enroque de defensas es una estrategia para obstaculizar el desarrollo del juicio.
“Lo único que percibí es una fuerte catarsis de la defensora oficial porque inició el juicio, a pesar de todas las artimañas que se han implementado para impedir la realización de este debate”, se quejó la fiscal.
Además, sostuvo que el recurso “carecía de sustento jurídico y fáctico”, indicando que, desde el punto de vista procesal, un pedido de nulidad de esta índole no corresponde en esta etapa y que, de ser pertinente, debería resolverse una vez finalizado el debate.
La fiscalía defendió también que todos los plazos procesales fueron cumplidos, que el imputado tuvo amplias oportunidades de ofrecer pruebas a través de sus sucesivas defensas, y que en ningún momento estuvo en estado de indefensión.
La parte querellante, que representa a los ahorristas presuntamente estafados, adhirió a los argumentos de la fiscalía. Mientras que la defensa particular de los otros cuatro imputados, a cargo del abogado Fernando Díaz Zabalaga, acompañó el planteo de la defensora oficial de Cositorto, sumándose a la solicitud de nulidad.
Al término de todas las exposiciones, el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta mañana a las 9.30, momento en que se espera la resolución de la disputa que amenaza con poner en peligro la continuidad del debate.
Cositorto está detenido provisoriamente en la Alcaidía General de la ciudad de Salta, donde permanecerá hasta escuchar el veredicto de este juicio. La fecha tentativa que estimó el tribunal para dar el veredicto es el 27 de junio de este año, según precisaron fuentes judiciales a Infobae, aunque los inconvenientes relatados podrían prolongar el debate.
Cabe recordar que la Justicia de Corrientes condenó en febrero a Cositorto, a la pena de 12 años de cárcel como líder de una asociación ilícita y coautor del delito de estafa. También tiene causas pendientes en Córdoba, Santa Fe y la Justicia Federal.
Últimas Noticias
Rechazaron por falta de pruebas el pedido de una mujer para ser indemnizada por delitos de lesa humanidad
La demandante alegó haber sido víctima de torturas durante el terrorismo de Estado, pero la Cámara Federal de La Plata consideró que no aportó evidencia médica ni psicológica que justifique el resarcimiento

Apelaron la decisión del Juzgado de Río Gallegos que habilitó a Cristina Kirchner para votar en octubre
Lo hizo el fiscal federal Julio César Zárate y ahora definirá la Cámara Nacional Electoral. Una jueza había declarado la inconstitucionalidad de artículos del Código Penal y el Código Nacional Electoral para mantener en el padrón a la expresidenta

Causa Neonatal: analizan pedir la nulidad del juicio porque una jurado confesó que conocía a una de las imputadas
Melina Abril Soria fue una de las ocho personas que definió las condenas y absoluciones del caso. También dijo que se atendió en el hospital donde ocurrieron los asesinatos seriales de bebés

La Corte Suprema ordenó revisar la adopción de una niña y puso el foco en el derecho de los padres biológicos
La decisión obliga a reconsiderar el vínculo familiar en una historia marcada por recursos, rechazos y la necesidad de atender los planteos de todas las partes en este tipo de procesos

Confirmaron el procesamiento de 52 agentes del Servicio Penitenciario por una represión violenta en Ezeiza
Uniformados, jefes de sector y directores están cerca de ir a juicio por torturas. También hay médicos que habrían falsificado documentos para ocultar las agresiones
