
El Ministerio Público Fiscal porteño buscan crear un banco de datos genéticos para investigaciones penales en la Ciudad de Buenos Aires, informaron fuentes judiciales.
En ese contexto, el fiscal general Juan Bautista Mahiques firmó una carta de entendimiento con una consultora estadounidense que “brinda servicios de ayuda a países y organizaciones en lo relacionado con la implementación de normativa vinculada a bases de datos genéticos y genética forense”, dijeron sobre la consultora Gordon Thomas Honeywell Government Relations (GTH).
A partir de este entendimiento, el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad estaría en condiciones de avanzar hacia la creación de un Laboratorio de Genética en el ámbito del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), que ya cuenta con tres laboratorios forenses especializados en análisis toxicológico, informático y balístico.
Desde el MPF porteño recordaron que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó al Congreso cuatro proyectos de ley destinados a combatir el crimen organizado y que uno de ellos proponía ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos relacionados con delitos contra la integridad sexual.

El Registro Nacional de Datos Genéticos opera hoy bajo el Ministerio de Justicia, y la idea es crear el “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal” en la esfera del Ministerio de Seguridad de la Nación.
“Una base de datos genéticos es fundamental para obtener pruebas y localizar a los responsables de delitos”, sostuvo Mahiques y recordó que Mendoza ya cuenta con un Registro Provincial de Huellas Genéticas, que fue creado en el año 2016 y es digital: “Está arrojando excelentes resultados”.
Y sostuvo el fiscal general porteño: “Creemos que sería muy importante que la Ciudad de Buenos Aires también avance en este sentido, para que la justicia pueda esclarecer hechos delictivos”.
Desde el MPF explicaron que, en el proceso penal, “la genética forense permite reducir considerablemente los tiempos de esclarecimiento de casos complejos, facilitando su resolución”.
Basta recordar lo que ha sucedido con el caso Lola Chomnalez en Uruguay, que el autor del crimen fue descubierto por su ADN. Fue la genetista Natalia Sandberg quien no cesó hasta encontrar el match. A la profesional se le ocurrió una idea que destrabaría la causa: hacer un análisis del ADN hallado por separado. Es decir, discriminar la línea paterna de la materna de su composición. Luego de compararlo con todo el banco de datos, perfil coincidía con el de un hombre preso por otra causa por su madre: era medio hermano del asesino.
La Ley madre
En la Argentina, fue la ley 26.879 la que creó en 2013 el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual. Según esta norma, el registro tiene como fin exclusivo facilitar el esclarecimiento de los hechos que sean objeto de una investigación judicial en materia penal vinculada a estos ilícitos. También se estableció que la base de datos tiene como fin almacenar y sistematizar la información genética de individuos condenados para asegurar la individualización de las personas responsables y facilitar la identificación de autores no individualizados.
Bajo ese marco, el artículo 7° de la normativa señala: “Las constancias obrantes en el Registro serán consideradas datos sensibles y de carácter reservado, por lo que sólo serán suministradas a miembros del Ministerio Público Fiscal, a jueces y a tribunales de todo el país en el marco de una causa en la que se investigue alguno de los delitos contemplados en el artículo 2° de la presente ley -contra la integridad sexual-”.
Y la cláusula siguiente agrega: “Los exámenes genéticos se practicarán en los laboratorios debidamente acreditados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva o por organismos certificantes debidamente reconocidos por ese Ministerio”.
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