Denuncian en Argentina una red de espionaje ligada al chavismo que persigue a exiliados venezolanos

La Fundación Apolo presentó una denuncia penal para que se investigue la operación de una organización criminal en el país presuntamente dirigida desde Venezuela, acusada de realizar tareas de persecución y hostigamiento contra ciudadanos que se exiliaron tras romper vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. El caso central de la presentación judicial es el de José Zambrano Erazo, hijo de una exfuncionaria del Ministerio de Cultura venezolano, quien habría sido víctima de seguimientos, amenazas y vigilancia ilegal en varios países de América Latina, incluyendo la Argentina.

La denuncia, firmada por el legislador porteño Yamil Santoro y el abogado José Magioncalda, junto al responsable del área investigativa de la organización, Nicolás Silvera, y con patrocinio legal Ignacio Falcón, fue presentada ante el Poder Judicial con el objetivo de que se investigue la presunta comisión de delitos de asociación ilícita agravada, encubrimiento y amenazas agravadas. En el escrito, a su vez, se argumentó que los hechos podrían constituir también crímenes de lesa humanidad en la medida en que estarían motivados por “razones políticas”.

De acuerdo a la presentación, los hechos se remontan al año 2017, cuando Mery Erazo, madre de José Zambrano, decidió abandonar su puesto en una secretaría de jerarquía dentro del Ministerio de Cultura de Venezuela por miedo a represalias internas. Erazo trabajaba en una dependencia dirigida por Adam Chávez, hermano del fallecido presidente Hugo Chávez, en un área considerada sensible por su posible involucramiento en la malversación de fondos públicos hacia el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). El régimen, sostuvieron los denunciantes, habría impedido su renuncia y bloqueado su salida del país para evitar posibles “filtraciones” de información que complicara a las autoridades.

Lograda su salida, Erazo se refugió primero en Ecuador junto con su hijo José Zambrano y su nuera. A esa migración se sumaron después David Zambrano (segundo hijo) e Ivanna Zambrano (hija), trasladándose en distintas etapas a Chile, Colombia y más tarde a Estados Unidos. En cada país, según se detalló, miembros de la familia habrían sido víctimas de intimidaciones directas, amenazas escritas y telefónicas, y seguimientos físicos.

Según los denunciantes, “está claro que el régimen pensó que Erazo se apropió de papeles que podrían llegar a demostrar la malversación, aunque esto nunca fue probado”. En ese marco, en el escrito hablaron de la recepción de “amenazas y amedrentamientos” del presunto grupo coordinado por el chavismo a través de “cartas físicas” y “mensajes de texto vía redes sociales” donde acusaban a Erazo de robar tales documentos.

El caso de José Zambrano en la Argentina es central en la denuncia. El joven llegó al país con su esposa en enero de 2018 y vivió en Buenos Aires hasta mayo de 2024. Durante ese tiempo, habría sido blanco de hostigamientos constantes. En 2022 recibió una carta manuscrita en su domicilio que decía: “sabemos el horario donde paseas a tu perra”. Ante esto, Zambrano denunció el episodio en una comisaría y luego presentó una exposición ante el Ministerio Público Fiscal.

Posteriormente, los llamados intimidatorios y amenazas en redes sociales aumentaron, incluyendo mensajes que detallaban información personal y actualizada de sus movimientos. Según consta en la denuncia, en una madrugada de mayo, mientras Zambrano paseaba a su perra por Avenida del Libertador, notó la presencia de un auto estacionado frente a su vivienda con dos personas adentro. Al cruzar miradas, la copiloto desvió la vista y el auto arrancó bruscamente. “Este hecho es un indicio vehemente y cierto de que lo estaban siguiendo”, concluyó el documento.

La denuncia afirmó que Zambrano fue incluido en una “lista negra públicamente conocida” del régimen venezolano dentro del marco de la llamada “Operación Tun Tun”, una serie de operativos iniciados por el dirigente chavista Diosdado Cabello para capturar y neutralizar opositores políticos. La inclusión en esta lista le fue confirmada a Zambrano por un conocido venezolano que le envió el documento donde constaba su cara junto a sus datos personales.

Para los integrantes de la Fundación Apolo, el Estado venezolano “se valió de criminales que actúan en forma organizada” para amedrentar, acosar y seguir a Zambrano y su familia con el fin de “negarle el derecho humano mas elemental que existe: el derecho de vivir en paz y en democracia”. Una demostración de que “hay grupos de personas organizadas que se dedican a cometer delitos contra los ‘enemigos’ de un régimen dictatorial y se encuentran esparcidos en toda Latinoamérica, incluyendo Argentina”.

Pero uno de los puntos más graves planteados en la denuncia tiene que ver con el al acceso que esta presunta red criminal habría tenido a información migratoria protegida. El escrito destacó que Zambrano y su pareja decidieron irse a través de una visa “por razones humanitarias” a los Estados Unidos luego de padecer “constantes amenazas dirigidas contra él y su familia”.

“Recién en mayo del 2024, -la mujer- consiguió el permiso para entrar a EE.UU, mientras que Zambrano recién logró ingresar al país en septiembre del mismo año. En el momento en que Zambrano despidió a su novia en el aeropuerto y vuelve a su casa, le llegó a la casilla de mensajes de Instagram amenazas que dictan ‘ahora que estás solito es más fácil‘. Algo relevante a tener en cuenta es que en el momento de la despedida ambos tenían pasaje de ida y estaba planificado que se fueran los dos juntos, sin embargo, Estados Unidos rechazó la documentación aportada de Zambrano y solo permitió arribar el avión a -la pareja-. Este hecho también resulta un dato revelador: Las personas que lo acosan no solo siguen su día a día, sino que también cuentan con información actual y constante a la que solo pueden acceder determinadas personas, como quien entra y quien sale del país“, reseñó el escrito presentado en tribunales.

La Fundación Apolo planteó que las experiencias de la familia Zambrano no constituyen, en rigor, un hecho único y aislado. En el texto se mencionaron antecedentes como el caso del exmilitar venezolano Ronald Ojeda Moreno, secuestrado en la ciudad de Santiago de Chile en febrero de 2024 y asesinado días después perpetrando un crimen que, según el Ministerio Público chileno, habría tenido motivaciones políticas y vínculos con el régimen venezolano.

Al respecto, la presentación precisó: “Según el Ministerio Público de Chile, el móvil -de aquel homicidio- sería político y habría sido encargado desde Venezuela. Según el fiscal del caso, se considera que el crimen podría estar vinculado a operaciones del Tren de Aragua, una organización criminal venezolana con presencia conocida en Chile. Esta organización ha sido implicada previamente en crímenes violentos y actividades como la trata de personas, la extorsión y el tráfico de drogas. Aunque en otros secuestros realizados por esta banda se ha solicitado rescate, en el caso de Ojeda, la ausencia de demandas económicas y la inmediatez del asesinato plantean la posibilidad de que el motivo pueda ser más personal o político”.

Y añadió: “Luego de una profunda investigación y detenciones, se llegó a la conclusión de que Diosdado Cabello fue quien, valiéndose de la organización criminal, ordenó el secuestro y el asesinato. La principal hipótesis es que además de ser un conocido opositor del régimen, se encontraba redactando una investigación sobre una trama de corrupción en el ejército venezolano entre generales y coroneles cuando estaba destacado en el llano occidental, vinculada al contrabando de combustible".

Los denunciantes esgrimieron que por razones geopolíticas “el crimen organizado” en nuestro país “no tuvo la misma acogida que en otros países de Latinoamérica y quizá por eso no se ha llegado a cometer actos de semejante transgresión a la paz social, pero eso no significa que no exista ni que no deba tomarse en serio”. E insistieron: “Los hechos que sufrió la familia de Zambrano demuestra que hay un grupos de personas organizadas que se dedican a cometer delitos contra los ‘enemigos’ de un régimen dictatorial y se encuentran esparcidos en toda latinoamerica, incluyendo Argentina”.

En términos jurídicos, los miembros de la asociación civil apoyaron su presentación en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estatuto de Roma y la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), firmada por Argentina en el año 2002. El texto sostuvo tambén que los Estados tienen la obligación de prevenir, investigar y sancionar este tipo de acciones cuando se ejecutan en su jurisdicción.

En ese sentido, remarcaron que el accionar del régimen de Maduro puede encuadrarse como crimen de lesa humanidad bajo el artículo 7 inciso h del Estatuto de Roma, que define como tal la “persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional (...)“.

“A esta altura de la exposición de fundamentos es evidente que el Sr. Zambrano padeció un delito de lesa humanidad a raíz de una persecución política”, expresaron los denunciantes antes de pedir que se tenga por presentada la denuncia penal y se disponga la apertura de la investigación.