Llamaban a comisarías y decían ser Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con el peso de semejante nombre, solicitaban datos sobre superpoblación carcelaria y reclamaban reportes. Pero la reiteración de los pedidos hizo sospechar. Y ahora la Justicia investiga qué hay detrás de esos llamados misteriosos.
La última de las comunicaciones extrañas la recibió la delegación de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de la Policía Federal en San Luis. La voz de un hombre que dijo ser Rosatti pretendía hablar con un encargado de la dependencia para que se le informara si había detenidos allí, si los alojados estaban en condiciones humanas y si había superpoblación. Supuestamente eran averiguaciones sobre los derechos humanos de los presos.
Al tal Rosatti le respondieron que en ese momento el encargado no estaba y el sargento de guardia le sugirió que dejara un número telefónico, algo que el supuesto presidente de la Corte rechazó: alegó que estaba grabando la llamada y que volvería a comunicarse.
Afectado por el tenor del interlocutor, el agente se comunicó con el titular de la División en San Luis y éste le transmitió el episodio a la comisaria Claudia Beatriz Cecchini, de la División Seguridad y Custodia Corte Suprema de Justicia de la Nación de la PFA quien, inmediatamente, ante la posibilidad de un delito solicitó la intervención de la auxiliar fiscal de San Luis Liliam Salinas.
Lo llamativo, lo que alertó a la Justicia, es que no fue la primera vez. Ya había sucedido en otras dependencias. Una denuncia de similares características tramita en en el juzgado federal 12, a cargo de Ariel Lijo, con la intervención del fiscal Franco Picardi.
Según consta en el oficio que el propio Lijo envió al titular de la Corte Suprema, el 25 de noviembre pasado, personal del Departamento Unidad Investigativa Contra la Corrupción de la Policía Federal Argentina informó al juzgado de turno que un llamado telefónico se había recibido en el conmutador y que una voz masculina decía ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, y solicitaba un relevamiento de las personas detenidas en las dependencias policiales.
Puntualmente, detallaron los denunciantes, reclamaba la siguiente información: 1) nombre completo de los detenidos por dicha dependencia; 2) número de IPP o causa judicial; 3) tiempo que llevan detenidos en dependencia en alcaidías; 4) si son de 1ra o 2da reincidencia; y 4) teléfonos de sus familiares.
En esa ocasión, el interlocutor aportó un número telefónico con prefijo de La Plata (0221) para una eventual comunicación con los datos que había pedido.
“Una vez anoticiada dicha situación, desde este juzgado se dispusieron con suma urgencia todas las diligencias pertinentes a los fines de identificar al sujeto que efectuó la comunicación que diera origen a este legajo y desentrañar la magnitud de los hechos”, indicó el juzgado de Lijo y se ordenaron medidas de prueba.
En ese contexto tuvo lugar este segundo llamado en San Luis que hizo sonar las alertas en la Corte Suprema. Hay todavía circunstancias que rodearon al presidente del máximo tribunal y sus miembros con denuncias de falsificación de identidades y sospechas de espionaje sobre miembros del Poder Judicial que todavía no fueron esclarecidas, comentaron fuentes judiciales.
En esa causa están imputados, según la fiscalía, un agente inorgánico de la SIDE (ex AFI), Ariel Zanchetta, que estuvo preso; otros tres espías registrados y un ex funcionario de La Cámpora que cumplía funciones en la AFIP Néstor “Conu” Rodríguez, entre otros.
En marzo del 2023, Rosatti denunció penalmente que le aparecieron cuatro líneas telefónicas a su nombre. Esa presentación destapó que, en realidad, las líneas eran cinco y que, además de Rosatti, se habían registrado líneas a nombre del vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, de la jueza de Posadas Verónica Skanatta o el entonces gobernador de la provincia de Misiones Oscar Herrera Ahuad, y su sucesor y actual mandatario Hugo Passalacqua.
En el marco de una causa conexa, también se investiga el hackeo a los celulares de un grupo de jueces en un mismo período -octubre de 2022-, entre los cuales estaban los de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos y los de Tribunal Oral Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.
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