La condena de la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner por el caso Vialidad en Santa Cruz tendrá una semana de apelaciones. Hasta el viernes todas las partes tienen plazo para recurrir el fallo de la Cámara Federal de Casación que en noviembre pasado confirmó la condena de la ex mandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El objetivo es llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La defensa de CFK, a cargo del abogado Alberto Beraldi, y el fiscal de Casación, Mario Villar, ya anunciaron que apelarán. Cada uno por motivos distintos. La defensa objetará la condena y pedirá la absolución -lo mismo que el resto de los condenados- y la Fiscalía reclamará que se agrave a 12 años por el delito de asociación ilícita y que se revoquen las absoluciones.
Así, a lo largo de la semana todas las partes presentarán sus recursos. Las fuentes consultadas señalaron que algunas ya lo han hecho. Con eso se abrirá otra etapa. Habrá 10 días para que la Fiscalía responda las apelaciones de las defensas y viceversa. Luego los jueces de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña quedarán en condiciones de resolver.
Los magistrados puedan aceptar las apelaciones y enviar la causa a la Corte Suprema o rechazar los planteos. O aceptar algunos y rechazar otros. En el caso de que Casación los revoque las partes podrán de todas forma ir a la Corte Suprema a través de lo que se conoce como recurso de queja.
La definición de la Corte Suprema será clave porque es la última instancia y si confirma las condenas se deberán aplicar. Pero nadie espera que sea este año. El caso lleva un trámite en el que primero tiene que opinar el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, pero también porque es un año electoral en el que Cristina Kirchner podría ser candidata. El otro aspecto central es que hoy la Corte tiene solo tres jueces -Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti- mientras el Senado debate los nombramientos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, los candidatos que propuso el presidente de la Nación Javier Milei, para completar el máximo tribunal.
La Cámara de Casación ratificó el fallo que en diciembre de 2022 había dictado el Tribunal Oral Federal 2. Además de Cristina Kirchner fueron condenados el empresario Lázaro Báez (6 años de prisión), el ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), el ex titular de Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años), los ex funcionarios del área de Vialidad de Santa Cruz Juan Carlos Villafañe (5 años), Raúl Gilberto Pavesi (4 años y 6 meses), José Raúl Santibañez (4 años), Mauricio Collareda (4 años) y Raúl Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses). Y fueron absueltos el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, el ex funcionario de Vialidad de Santa Cruz Héctor Garro y Carlos Kirchner, ex funcionario de Planificación Federal y primo del fallecido ex presidente Néstor Kirchner. También fue ratificado el embargo de 84 mil millones de pesos.
“Que desde 2003 a 2015 funcionarios públicos nacionales y provinciales, entre los que se encontraba la dos veces presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, llevaron a cabo una maniobra fraudulenta que perjudicó de manera trascendente a las cuentas del Estado nacional, pues se desvió el dinero público en favor del empresario Lázaro Antonio Báez a partir de la asignación de obra pública vial a sus empresas”, sostuvieron los jueces de Casación en su resolución.
El tribunal señaló que Báez accedió a las licitaciones para las obras públicas de manera irregular: “se demostró que se seleccionó una modalidad de contratación específica, convirtiéndose para la provincia de Santa Cruz en regla lo que para las demás fue una excepción. Esto permitió la cartelización de la obra pública en la referida provincia en favor de un grupo de empresas que respondían al aludido Báez.
Otra prueba relevante para Casación fue el decreto 54/2009 que firmó Cristina Kirchner a instancias de López por el cuál se modificó el fideicomiso que comenzó a ser manejado por la Dirección Nacional de Vialidad, a cargo de Periotti.
Los magistrados también destacaron lo que el fiscal Diego Luciani llamó en el juicio oral el “plan limpiar todo”. Se trató de los mensajes de whatsapp que se encontraron en el celular de López cuando fue detenido en junio de 2016 en el convento de General Rodríguez con bolsos con nueve millones de dólares y por los que fue condenado a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito.
En esos mensajes se hallaron conversaciones entre López y Báez y la organización de reuniones del ex secretario de Obras Públicas con Cristina Kirchner para hablar del cierre de las empresas y del pago de todas las deudas antes que la entonces presidenta deje el gobierno y asuma Mauricio Macri.
La disidencia que tuvieron los jueces de Casación fue sobre la aplicación o no del delito de asociación ilícita para los acusados. Los magistrados Barroetaveña y Borinsky señalaron que no se comprobó la “pluralidad de planes delictivos” que requiere la asociación ilícita, sino que fue un único plan criminal sobre la obra pública. En tanto, Hornos sí entendió que en el caso se cometió ese delito, tal como reclama la Fiscalía.
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