Empieza el segundo juicio oral por corrupción contra una ex intendenta de la UCR

La ex intendenta de la Unión Cívica Radical (UCR) de Resistencia, Aída Ayala, afrontará desde mañana su segundo juicio oral por corrupción. Ya tiene una condena de tres años de prisión por fraude a la administración pública por negociados con contratos de la basura en el municipio y ahora será juzgada por irregularidades cuando estaba al frente de la Secretaría de Asuntos Municipales de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que Ayala será juzgada por el Tribunal Oral Federal de Resistencia con la acusación del fiscal federal Federico Carniel. Está previsto que declaren cerca de 30 testigos y que a fin de mes se conozca el veredicto.

La política no será ajena al proceso. Entre los testigos que fueron aceptados para que declaren están el ex gobernador de Chaco Jorge Capitanich -quien ayer perdió las elecciones legislativas en la provincia y quedó según detrás del oficialismo local- y el actual gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, quien era ministro del Interior de la Nación cuando ocurrieron los hechos y que tenía bajo su órbita la Secretaría que ocupaba Ayala. Frigerio tendrá la opción de declarar por escrito porque así se lo permite la ley por su cargo de gobernador.

Referente del radicalismo en Chaco, Ayala fue intendenta de Resistencia durante tres períodos (de 2003 a 2015). En 2015 fue la candidata de Cambiemos para la Gobernación, pero perdió contra el peronista Domingo Peppo. Con Macri como presidente, pasó al Gobierno nacional: fue nombrada secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior. Y en 2017 fue electa diputada nacional.

Por su condena penal, Ayala está alejada de las primeras líneas de la política, pero en Chaco señalan que todavía tiene influencias. El actual gobernador de la provincia, Leandro Zdero, fue funcionario de sus gobiernos municipales.

La causa cuya juicio comenzará mañana es por la firma de un convenio con el municipio de Quitilipi, también en la provincia de Chaco, para la compra de herramientas y máquinas en el que se pagaron sobreprecios.

Ayala, como secretaria de Asuntos Municipales, firmó en 2016 un convenio con el intendente de Quitilipi, Sergio Casalboni, para la compra de máquinas y herramientas con un subsidio de 960.093 pesos. En el acuerdo intervinieron Matías Balmaceda Paiva y Miguel Ángel Vilte, ex funcionarios de Ayala en Resistencia, para direccionar la compra a la empresa “Service Hogar”, de Claudio Tolosa, con sobreprecios. Esto fue avalado por Ayala con la firma de la rendición final, según la acusación que hizo el fiscal federal Patricio Sabadini, cuando el caso pasó a la etapa de juicio oral. Balmaceda además es el yerno de Ayala.

“Aida Ayala era quien subía o bajaba el pulgar”, declaró Casalboni en la causa. La acusación sostiene que los imputados ya habían firmado otros convenios a favor de “Service Hogar”, una empresa que no tenía local comercial y se dedica a la reparación de productos electrónicos de uso doméstico e instalación y ventas de aires acondicionados.

“Se presentan una serie de circunstancias relevantes al efecto de sostener prudentemente que la ayuda económica brindada por la Secretaria de Asuntos Municipales podría obedecer a una maniobra defraudatoria, principalmente al confrontar todos estos elementos frente a un expediente administrativo que registra ciertas señales de alerta y, sobre todo, que ha homologado una rendición de cuentas obviando verificar si se han respetado en el ámbito local la normativa específica para contratar”, sostuvo la resolución en la que Ayala fue procesada.

La ex intendente será juzgada por el delito de defraudación contra la administración pública junto con Casalboni, Balmaceda Paiva, Vilte y Tolosa.

Será el segundo juicio oral contra Ayala. En el primero fue condenada a tres años de prisión por administración fraudulenta y absuelta por lavado de dinero. En ese caso lo fue juzgada porque en 2014, durante su último mandato como intendenta, le otorgó de manera indebida la empresa “Pimp S.A.” el negocio de la recolección de basura en la ciudad con contratos por 260 millones de pesos.

“Soy inocente. Definitivamente, esta fue una causa armada. El objetivo era mi persona. Fue en 2017, luego de un éxito rotundo donde yo me postulaba a la Gobernación. El objetivo era terminar políticamente con mi carrera y aquí están las pruebas”, había dicho Ayala en el juicio.

En esta causa, Ayala tuvo una orden de detención que nunca se concretó por sus fueros como diputada nacional. La Justicia pidió su desafuero, pero los legisladores de la UCR y el PRO no dieron los votos para tratar el planteo y en mayo de 2019 la Cámara Federal de Casación Penal revocó la orden de detención.

La condena de Ayala está apelada en la Cámara Federal de Casación Penal. La defensa de la ex intendenta reclama su absolución y el fiscal Carniel -quien también intervino en ese proceso- apeló para que sea condenada por el delito de lavado de dinero.

“Lo que se vio es una obra arquitectónica de empresarios y funcionarios para defraudar al Estado municipal, una práctica que ya venía de un tiempo atrás y para la cual necesitó no sólo a los empresarios, sino a las más altas autoridades de la municipalidad”, había dicho el fiscal en sus alegatos durante el juicio en el que pidió una condena de 10 años de prisión contra la ex intendenta.