La Corte Suprema de Justicia desestimó un planteo del exfiscal de San Isidro Claudio Scapolan, quien, en el marco de una causa que investiga la presunta actuación de una banda integrada por policías, abogados y funcionados judiciales vinculada con el narcotráfico, había intentado intentó apartar a la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, a cargo de ese expediente, por sospechas de parcialidad.
Tras una denuncia en 2016 de la exdiputada Elisa Carrió, Scapolán, otrora titular de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos de San Isidro, quedó procesado por su presunta participación dentro de una asociación ilícita dedicada, entre otros delitos, a robar cocaína secuestrada a narcotraficantes para luego comercializarla. Ante esa imputación, el procurador bonaerense Julio Conte Grand resolvió pedir el jury. En esa instancia, el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de la provincia de Buenos Aires su destitución por nueve votos contra uno en abril del año pasado.
Así las cosas, el exfiscal presentó una recusación contra la jueza Arroyo Salgado por considerar que no era imparcial para conocer en la investigación de los hechos. Sus sospechas, explicó, se fundaron en la falta de inhibición inmediata por parte de la magistrada tras recibir una denuncia como encubridora de las maniobras investigadas en el caso. Dicha denuncia había sido articulada por un testigo de identidad reservada, quien en su momento expresó: “Quiero dejar constancia que si me llega a pasar (...) algo se lo atribuyo a la jueza Salgado, quien encubrió todo esto desde el comienzo”.
Además, ese testigo también refirió que “Scapolán se encargaría de que cuando las causas -pasasen- a la jurisdicción federal de San Isidro ‘tuvieran problemas’. Con esto me refiero que podría ser -que- de alguna forma el fiscal Scapolán hablase con el Juzgado para que en esos hechos no se investigue a los funcionarios policiales ni al fiscal provincial; el policía no me dijo si eso se hacía con dinero o con contactos, supongo yo que podría ser de cualquiera de las dos formas. (...) Según dichos de Scapolán, la Fiscalía de Complejos de San Isidro tenía contactos con la jueza federal para que no se investigase a fondo”.
Si bien la jueza Arroyo Salgado no desconoció la denuncia efectuada por el testigo de identidad reservada, rechazó los términos de la recusación tras evaluar que los argumentos invocados por el ex representante del Ministerio Público eran una reedición de otros fundamentos evaluados en otras oportunidades. En ese sentido, hizo hincapié en dos precedentes vinculados a denuncias previas en su contra, que habían sido efectuadas por el mismo testigo y que habían tramitado por distintos carriles de la Justicia.
En rigor, uno de esos antecedentes quedó desestimado mediante el archivo dispuesto el 4 de julio de 2016 por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Tres de Febrero. El otro corrió la misma suerte en el Consejo de la Magistratura de la Nación, que le dio cierre a ese expediente el 17 de marzo de 2017.
Luego de que la magistrada se negara a apartarse de la investigación penal en virtud del planteo de Scapolán, el fiscal destituido decidió recurrir por medio de un recurso de apelación hasta la Sala I de la Cámara Criminal y Correccional Federal de San Martín, que también denegó la recusación por considerar que el principal argumento que presentaba la defensa ya había sido tratado anteriormente.
El recusante impugnó esa resolución hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia, donde, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se desestimó el recurso extraordinario porque “no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”.
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