La Corte Suprema de Justicia de la Nación desestimó un recurso en el marco de la causa en la que se investiga la participación necesaria de funcionarios del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el funcionamiento del local Stavros, en el barrio porteño de Recoleta, donde se practicaba la explotación económica de la prostitución ajena. En otra causa, el dueño del boliche fue condenado a cuatro años de prisión.
Gabriel Roberto Trovato es investigado por haber colaborado, en calidad de funcionario público, mediante el ejercicio de sus influencias y a cambio de dinero, en el funcionamiento de un local en el que se explotaba sexualmente a, por lo menos, una mujer. Trovato era integrante de la Dirección General de Administración de Infracciones del Gobierno de la Ciudad e hijo del entonces jefe de Habilitaciones de la Ciudad.
Trovato habría posibilitado el funcionamiento ininterrumpido del bar Stavros, propiedad de Nicolás Gabriel Athanassopoulos, a pesar de que el inmueble estaba clausurado y de saber que allí se explotaba la prostitución ajena. De hecho, Athanassopoulos, “el Griego”, fue oportunamente condenado a cuatro años de prisión por trata de personas.
Al declarar, Trovato negó conocer al “Griego”, aunque los investigadores apuntaron a un vínculo entre ellos: en Facebook se encontraron fotos en las que se los veía festejando con una bandera que llevaba sus nombres en 2014, antes de un partido de Argentina en la semifinal contra Holanda en el Mundial de Brasil. De acuerdo con esa hipótesis, Trovato le habría permitido al “Griego” que su boliche funcionara aunque estuviera clausurado. La causa se subdividió: una, con la investigación del “Griego”; la otra, por las conexiones que mantuvieron para mantener activo el negocio.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3, por mayoría, hizo lugar a la excepción de falta de acción presentada por la defensa y sobreseyó a Trovato. La fiscalía, sin embargo, interpuso un recurso de casación y la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal consideró que la decisión del tribunal oral había sido prematura.
Entonces, la defensa de Trovato solicitó al TOF 3 que lo sobreseyera por el delito de trata de personas y remitiera las actuaciones a la justicia de la Ciudad. El Ministerio Público Fiscal también se opuso a este pedido, invocando que no había un cambio en los hechos que se le atribuían a Trovato, pues siempre se lo acusó por su vinculación como funcionario público con la maniobra por la que fue condenado Athanassopoulos, que es de competencia federal.
En consonancia, el 8 de junio de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 resolvió no hacer lugar al sobreseimiento ni a la declaración de incompetencia. La defensa planteó un nuevo recurso de casación y, ante su rechazo, un recurso extraordinario federal. Rechazado también este, planteó una queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la Corte entendió que el recurso extraordinario, cuya denegación motivó la queja, no se dirigía contra una sentencia definitiva o equiparable a tal, y lo desestimó.
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