
En el marco de la megacausa conocida como “Los Cuadernos de la Corrupción”, la Corte Suprema de Justicia desestimó por unanimidad un recurso de queja presentado por el expresidente de Electroingeniería S.A., Gerardo Luis Ferreyra, uno de los empresarios acusados de participar en el presunto sistema de recaudación de coimas como contratista de obras públicas durante el kirchnerismo.
Se trata de una denuncia impulsada por la pareja e hijos de Ferreyra contra el fallecido juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes les endilgaron haber cometido una serie de delitos en el marco de la investigación del caso cuadernos. Para ese entonces, en 2018, el empresario permanecía detenido. La acusación incluía ilícitos de privación ilegal de libertad, apremios ilegales, abuso de autoridad y prevaricato.
También señalaba una presunta “coerción” para que otros contratistas del Estado se acogieran como colaboradores imputados en el expediente que tiene entre sus principales acusados por asociación ilícita, cohecho y otros delitos a Cristina Kirchner, Julio de Vido, José López y otro centenar de exfuncionarios, financistas y empresarios.

La instrucción penal del fiscal Stornelli que en 2019 elevó a juicio oral el juez Bonadio tuvo como piedra angular las anotaciones del chofer Oscar Centeno, que llevaba al exfuncionario Roberto Baratta -mano derecha de De Vido- en los llamados “viajes de la corrupción”. Se trata de ocho cuadernos donde Centeno consignó presuntas visitas a empresarios que tenían negocios con el Gobierno para que pagaran coimas. Cuando esa información irrumpió en la escena pública, distintos acusados fueron firmando acuerdos como “arrepentidos” para evitar la prisión o acceder a la excarcelación.
Con todo, tras la presentación judicial de los familiares del expresidente de Electroingeniería, el juez federal Bonadio rechazó la denuncia por “inexistencia de delito”, en línea con la postura del fiscal Stornelli. Esa decisión fue confirmada después por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones porteña.
Myriam Kohen y Sebastián y Federico Ferreyra recurrieron hasta la Cámara Federal de Casación Penal para revisar el caso, cuya Sala IV volvió a desestimar. En respuesta, los familiares del empresario interpusieron un recurso extraordinario, que también resultó denegado. Eso derivó en otro planteo para llegar directamente ante la Corte Suprema de Justicia.

En ese marco, el Máximo Tribunal, integrado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, resolvió desestimar la queja tras considerar que no cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 4° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007.
Si bien los “Cuadernos de Centeno” constituyen el núcleo de estas actuaciones, durante la investigación se fueron integrando otras ya existentes y algunas iniciadas a partir de las declaraciones de los arrepentidos. Entre ellas figuran las causas relacionadas con el Gas Licuado y los subsidios a los trenes, en las que también está procesada la expresidenta Cristina Kirchner, así como las acusaciones de sobornos en los corredores viales, la cartelización de la obra pública y el expediente sobre el lavado de dinero vinculado al exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz.
La megacausa se encuentra actualmente en manos del Tribunal Oral Federal 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Andrés Castelli. La representante de la acusación en la etapa del juicio, aun sin fecha cierta de inicio, es la fiscal Fabiana León. A su vez, la Unidad de Información Financiera (UIF) está constituida como querellante en el expediente.
Este año, los jueces de Casación Daniel Petrone y Diego Barroetaveña pidieron que se acelere el caso para comenzar con el debate oral. Ese pronunciamiento vino a cuenta de un reclamo por retardo de justicia elevado por la fiscal León.
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