Se tensa la relación entre el Gobierno y los fiscales de Comodoro Py por la puesta en marcha del sistema acusatorio

“No, de ninguna manera estamos en guerra”, le responde un fiscal federal a Infobae ante la consulta sobre el momento que viven con el gobierno nacional de Javier Milei por la decisión de poner en marcha el nuevo sistema acusatorio el próximo 11 de agosto en los tribunales de Comodoro Py. Un secretario del fiscal era testigo de la conversación y quiso intervenir: “Si, estamos en guerra”. El fiscal sonrió.

La escena ocurrió la semana en Comodoro Py y describe el estado de ánimo de los fiscales federales que consideran que hoy no están dadas las condiciones -edilicias, humanas, tecnológicas- para que comience a funcionar en agosto el nuevo modelo, lo que quedó plasmado en una serie planteos que presentaron y en una nota que el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, le envió al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona: “Es imprescindible recalcar que la gravedad de la situación presupuestaria y de infraestructura del organismo no constituye una simple dificultad transitoria, sino que perjudica seriamente la eficacia de la reforma procesal en su conjunto”.

Del otro lado, en el Gobierno, también viven un clima de disputa. En el Ministerio de Justicia, que tiene a cargo la implementación del Código, dicen por lo bajo que ven algunos movimientos que les preocupan de lo que consideran las viejas prácticas de Comodoro Py y son firmes: “No hay ninguna posibilidad de postergación”.

En esa tensión conviven hoy el gobierno de Milei con una parte de Comodoro Py. La misma tensión que se generó en las regiones del país en las que ya se puso en marcha el sistema acusatorio. Pero con algunas diferencias que nadie desconoce. La más importante es el poder de los jueces y fiscales de ese fuero que manejan las causas de corrupción que involucran a funcionarios públicos y a empresarios.

En 2014, el Congreso de la Nación aprobó el Código Procesal Penal Federal. Allí se estableció el sistema acusatorio para la justicia federal y nacional. Los cambios más importantes fueron dos. El primero que las investigaciones penales estarán a cargo de los fiscales y que los jueces pasarán a actuar en un rol de garantes del proceso. El segundo es que todo se resolverá en audiencias públicas y con plazos máximos de duración -tres años, o seis para las causas complejas- para que los expedientes no duren décadas como ocurre actualmente

El nuevo modelo se aprobó durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner. Pero recién se implementó en 2019 en el final de la administración de Mauricio Macri. Pero solo para Salta y Jujuy. Una comisión especial del Congreso iba a avanzar de manera progresiva en todo el país. Pero tampoco se avanzó durante el gobierno de Alberto Fernández.

Con la llegada de Milei eso cambió. Se llevó a gran parte del país. Hoy está también en las jurisdicciones de Santa Fe, Mendoza, General Roca, Comodoro Rivadavia y Mar del Plata, que abarcan a 11 provincias y un sector de la de Buenos Aires. A partir del 11 de agosto llega a Comodoro Py y a la justicia en lo Penal Económico. Y desde diciembre a Chaco y Corrientes.

En todos los lugares hubo un mismo reclamo: más recursos de personal, de tecnología y de infraestructura para las fiscalías que tendrán todo el peso de las investigaciones.

Con la llegada del modelo a Comodoro Py nada de eso cambió. Pero todo se da con más voltaje. Los fiscales de todas las instancias de Comodoro Py y de Penal Económico le enviaron en las últimas semanas notas a Casal en las que plantearon sus posturas. Tienen puntos coincidentes. Todos están de acuerdo en el nuevo modelo porque entienden que, en principio, es mejor que el actual, y respeta lo que establece la Constitución Nacional. Pero sostienen que sin recursos, será inviable.

Detallaron que la tecnología que tienen es vetusta, que la cantidad de peritos para trabajar en las causas son pocos, que la demora en abrir un celular puede llegar a seis meses, que no hay salas de audiencias en la cantidad necesarias ni en su equipamiento y que tienen hasta cinco veces menos personal que los juzgados. “Existe el riesgo cierto de que los procesos fracasen”, señalaron los fiscales de primera instancia.

Agregan otro punto, en el hacen más hincapié. Las causas que tramitan en la justicia federal de la Capital son más complejas en las de otras regiones del país. Concretamente porque tienen las causas de corrupción que -sin intereses políticos de por medio, que muchas veces los hay- presentan otras características que las de drogas o secuestros extorsivos: exhortos internacionales, peritajes complejos, el accionar de los defensores. Los fiscales de los tribunales orales también señalaron que todavía tienen pendientes grandes procesos -los juicios a la ex presidenta Cristina Kirchner- que llevan tiempo y que van a convivir con el nuevo modelo.

El viernes a la tarde Cúneo Libarona recibió un oficio de 18 página de Casal en el que plasmó la postura de la Procuración con todas las opiniones de los fiscales. Casal le dijo a Cúneo Libarona que su decisión de implementar el sistema acusatorio es “prematura” con “una marcada falta de previsibilidad” en el actual estado de situación. También le recordó que los pedidos de más presupuesto “permanecen en su gran mayoría insatisfechas”.

“El Ministerio Público Fiscal no cuenta con los medios tecnológicos, la estructura edilicia ni los recursos humanos y materiales necesarios para poder continuar implementando satisfactoriamente un nuevo sistema procesal que le otorga más funciones y obligaciones”, sostuvo en otro tramo y le aportó estadísticas del estado de situación edilicia, de personal y de causas.

Los fiscales apuestan a una postergación del inicio del nuevo modelo y algunos esperaban que Casal se lo pida formalmente al Gobierno. Pero no ocurrió. Sí el Procurador dijo en su escrito al Ministerio que “el tiempo restante hasta el 11 de agosto no será suficiente para realizar las adaptaciones que se requieren”.

“A partir de lo expuesto, se advierte que el cuadro de situación actual del proceso de instauración a la luz del diagnóstico que se acompaña al presente, resulta cuanto menos preocupante. Y mucho más preocupante aún es que no se advierta dicha circunstancia que viene siendo puesta en conocimiento de ese Ministerio recurrentemente en más de 20 presentaciones que intentaron ser resumidas en la del 7 de febrero pasado y que, claramente, no aparece siquiera considerada, cuando se tomó la decisión que ahora motiva este oficio”, cerró Casal la nota a Cúneo Libarona con el pedido de que el gobierno gestione más presupuesto. El jefe de los fiscales volvió a destacar que está a favor de la aplicación del sistema acusatorio.

En el Ministerio de Justicia la postura hoy es que no habrá cambios y que se mantiene la fecha del 11 de agosto. Sostienen que el Gobierno ayudó con todos los recursos que se le pidieron para el sistema acusatorio y que por el momento no tienen ningún pedido concreto. “Son todos planteos genéricos”, afirman en el Ministerio y recuerdan también que “no hay plata”. También consideran que muchos de los problemas son estructurales, de hace años (como el estado de los edificios), y que la solución no puede pasar por demorar el nuevo modelo de justicia.

Por lo bajo aparecen otras cuestiones. “El problema para muchos fiscales es que van a tener que ir todos los días y van a tener que trabajar”, dicen en el Gobierno. En Comodoro Py critican que la fecha del 11 de agosto haya sido inconsulta. “A Cúneo Libarona lo único que le dejaron como ministro es el acusatorio y pone todo en eso”, responden varios fiscales.

Muchos están releyendo normativas y hacen foco en el decreto 188 del 2024 que firmó Milei y todo el gabinete nacional. Allí se estableció que la implementación del sistema acusatorio pasaba del Congreso Nacional al Ministerio de Justicia. Los fiscales hacen foco en el artículo tres de ese decreto que establece las funciones del Ministerio. Una de ellas es “diseñar propuestas de readecuación edilicia, de recursos y de personal en razón de los requerimientos”. Para los fiscales el Ministerio no lo está cumpliendo.

En el Gobierno hay luces de alerta por una causa judicial que tramita en Comodoro Py. Es por una denuncia que el fiscal de Mar del Plata Juan Manuel Pettigiani presentó contra Cúneo Libarona por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario por la forma de la implementación del sistema y el uso de recursos. La causa fue delegada en el fiscal federal Carlos Stornelli que citó a declarar como testigo al subsecretario de política criminal del Ministerio de Justicia, Alberto Nanzer. El funcionario estuvo tres días declarando. En tribunales -donde inclusive algunos fiscales no comparten el avance del expediente en este contexto- la expectativa es si habrá imputaciones penales y en el Ministerio de Justicia observan con desconfianza por el momento en el que causa se tramita.

Quienes miran de cerca esta tensión son los jueces de Comodoro Py. Pasarán a tener otro rol con menos poder. En principio, no manejarán los tiempos de las causas. Muchos comparten las críticas de los fiscales sobre la falta de recursos y que el mejor escenario es contar con más recursos porque las causas que tramitan son más complejas que en el resto del país. Pero también sostienen que nunca es el momento ideal. “Hay que arrancar”, consideran algunos. La Cámara Federal dictó la semana pasada, por mayoría de sus jueces, una acordada en la que creó las áreas para el sistema acusatorio.

El reloj corre para el 11 de agosto. El escenario está abierto y con tensión.