Avanza una reforma integral del Código Penal: cuáles son sus principales cambios y el impacto en la sociedad

Este jueves se reunió la Comisión de Reforma del Código Penal en la Sala de Acuerdos de la Cámara Federal de Casación Penal. El encuentro contó con la participación de los miembros y autoridades de esta Comisión, cuyo proyecto fue presentado oficialmente el 25 octubre pasado ante el Ministerio de Justicia de la Nación. El nuevo Código busca dar una respuesta actualizada a delitos como el crimen organizado, los delitos informáticos, las estafas piramidales, el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo, entre otros fenómenos contemporáneos.

Actualmente, el proyecto que busa reemplazar el Código actual sancionado hace más de 100 años, está siendo analizado dentro del Ministerio de Justica, a cargo de Mariano Cúneo Libarona, quien impulsa un estudio detallado de cada aspecto del texto propuesto por la Comisión.

Los lineamientos fundamentales del proyecto apuntan a reemplazar el actual código —sancionado en 1921— por un nuevo cuerpo normativo de 540 artículos distribuidos en tres libros: Parte General, Parte Especial y Delitos contra el orden internacional

La reunión de esta semana marcó la continuidad del proceso de reforma integral del Código Penal. La Comisión fue creada y ampliada el año pasado por resoluciones del Ministerio de Justicia nacional. En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el primero de marzo de este año, el Presidente Javier Milei hizo foco en los hechos de inseguridad y en la necesidad reformas “urgentes” en el sistema penal.

Las autoridades de la Comisión que lleva a cabo el proyecto son: su presidente, el abogado Jorge Boumpadre; su vicepresidente primero, el juez de la Cámara de Casación Penal, Mariano Borinsky; la vicepresidenta segunda, la jueza federal María Eugenia Capuchetti; los jueces Ricardo Ángel Basílico y Julio Báez, las abogadas Valeria Onetto, Mercedes Rodríguez Goyena, el abogado Horacio Romero Villanueva y los miembros del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto y Carlos Manfroni.

En el plazo de 6 meses desde su creación, la Comisión reformadora cumplió su cometido de actualizar el Código Penal anexando casi 1.000 leyes especiales.

Los lineamientos fundamentales del proyecto, elevado el 25 de octubre del 2024 al Ministerio de Justicia de la Nación, son reemplazar el actual código de 316 artículos por un nuevo cuerpo normativo de 540 artículos, distribuidos en tres libros: Parte General, Parte Especial y Delitos contra el orden internacional.

Uno de los puntos centrales de la reforma es la limitación del acceso a la libertad condicional para quienes hayan cometido delitos graves. Según el artículo 14 del proyecto, este beneficio no será aplicable a reincidentes ni a condenados por delitos dolosos violentos que hayan causado graves daños a la salud o la muerte, así como a crímenes como el abuso sexual agravado, el secuestro extorsivo, la trata de personas, la tortura, el genocidio, el terrorismo y el narcotráfico, entre otros.

Además, el artículo 15 establece que la libertad condicional será revocada si el condenado comete un nuevo delito o viola las condiciones de residencia impuestas. En cuanto a la prisión perpetua, se estipula que deberá cumplirse de manera efectiva durante 35 años, extendiéndose a 40 años en casos de múltiple reincidencia.

El proyecto también propone modernizar el sistema de decomiso de bienes vinculados a actividades delictivas. Según el artículo 23, se permitirá el decomiso anticipado y definitivo de bienes antes de que exista una condena penal, aplicándose a delitos como el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción y los crímenes de lesa humanidad.

En cuanto a la legítima defensa, según el artículo 34, no será punible el uso de armas en forma reglamentaria por parte de agentes de seguridad o del servicio penitenciario, siempre que actúen en cumplimiento de su deber. Además, se establece una presunción de legitimidad en favor de la autoridad pública en estos casos.

En materia de delitos sexuales, la reforma propone penas de entre 8 y 20 años de prisión para casos de violación, con agravantes como el uso de armas, la participación de múltiples agresores o el conocimiento de portar una enfermedad de transmisión sexual grave. Por otro lado, se refuerza la protección de la familia, con penas más severas para delitos como la trata de personas y la compraventa de niños, que podría ser castigada con hasta 15 años de prisión.

El proyecto aborda delitos como el robo y las modalidades frecuentes de hurto, incluyendo las “salideras bancarias”, los arrebatos y los robos cometidos por motochorros. Las penas para estos casos podrían alcanzar los 15 años de prisión. Asimismo, se incorporan figuras penales específicas para estafas piramidales y fraudes informáticos, con sanciones que incluyen hasta 7 años de prisión y multas de hasta cinco veces el beneficio obtenido.

El capítulo dedicado a los incendios y otros estragos establece penas de hasta 25 años de prisión en casos donde se ponga en peligro la vida de las personas o se afecten bienes culturales de alto valor. Además, se tipifican delitos relacionados con la seguridad del tránsito, como el entorpecimiento de medios de transporte público, con penas de hasta 3 años de prisión.

La reforma también endurece las penas para delitos de corrupción, como el cohecho y el enriquecimiento ilícito, que podrían ser castigados con hasta 15 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En cuanto al lavado de activos, se mantienen penas de 3 a 10 años de prisión, con agravantes para funcionarios públicos. Respecto al narcotráfico, se incrementan las penas para los eslabones más peligrosos de la cadena, llegando hasta los 25 años de prisión para los líderes de organizaciones internacionales.

El proyecto también incluye disposiciones para prevenir delitos en el ámbito de los espectáculos deportivos, como el dopaje y la venta no autorizada de entradas. Finalmente, se dedica un capítulo a los delitos contra el orden internacional, como el genocidio y los crímenes de lesa humanidad, con penas de hasta 30 años de prisión.

El 19 de agosto de 2024, el papa Francisco recibió en el Vaticano a Borinsky, a la jueza Capuchetti (ambos integrantes de la Comisión de la reforma) y al juez de la Cámara de casación Penal Daniel Petrone.

En la entrevista, de carácter institucional, se habló de la Reforma del Código Penal, de la implementación del Nuevo Sistema Acusatorio Penal, la situación de las personas privadas de libertad y la reinserción social, entre otros temas.

Respecto de ese encuentro, Borinsky señalo: “el sumo pontífice bendijo este Proyecto de Reforma del Código Penal y dijo: ‘estoy de acuerdo con la renovación y actualización del código penal y procesal penal’“.

Además, en esa ocasión, los jueces federales mantuvieron una reunión con funcionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia, donde hablaron de aspectos del crimen organizado y la necesidad de capacitación y la actualización de las normas legales.

Con un enfoque integral, que responda a los desafíos actuales en materia de criminalidad y seguridad jurídica, el nuevo Código Penal promete modernizar el sistema judicial penal y alinearlo con los estándares internacionales.