En el marco de una iniciativa que busca impulsar la adopción de un Código de Ética para los magistrados del Poder Judicial de la Nación, y así “garantizar un servicio de justicia que inspire confianza en la sociedad”, el presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, recibió este martes a la consejera de la Magistratura Jimena de la Torre; a la presidenta de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), Mariel Margarita Tschieder; y a la titular del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Rosalía Silvestri, con el fin de firmar un proyecto conjunto.
El encuentro se llevó adelante en la sede central del Colegio Público de la Abogacía porteño, en avenida Corrientes 1441. Allí, las autoridades suscribieron los documentos que luego serían presentados ante el Consejo de la Magistratura de la Nación y remitidos por copia a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.
A la hora de pronunciarse sobre la propuesta, Gil Lavedra sostuvo que “es muy importante recuperar la confianza en la conducta de los jueces y de las juezas”, y subrayó que quienes ejercen la magistratura “deben tener un comportamiento ejemplar, austero, objetivo y modesto, sin dar lugar a sospechas sobre su imparcialidad”.
De la Torre destacó que el texto fue elaborado “con criterios de consenso y compromiso federal”, y afirmó que el momento para su presentación “no puede ser más oportuno”. En ese sentido, mencionó el caso de la jueza Julieta Mackintach en la provincia de Buenos Aires, donde no rige un Código de Ética, como ejemplo de las consecuencias de la ausencia de “límites claros y estándares compartidos”.
La titular de la FACA destacó que la iniciativa “abarca todas las aristas del servicio de la magistratura” y consideró que tendrá impacto positivo en la calidad del servicio de justicia. Por su parte, Silvestri, flamante presidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad, aseveró que la adhesión a una normativa de esta índole “es una asignatura pendiente” que los ciudadanos esperan como respuesta del sistema.
En su preámbulo, el proyecto en ciernes explica que el objetivo principal es “garantizar un servicio de justicia que inspire confianza en la sociedad, mediante la promoción de valores como la independencia, imparcialidad, honestidad, transparencia, responsabilidad, diligencia, igualdad, decoro y respeto”.
“La misión del Poder Judicial trasciende la mera aplicación de normas legales; se fundamenta en la defensa de los derechos humanos, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la consolidación de una democracia republicana. En este marco, la ética judicial constituye una herramienta indispensable para el fortalecimiento institucional y la legitimidad de las decisiones judiciales”, indica el proyecto denominado “Código de Ética para Magistrados del Poder Judicial de la Nación”.
El documento aclara que su finalidad no se agota en establecer reglas de conducta, sino también en ofrecer criterios orientadores a la hora de decidir. Según sus términos, el Código “regula acciones y conductas, pero también orienta a los magistrados en la toma de decisiones”, con la finalidad de “preservar la integridad del sistema de justicia y promover un entorno de respeto mutuo, equidad y compromiso con la verdad”.
Además, el texto advierte que en el contexto actual, marcado por una “constante transformación social”, “el Poder Judicial reafirma su responsabilidad de garantizar una justicia imparcial, eficiente y al servicio de todas las personas, especialmente de los sectores más vulnerables”.
El proyecto impulsado incluye lineamientos sobre ética digital, resguardo de datos personales, vinculación con medios de comunicación y redes sociales, actualización profesional permanente y procedimientos de evaluación y guía ética. También alienta a los magistrados a “actuar con probidad, velando por la dignidad de su investidura y el respeto a la independencia de la función judicial”.
El Código fue girado a todos los colegios de abogados del país para convocarlos a adherir y difundir la iniciativa.
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