La Corte Suprema, sin apuro para discutir la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad

La Corte Suprema estuvo reunida en su habitual plenario de los jueves, ya sin la presencia del renunciante Manuel García-Mansilla. Según fuentes del tribunal, no hubo ningún avance en la causa conocida como Vialidad, un expediente de alto impacto político e institucional donde se podría confirmar la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y otros imputados, por irregularidades en el manejo de obras públicas.

Entre los 17 recursos de queja que debe resolver la Corte en esta causa con sus actuales jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, se encuentra el planteo presentado por la defensa de Cristina Kirchner, quien busca revertir la doble condena en su contra, impuesta por un Tribunal Oral 2 y confirmada por la sala IV de la Cámara de Casación. Este recurso, presentado por su abogado Carlos Alberto Beraldi, constituye el último intento de la expresidenta para evitar que la sentencia quede firme y se active la pena de prisión, así como la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

Si la Corte Suprema decide rechazar el recurso de queja, la condena contra Cristina Kirchner quedará firme. En ese escenario, la ex presidenta, quien tiene más de 70 años, podría solicitar cumplir la pena en prisión domiciliaria, una opción contemplada por la legislación. Sin embargo, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos se activaría de inmediato, lo que tendría un impacto directo en sus aspiraciones políticas.

La resolución de este caso también podría influir en el calendario electoral, ya que la posibilidad de que Kirchner se postule como candidata a diputada provincial o nacional dependerá de los tiempos judiciales. Es porque la sentencia incluye explícitamente la prohibición de ocupar cargos públicos, lo que añade un componente político a la decisión que debe tomar la Corte.

El primer paso que deberá dar la Corte Suprema será rechazar por abstracta la recusación presentada por la defensa de Kirchner contra el juez Manuel García Mansilla. Este magistrado renunció recientemente a su cargo tras el rechazo de su pliego por parte del Senado. Una vez superado este trámite, los jueces de la Corte deberán trasladar el recurso del fiscal de Casación, Mario Villar, al procurador general interino, Eduardo Casal.

Casal, quien es el jefe de los fiscales y fiscal ante la Corte, tendrá la responsabilidad de determinar si sostiene el recurso presentado por Villar. Este último solicitó que se condene a Cristina Kirchner a 12 años de prisión por asociación ilícita, además del delito de fraude por el que ya fue sentenciada. Una vez que Casal emita su dictamen, la Corte estará en condiciones de resolver el caso.

Sin embargo, el tiempo que la Corte tome para emitir su fallo es incierto. Según las fuentes judiciales, el tribunal podría resolver el caso en cuestión de semanas, meses o incluso años. Este aspecto temporal es considerado una dimensión política dentro de la gestión judicial, ya que el momento en que se tome la decisión podría tener implicancias en el panorama político del país.

La causa Vialidad fue iniciada en el año 2016, y quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini. La fiscalía sorteada fue la n° 11, a cargo de Gerardo Pollicita. El 27 de diciembre de 2016, Ercolini dictó el procesamiento de Cristina Kirchner por considerarla coautora de asociación ilícita y administración fraudulenta contra la administración pública.

El 14 de septiembre de 2017, la Sala I de la Cámara Federal, integrada por Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, confirmó el procesamiento. Allí el Fiscal General fue Germán Moldes. El 2 de noviembre de 2017, la Sala IV de la Cámara de Casación, con la firma de Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, rechazó el recurso presentado por la defensa de la ex presidenta para revocar su procesamiento. Posteriormente, el 2 de marzo de 2018, Ercolini elevó la causa a juicio oral.

El TOF N° 2 resultó el tribunal sorteado. El juicio oral comenzó el 21 de mayo de 2019. Finalmente, el 6 de diciembre de 2022, los jueces Uriburu, Gorini y Basso condenaron a la ex presidenta por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública a seis años de prisión.

El fallo fue apelado tanto por los condenados como por los fiscales Luciani y Mola. La Sala IV, conformada por Borinsky, Hornos y Barroetaveña confirmó las condenas. Tanto los imputados como el fiscal Villar interpusieron recursos de apelación que fueron denegados, y posteriormente fueron en queja la Corte Suprema.

Respecto de la Corte Suprema, ya resolvió 24 recursos de queja presentados por los distintos imputados a lo largo del proceso. Los primeros fueron resueltos en septiembre de 2017, y fueron firmados por los cinco Ministros de la Corte de ese entonces: Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Rosatti, Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco.

Los últimos recursos de queja resueltos por la Corte en esta causa, fueron resueltos en junio de 2022, donde firmaron los cuatro jueces de ese momento, Maqueda, Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti.

Actualmente, la Corte tiene pendiente de resolver 17 recursos de queja, dentro de los cuales se encuentran aquellos que cuestionan las condenas definitivas.