La Justicia comenzará a juzgar a partir de este martes a dos ex presidentes del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) durante el kirchnerismo por una defraudación millonaria con los fondos destinados a subsidios al cine. Se trata de Liliana Mazure y Jorge Álvarez, quienes estuvieron a cargo de ese organismo entre 2005 y 2013. También serán juzgados tres productores.
“La maniobra consistió en la suscripción de los convenios con las productoras, y la realización de un primer y significativo aporte por parte del Instituto, con la posterior liberación prácticamente automática de las cuotas previstas a cargo del Instituto, sin que los funcionarios que administraban los fondos en cuestión, dispusieran comprobar la efectiva progresión de la obra ni la pertinencia real o corrección formal de las rendiciones parciales de gastos presentadas por las productoras, y sin que se previera la rendición sobre el total de los costos incurridos", explica la elevación a juicio de la causa.
La investigación arrancó en 2007, durante el gobierno de Néstor Kirchner, y estuvo a cargo del juez fallecido Claudio Bonadio. En 2018, el magistrado procesó a los funcionarios y también incluyó a Jorge Coscia, que presidió el INCAA hasta 2005 y luego falleció.
Además de irregularidades en la rendición de los subsidios, los investigadores comprobaron que muchas de las producciones cinematográficas nunca se hicieron, generando un perjuicio económico al Estado.
Los funcionarios llegaron a juicio acusados de ser coautores del delito de defraudación contra la administración pública. En cambio, a los productores (Fernando Sokolowicz, Pablo Luís Rovito y Alejandro Juan Tossenberger) se les imputó la figura de participes necesarios.
Según la acusación, la maniobra investigada ocurrió entre 2002 y 2013 y perjudicó las cuentas del INCAA a partir de los convenios regulados por el Art. 3 inc. “J” de la Ley 17.441. Esa norma le permite al director del organismo celebrar convenios con productoras pero establece un límite del 70% del total del monto presupuestado.
“En algunos casos en los que se detectaron irregularidades, el INCAA aportó un porcentaje significativamente mayor al convenio sin que se hayan efectuado las acciones tendientes a recuperar lo indebidamente erogado por el organismo; en otros se dictaron adendas a los convenios originales que modificaban los porcentajes de participación del INCAA inicialmente pactados y adecuándolos al costo definitivo de producción; y hasta se verificaron casos en los que no se entregaron las películas objeto del convenio”, dice el auto de elevación a juicio.
En su momento, el fiscal Gerardo Pollicita evaluó que la defraudación al Estado fue de $16.637.423. A eso se le deberán sumar todas la actualizaciones.
Durante el período investigado hubo tres presidentes del INCAA. Coscia estuvo a cargo del organismo entre 2002 y diciembre de 2005, cuando renunció para asumir como diputado y lo reemplazó Jorge Alvarez, que era el vice. Alvarez estuvo hasta 2008 y luego lo sucedió Mazure, que tiene varias causas en la Justicia.
Mazure también esta siendo juzgada desde marzo por la defraudación en la realización de la telenovela “Mamá Corazón” y la serie “El Pacto”.
El juicio por los fondos del INCAA, que arranca este martes, estará a cargo del Tribunal Oral Federal 2, el mismo que condenó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad, y del fiscal Diego Luciani.
Al momento de analizar la participación de Sokolowicz y Rovito, el fiscal Pollicita los imputó por el expediente 4395/04 caratulado “La Historia de América Latina”. “Dicho proyecto estipulaba la realización de 50 capítulos más un resumen de 13; sin embargo, a pesar de que los productores percibieron la totalidad del aporte del INCAA respecto de la suma convenida -$ 1.600.000, pagos que se realizaron durante las presidencias de Coscia y Alvarez- sólo fueron entregados 18 de los 63 capítulos convenidos”, detalla el expediente.
En el caso de Tossenberger, la acusación es por el expediente 435/07 vinculado al proyecto “La misión de Aukán”. “Al momento de la firma, el productor recibió la suma de $275.000 y frente al incumplimiento de la productora al ser intimada a la presentación de la COPIA A, el 19 de noviembre de 2013 Liliana Amalia Mazure declaró resuelto el convenio por incumplimiento y se dispuso el inicio de acciones judiciales, sin perjuicio de lo cual no existen constancias de la efectiva promoción de las mismas”, figura en la elevación a juicio.
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