La Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó hoy que la justicia penal de la provincia de Buenos Aires investigue si un grupo de candidatos en las elecciones de 2023 inició la campaña antes de los plazos que estipula ley. Así, por unanimidad, los jueces del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, resolvieron un conflicto de competencia entre la justicia bonaerense y la electoral sobre qué tribunal debía intervenir en el caso.
Se trata de una denuncia que en abril de 2023 presentó el abogado Emiliano Martín Rodríguez contra los dirigentes del PRO Cristian Ritondo, Diego Santilli, Néstor Grindetti y Joaquín de la Torre y contra el abogado Fernando Burlando, todos precandidatos a gobernador por la provincia de Buenos Aires. La denuncia sostuvo que iniciaron la campaña con carteles en la vía pública y en redes sociales antes de los plazos que establece la ley provincial 14.086, que fija que debe ser 30 días antes de las elecciones primarias, entonces vigente y que fueron suspendidas para la elección de este año.
La misma denuncia había presentado Rodríguez en la justicia electoral nacional contra quienes eran precandidatos a presidente de la Nación en 2023: Javier Milei, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta y Juan Manuel Urtubey.
La denuncia contra los precandidatos a gobernador quedó a cargo de Alejo Ramos Padilla, titular del juzgado federal 1 de La Plata que tiene la competencia electoral. Pero el magistrado entendió que la causa no correspondía a su tribunal. Explicó que lo que se buscaba investigar estaba previsto en una ley provincial y que la violación de la campaña no afectó a la elección nacional.
El juez señaló que la ley de elecciones primarias para la provincia de Buenos Aires, que regía en 2023, establecía que “la campaña electoral podrá iniciarse con treinta (30) días de anticipación y deberá finalizar cuarenta y ocho (48) horas antes de la elección primaria”. Así, Ramos Padilla remitió la denuncia a la justicia de la provincia de Buenos Aires.
Pero el juzgado correccional 1 de La Plata también rechazó intervenir en el caso. El juzgado remarcó que los hechos sí afectaron a las elecciones nacionales porque muchos de los dirigentes denunciados tenían cargos naciones y en los carteles en la vía pública aparecían con postulantes en los comicios nacionales. Y lo que hizo fue devolver la causa a la justicia nacional.
Lo que se generó fue una disputa de competencia entre dos juzgados que por ser de distintos fueros debía ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Primero opinó el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que dictaminó que la denuncia debía investigarse en la justicia local de la provincia de Buenos Aires.
“En mi opinión, asiste la razón al juez federal por cuanto la denuncia es, por definición, una noticia sobre un hecho concreto y, en cuanto fuere posible, con referencia a sus circunstancias de modo tiempo y lugar; y, en ese sentido, la presentación señala concretamente la actividad de campaña de determinados candidatos a cargos electivos provinciales en contravención a las normas que dicta la provincia en previsión de las elecciones locales”, sostuvo Casal en su dictamen.
“Por ello, opino que la causa debe continuar ante el juzgado correccional local”, concluyó el procurador general. La opinión fue compartida por los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti que resolvieron el conflicto de competencia para que la justicia de la provincia de Buenos Aires investigue la posible violación de los plazos para la campaña electoral.
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