La Cámara Federal de Casación Penal dispuso la creación de Colegios de Jueces en el fuero federal en lo Penal Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como parte del proceso de “implementación progresiva” del nuevo sistema acusatorio, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo 11 de agosto. La decisión fue adoptada mediante la Acordada 3/2025, firmada por los diez camaristas que integran el pleno del tribunal.
La medida estableció un nuevo esquema organizativo de tres órganos: el Colegio de Jueces de Garantías, integrado por los magistrados de primera instancia; el Colegio de Juicio y Ejecución, compuesto por jueces de los tres tribunales orales federales del fuero; y el Colegio de Revisión, conformado por los integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Penal Económico porteña.
El esquema fue dispuesto en virtud del artículo 36 de la Ley 27.146, que asigna al máximo tribunal penal del país un rol de coordinación funcional en la transición hacia el nuevo modelo procesal. Desde que el gobierno nacional reactivó en 2024 la puesta en marcha del Código Procesal Penal Federal, la Casación ha implementado sistemas similares en otras jurisdicciones, como Rosario, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia, Mar del Plata y el fuero federal de Comodoro Py.
La Acordada aclaró que las integraciones de los Colegios podrán verse afectadas por “eventuales contingencias”, entre ellas, la insuficiencia de jueces en la Cámara Federal de Apelaciones del fuero, que cuenta con sólo dos magistrados activos. Uno de ellos, Roberto Hornos, recibió una prórroga de cinco años tras cumplir 75 años, con acuerdo de la Cámara Alta del Congreso de la Nación. La otra integrante es la jueza Carolina Robiglio. En ese contexto, la Acordada advirtió que, de persistir la situación, se evaluará dictar una resolución de contingencia que habilite la actuación provisoria de jueces de otras instancias.
En los considerandos de la normativa firmada por todos los camaristas, el tribunal subrayó que “la implementación del Código Procesal Penal Federal debe acompañarse con la previsión responsable de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos que aseguren las condiciones necesarias y suficientes para la operatividad del sistema y el normal funcionamiento del servicio de justicia”.
El modelo acusatorio que está a punto de comenzar a regir en los tribunales federales de CABA transfiere la conducción de las investigaciones penales a los fiscales, a quienes se les reconoce mayores facultades para impulsar causas, celebrar acuerdos de conciliación o reparación integral en casos de menor complejidad, y solicitar el decomiso de bienes relacionados con los delitos. El objetivo de este paradigma apunta a agilizar el proceso penal y descongestionar el sistema judicial.
La resolución fue suscripta por los camaristas Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Ángela Ledesma, Carlos Mahiques, Mariano Borinsky, Alejandro Slokar, Juan Carlos Gemignani, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, quienes conforman el pleno de la Cámara Federal de Casación.
Además de definir la estructura de los Colegios de Jueces, la Acordada instruyó a cada uno a reglamentar su funcionamiento, elegir autoridades anualmente y presentar informes de gestión ante la Casación. También estableció que las modificaciones técnicas al sistema de gestión Lex 100 derivadas de la nueva organización deben coordinarse con el Consejo de la Magistratura de la Nación y notificarse a la Oficina Judicial del tribunal.
El funcionamiento de los Colegios estará regido por principios de flexibilidad organizativa, rotación de sus integrantes y una distribución equitativa del trabajo, con el propósito de optimizar la eficiencia del sistema.
La decisión fue comunicada a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de la Magistratura, a los juzgados y tribunales alcanzados por la medida, y al Centro de Información Judicial.
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