El Gobierno de Córdoba intenta evitar el pago de una multimillonaria indemnización a las familias del Hospital Neonatal

En el juicio por la muerte de bebés en el Hospital Neonatal de Córdoba no solo está en juego la inocencia o culpabilidad de la enfermera Brenda Agüero y los otros diez imputados, sino que además se debaten las indemnizaciones que les corresponden a las familias de las víctimas. El Gobierno provincial objetó las 16 demandas civiles que tiene el expediente. Entre todos los resarcimientos, el Ejecutivo debería pagar más de 3.300 millones de pesos.

Aunque son 13 los grupos familiares afectados, algunos de ellos iniciaron acciones separadas, para diferenciar entre los perjuicios sufridos por padres, hermanos, abuelos, o hasta parientes más lejanos. De este punto nació una de las impugnaciones que hizo el representante legal de la provincia, Pedro Sacone, en la última audiencia del debate oral.

“Solicitamos el rechazo total de la demanda de aquellas personas que son tíos, convivientes, familiares lejanos. Esto no es culpa de los que reclaman, es culpa de los abogados que fomentan este tipo de reclamos, corre por cuestión de ética profesional”, planteó el abogado.

Según pudo confirmar Infobae de fuentes con acceso a la causa, hay demandas por daño moral, psicológico, punitivo, emergente, al proyecto de vida, incapacidad sobreviniente, lucro cesante y pérdida de chance de asistencia económica en la vejez.

El Gobierno de Córdoba no impugnó la totalidad de las 16 demandas, aunque sí rechazó -al menos- un rubro en cada una. Por ejemplo, se negaron a pagar los gastos psicológicos de madres y padres porque, según argumentaron, el Ejecutivo ya les ofreció un servicio gratuito de asistencia terapéutica.

En contraparte, aceptaron sin quejas algunos segmentos como el daño moral que exigen los papás de los cinco bebés que fallecieron. Y en otros casos hubo acatamientos parciales, con correcciones al cálculo de dinero que hicieron las querellas.

Según el abogado Sacone, hubo “una falta de prueba absoluta por parte de los colegas que representaron a esos papás y a esas mamás”, por lo que consideró que no hay certezas sobre algunos factores como el grado de discapacidad de los recién nacidos que sobrevivieron, o la violencia institucional que habrían sufrido los familiares.

La discusión será definida por la Cámara Séptima del Crimen, a cargo de los jueces Patricia Soria, José Daniel Cesano y Laura Huberman, quienes resolverán qué indemnizaciones debe pagar la provincia y por cuánto dinero. Lo comunicarán el 18 de junio, misma fecha en la que se conocerá el veredicto.

La totalidad de las demandas suman $1.324.775.581. Ese monto, actualizado con sus respectivos intereses, se elevará a $3.300.307.050, de acuerdo a la estimación que llevó el Ejecutivo cordobés ante el tribunal.

Los días 9, 10, 11 y 18 de junio serán las audiencias programadas por el tribunal para escuchar las penúltimas y últimas palabras de los acusados, además del veredicto del tribunal y un jurado popular integrado por ocho ciudadanos.

En un juicio histórico, sin precedentes en la historia argentina, se están debatiendo los presuntos asesinatos de cinco bebés y la descompensación de otros ocho recién nacidos. Todos los casos ocurrieron entre el 18 de marzo y el 7 de junio de 2022.

En sus alegatos, el fiscal Sergio Ruiz Moreno repasó una serie de pruebas que, a su entender, demuestran que las descompensaciones repentinas de los bebés -sanos, con partos exitosos- solo pueden explicarse con una mano asesina.

Además, reafirmó que las inyecciones de potasio e insulina que se detectaron en algunos niños fueron intencionales, y que la enfermera Brenda Agüero “es la única persona que estuvo durante las fechas en las que ocurrieron los 13 atentados”.

Tal como anticipó Infobae al comenzar el juicio, los fiscales de Cámara sostuvieron que Brenda Agüero actuó motivada por sus aspiraciones laborales: habría atacado a los recién nacidos para ser la primera en notar sus síntomas, dar aviso a sus superiores y destacarse entre sus compañeras para que la “ascendieran”. Quería dar el salto de Obstetricia a Neonatología, donde están los mejores enfermeros, de acuerdo a lo dicho por la acusación.

Aparte de la imputación contra Agüero, hay una decena de directivos del hospital y funcionarios del Ministerio de Salud sentados en el banquillo de los acusados por encubrimiento, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes.

Es que todo lo ocurrido en el Neonatal se denunció recién un mes más tarde, el 4 de julio, gracias a que el marido de una médica sospechó lo obvio: que 13 muertes y descompensaciones en tan poco tiempo no podían haber pasado por casualidad.

Ningún funcionario o directivo reportó formalmente la cadena de tragedias inexplicables, aunque se tenía conocimiento de los hechos. Tampoco hubo fiscales o autoridades del Poder Ejecutivo provincial que actuaran de oficio.

Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, hay pruebas suficientes para afirmar que Brenda Agüero les inyectó a algunos potasio y a otros insulina. Creen que lo hizo de forma deliberada y sabiendo que las dosis podrían ser letales.

La imputación contra Agüero es por cinco casos de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, y otros ocho por el mismo delito, en grado de tentativa. Está detenida en la cárcel de Bouwer desde el 19 de agosto de 2022.